¿Dónde están los responsables?

Los han visto por ahí
Los han visto en los tejados
Dando vueltas en París
Condenando en los juzgados

Con la nariz empolvada
De corbata o de blue jeans
Los han visto en las portadas todas
Sin más nada que decir

Shakira (1998)

La República Dominicana que conocemos hoy es el resultado de todas las decisiones que nuestros liderazgos políticos han venido tomando durante décadas. Esto es, en parte, lo que en las ciencias sociales conocemos como path dependence. Existe una “dependencia del camino” recorrido y de las reglas establecidas. Las decisiones que se tomaron en el pasado condicionan las decisiones que tomamos en el presente y las que podríamos tomar en el futuro.

Si bien el concepto de la dependencia del camino puede llevarnos a concluir que producir cambios estructurales es difícil, y lo es, llamo la atención a lo útil que es dicho concepto para crear conciencia sobre la necesidad de planificar el futuro y tomar mejores decisiones como colectivo. En ese sentido, hay algo siniestro sobre la naturaleza de la toma de decisiones en República Dominicana. En nuestro país no existe claridad sobre quiénes son los responsables de tomar decisiones. Es tan así que la falta de claridad sobre la responsabilidad comienza por el propio presidente.

Aquí, en estas dos terceras partes de la isla, no importa lo que pase, la gente acostumbra a darle el beneficio de la duda al presidente. No importa cuál sea la metida de pata o la irresponsabilidad cometida, la gente tiende a recaer sobre la idea de que “el presidente tiene buenas intenciones.” “Él no tiene la culpa.” “La culpa”, dicen con frecuencia, “la tienen los que lo rodean que no lo dejan trabajar.” Y yo me pregunto, ¿quién los designó? ¿Quién decidió rodearse de esas personas “carentes de voluntad” que “no permiten que el trabajo se haga y se haga bien”? El presidente.

¿Por qué mi preocupación al respecto? La falta de claridad sobre la responsabilidad política es doblemente peligrosa. Por un lado, es injusta en tanto que todos y todas sufrimos las consecuencias de las decisiones que toman unos pocos. No menos importante, precisamente porque no tenemos claridad de quiénes toman las decisiones, terminamos sufriendo repetidas veces ambas las políticas públicas erradas del pasado y los políticos responsables de tomarlas.

En el caso del presidente, la poca claridad se debe a la cultura de miedo heredada de nuestro pasado autoritario. Hay una cultura que evade el conflicto. Las personas no quieren evidenciar una posición contraria al poder pensando en que pudieran lastimar vínculos que le cuesten, entre otras cosas, sus fuentes de ingreso. De ahí que muchas personas no quieren tener que evidenciar sus posiciones disidentes; de ahí que hay quienes rehúsan someterse a un proceso de votación formal. Por eso vemos como muchas de las grandes discusiones nacionales se esconden bajo el manto del consenso, un mecanismo “colegiado”, pero que en realidad tiende a ser coercitivo. En el consenso ganan los más fuertes y las posiciones minoritarias nunca quedan registradas. Y finalmente como dice el dicho: “lo que es responsabilidad de todos no es de nadie.”

A modo de ilustración y con la intención de presentar una propuesta puntual de mejora, abordaré esta problemática a la luz de las decisiones que se vienen tomando en el sector educación.

A nadie debe sorprender que el sistema educativo que tenemos hoy es el resultado de la falta de planificación e inversión del Estado en la construcción de sus propias capacidades para garantizar una educación pública de calidad. Es el resultado de la acumulación de malas decisiones que nuestros liderazgos políticos vienen tomando. Sólo en lo que respecta a la presente administración del PRM, podemos pensar en múltiples decisiones que han afectado y seguirán lacerando nuestras posibilidades como país a futuro:

(1) uno de los más largos cierres de sistema escolar en época de la pandemia,

(2) el intento de quitarle presupuesto a un sector desprovisto de recursos y planificación,

(3) el interés (aún latente) de impulsar un nefasto sistema de créditos educativos que sólo terminaría hundiendo en deuda a los estudiantes económicamente desaventajados que supuestamente quieren ayudar.

No menos importante, desde su llegada al poder en el 2020, se nota un interés por violentar tanto los concursos de oposición docente como un interés por modificar los criterios y el espíritu que construye la normativa 09-15 para la formación de docentes de calidad. Se nota también una falta de coordinación entre los actores del sector. No han pasado dos días del pronunciamiento de un funcionario cuando viene otro a decir lo contrario y eso lesiona la confianza que la ciudadanía quisiera tenerle a sus servidores públicos.

En última instancia, quien decide si volvemos a las malas prácticas de formación docente de la época pre-2015 es el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (CONESCyT). El CONESCyT es el órgano que dicta la política educativa que luego ejecuta el MESCyT. Lo integran una combinación de personas, entre ellas rectores universitarios y representantes de diversas instituciones académicas y de investigación, el ministro de educación, asesores y representantes empresariales. Sucede que cuando el CONESCyT vota, no sabemos quién votó cómo. Sólo conocemos la resolución con una decisión final. ¿Se imaginan lo que significa que los rectores universitarios, exministros educativos y liderazgos empresariales voten por degradar los estándares de formación de nuestros docentes? Sería funesto. Si de alguien debiéramos esperar lo contrario es de ellos, pero ahora mismo no tenemos forma de saberlo de no ser porque se arme un escándalo y, para ese entonces, ya sería muy tarde.

Por eso propongo que los hagamos responsables a todos y todas. Los miembros del consejo a cargo de definir la política educativa del sistema universitario dominicano no pueden tomar decisiones a espaldas de la ciudadanía. Sólo transparentando los votos seremos capaces de cerrarle las puertas a quienes busquen rebajar o eliminar los ya bajos estándares educativos de nuestro país. Sin esa debida transparencia, no es verdad que los actores del sistema cambiarán sus comportamientos. Sólo serán responsables en la medida en que se sientan obligados.

No sería justo condenar a todos los miembros de un Consejo cuando no todas las personas votan igual. Y eso es lo lindo de la transparencia: todos los votos quedarían registrados. Por demás, he aquí una propuesta de transparencia y rendición de cuentas que no requeriría de un préstamo multimillonario.

Tenemos el derecho a saber quiénes son los responsables. Tenemos el derecho a ser mejores.