En República Dominicana, la propuesta de Antonio Marte, senador por Santiago Rodríguez, sobre unificar las dos cámaras legislativas y crear un congreso unicameral con solo 67 representantes ha abierto una discusión sobre la conveniencia de reformular nuestro modelo legislativo que actualmente consta de dos cámaras compuestas por 222 miembros (32 senadores y 190 diputados).
En América Latina, los congresos bicamerales corresponden a países de una extensión territorial considerable donde la concentración poblacional en las urbes puede provocar un desequilibrio en la representación de legisladores a ser elegidos, por esto la asignación de senadores por provincias es equitativa para que en dicha cámara las regiones tengan la misma incidencia y por tanto el mismo nivel de representación que otras demarcaciones más pobladas. Un buen ejemplo sería Colombia, que posee un territorio 23 veces mayor al nuestro y 5 veces nuestra población, pero con un congreso compuesto por 280 miembros (108 senadores y 172 representantes).
La mayoría de los congresos unicamerales se encuentran en Centroamérica y el Caribe, esto apelando a la baja extensión territorial y a la poca densidad poblacional, lo cual haría más efectiva las revisiones y aprobaciones de legislaciones, si tomamos de ejemplo a Panamá que es un país con una extensión territorial mayor a la nuestra, así como una población de apenas 4.3 millones de personas, sin embargo, tiene un congreso unicameral de 71 miembros.
Dichas disparidades lo que evidencia es que existe una visión definida según las características del país. En el caso de la República Dominicana, aunque somos un país pequeño en territorio, no menos cierto es que nos colocamos dentro de los 10 países más densos a nivel poblacional de todo el continente americano, con aproximadamente 223 habitantes por kilómetros cuadrados, con lo cual cumplimos parcialmente las dos visiones para poder instaurar cada sistema, un territorio pequeño densamente poblado.
Definido esto debemos enfocarnos sobre cuál sistema de congreso sería más efectivo a nivel de calidad de sus legislaciones con relación al costo para los contribuyentes. Un congreso con menos miembros sería más económico, pero afectaría el nivel de representación. Mientras que, un congreso con más representantes mejora la representatividad y legitimación de procesos.
La calidad de la democracia no se puede medir solamente por el peso económico al presupuesto nacional, sino por el impacto social de sus legislaciones, poner límites en los procesos burocráticos internos que eviten que periman propuestas legislativas de un alto interés social, tener órganos compartidos que permitan un trabajo más fluido entre las cámaras y delimitar de forma estricta las funciones de los legisladores, eliminando las asistencias sociales que desvían la atención de nuestros honorables representantes para que los mismos puedan concentrarse en hacer leyes de bien común y fiscalizar el uso de nuestros impuestos. Así con pautas claras y definidas la cantidad de representantes estaría justificado, si los resultados de su gestión impactan de forma positiva a la mayoría de la población.
Lo que dice la gente