En honor a las ideas

Mucho se habla de democracia, pero pocas veces la entendemos en su forma más sencilla: un método de elección de gobiernos que busca garantizar un ejercicio político por y para la gente. Por ello, fortalecer la democracia requiere de una mayor y más informada participación de los votantes y una competencia por puestos de elección menos desigual. Los debates son una de tantas herramientas que ayudarían a avanzar ambos objetivos.

Convencido de esto, el pasado 19 de julio le presenté al diputado José Horacio Rodríguez un proyecto de ley que haría obligatoria la celebración de debates presidenciales en la República Dominicana. El tema no quedó ahí, y mientras el proyecto de ley se conoce en comisión, se han generado múltiples foros discutiendo el rol de los debates en sociedades democráticas. A partir de esos intercambios de ideas, aquí les dejo plasmadas las mías.

El proyecto de ley de debates presidenciales busca darle protagonismo a las ideas y propuestas de quienes aspiran a dirigir el país. Parte de la premisa de que son esas propuestas y visiones de país, no el dinero, las que ayudarían a crear vínculos entre aspirantes y electores. De ahí que mejoraría también la calidad de la representación política en la República Dominicana.

Una manera en la que el proyecto de ley generaría mayores niveles de igualdad en la competencia por el poder político es garantizando espacio a todo aspirante que quiera debatir. El proyecto le asigna la responsabilidad de organización y ejecución de los debates a la Junta Central Electoral (JCE) precisamente porque su compromiso no es con figuras ni organizaciones políticas, sino con el propio proceso democrático. A fin de cuentas, la plataforma que sólo se le ofrece a dos o tres es la misma plataforma que se le niega a quienes no reciben invitación y eso de democrático tiene muy poco. 

Dice Adam Przeworski, uno de los principales teóricos de la democracia, que “la democratización es la institucionalización de la incertidumbre.” Existen reglas sobre el proceso electoral, pero jamás puede estar predeterminado el resultado. ¿Para qué competir si ya está definido el ganador? Si los debates, las encuestas y los demás mecanismos propios de una contienda electoral empiezan a mostrar fotografías incompletas del escenario político, poco a poco se va instalando la idea de que el menú comprende exclusivamente a aquellos que sí fueron invitados al debate o incluidos en la encuesta del momento.

La organización de los debates por parte de la JCE tiene un beneficio adicional: nos permitiría tener a un árbitro electoral más empoderado y consciente de su rol en el concurso por el poder político. Digo esto a propósito ante la realidad de que en nuestro país los partidos parecerían tener más fuerza que el árbitro. La semana antepasada tuve la oportunidad de escuchar de la voz de uno de los representantes de los partidos mayoritarios que “la JCE no puede asumir más responsabilidades. Ella probablemente se negaría a organizar los debates.” Más allá de lo insólito que es ver a un partido hablar por la JCE frente al propio presidente de la institución, las capacidades se crean en la medida en que hay obligaciones a las que se tienen que atender. Por eso aprovecho para celebrar las palabras recién pronunciadas por el presidente de la JCE, Román Jáquez, en el marco del V Seminario de Transparencia y Gestión Pública organizado por la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO). “Los debates", decía el señor Jaquez, “fomentan la transparencia al exponer a las candidaturas a un escrutinio público en tiempo real y donde estos deben responder preguntas difíciles y enfrentar críticas lo que ayuda a los electores a evaluar su capacidad y su idoneidad para el cargo. La transparencia se logra al permitir que la ciudadanía vea cómo las candidaturas responden a desafíos y cuestionamientos lo que contribuye a una toma de decisiones más informadas.”

Durante años el liderazgo político de la República Dominicana se ha beneficiado de participar en procesos electorales carentes de regulación efectiva. Basta con ver cómo, en franca violación a la ley electoral, el país se llena de vallas de candidatos políticos, en su mayoría oficialistas o de partidos grandes, fuera de tiempo y sin ningún tipo de sanción. Es en ese mismo contexto que los jugadores continúan promoviendo reglas electorales que los blindan de cualquier esfuerzo democrático y los mantienen en el poder. Los debates a cargo de la JCE serían un elemento fuera del control de los partidos y es precisamente por eso que no les interesa. 

He escuchado a dirigentes de partidos políticos mayoritarios decir que el debate tiene que ser un reclamo popular y que la cultura democrática en el país es muy pobre. Tan así es, dicen ellos, que distintas encuestas muestran como segmentos importantes de la población estarían dispuestos a apoyar gobiernos de mano dura. ¿Y quiénes son ellos, me pregunto yo, si no los principales responsables de promover una cultura más democrática? ¿Acaso no debe ser el fomento de una cultura democrática un propósito del liderazgo político? La idea del debate es consustancial a la vocación democrática de un político. De ahí que el uso de pretextos como esos para disimular su posición contraria al debate habla más de ellos que de la ciudadanía, que muchas muestras ha dado de que está interesada. Cuando escuchamos a un diputado en pleno hemiciclo decir “¡Qué viva Trujillo!”, sabemos que tenemos mucho trabajo por delante. Sobre todo, se hace evidente la necesidad de un proyecto de ley de debates presidenciales.

Sobre ese mismo tema, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios dio a conocer un estudio que revela que el 69.3% de los jóvenes de las principales zonas urbanas del país favorecen la celebración de debates electorales por entenderlos un mecanismo al servicio del voto informado y consciente. Esta es la misma valoración que yo he recibido de parte de mis electores de la circunscripción 2 del Distrito Nacional. ¿Acaso no importa la valoración del segmento etáreo más importante de las próximas elecciones? ¿A quién conviene una política divorciada de los intereses de la población? El debate debe pensarse, no sólo en función de lo que significa para los actores políticos, sino en función de lo que eso significa para la ciudadanía: una oportunidad de conectar con posibles representantes sobre la base de ideas, conductas, emociones y de contrastarlas en tiempo real. En esa conexión y decisión descansa gran parte de la esencia de la representación democrática.

También he escuchado a los dirigentes de partidos mayoritarios justificar su posición contraria a los debates presidenciales diciendo que ya no son tan necesarios como antes por la proliferación de las redes sociales y el fácil acceso de la ciudadanía a plataformas de comunicación masiva. “Los debates ya son una realidad cotidiana”, sostienen. Pero el reclamo por tener debates presidenciales no se refiere a la discusión entre ciudadanos, sino al contraste de las ideas entre quienes aspiran a dirigir el país. En todo caso, las redes sociales le dan mayor relevancia al debate. Teniendo la ciudadanía el televisor o la radio en sus celulares, es cada vez mayor el número de personas que podría sintonizar y aprovechar el escenario. 

No menos importante, el debate es una oportunidad para escuchar de la boca del propio candidato la racionalización de sus posturas sobre numerosos temas de interés. Así como la proliferación de las redes sociales ha ayudado a democratizar el acceso a la información, no es menos cierto que han exacerbado los niveles de desinformación. El debate es una manera de poder adjudicar posiciones y visiones directamente a los y las candidatas.

Que los políticos establecidos, y más aún los candidatos a posiciones electivas, se entiendan como ciudadanos o ciudadanas comunes y corrientes es parte de una táctica recurrente en la cual, frente a personas interesadas en participar, crean desincentivos que luego les permite adueñarse de los espacios. Verlos opuestos al debate no es distinto a promover el viejo discurso de que la política es sucia y por tanto poco conveniente para la gente buena y decente que quiera incursionar en ella. Así van restando importancia a los puestos de toma de decisión y a la presidencia de la República, a la misma presidencia que define el Presupuesto General del Estado todos los años y que es responsable de ejecutar las políticas públicas llamadas a transformar la vida de los dominicanos. Le quitan importancia a la responsabilidad y destruyen la mística que acompaña el asumir un cargo de elección popular como la presidencia para luego verse solos manejando de forma antojadiza el presupuesto nacional. 

Finalmente, quiero hablar sobre los que le adjudican al debate una incidencia minúscula o dicen que sólo tiene impacto entre los indecisos. El proyecto de ley de debates presidenciales no es una panacea. No hay un esfuerzo que por sí solo sea absolutamente decisivo. No obstante, la responsabilidad del demócrata es promover todos los esfuerzos que fortalezcan el proceso y beneficien a una ciudadanía ávida de información. En lo que concierne a los indecisos, ellos son en sí mismo un partido mayoritario. El desgaste de los actores políticos tradicionales ha generado una desconfianza hacia el sistema que se traduce en escepticismo y baja participación. Si no me creen, sólo tienen que revisar las distintas encuestas electorales recién publicadas. De ahí que los indecisos son la máxima expresión de la crisis de representación y el mejor argumento para aprobar el proyecto de ley. Los políticos le deben explicaciones a la ciudadanía y la ciudadanía merece un liderazgo político frontal, que proactivamente promueva espacios de conexión y diálogo. 

No existe democracia al margen de la gente. Este proyecto de ley de debates presidenciales evidencia al liderazgo político que, ante cualquier oportunidad, parecería querer descargarse de toda responsabilidad en el proceso de fortalecer el sistema democrático. Más importante aún, representa una gran oportunidad para normalizar la conversación sobre las ideas y visiones de quienes quieren tomar las riendas del futuro de este país.

Cuando me imagino la República Dominicana del futuro, pienso en la participación plena de la ciudadanía; pienso en que desapareció la abstención. Pienso en que por fin como sociedad haremos prioritarios temas como la educación inicial y la salud. Pienso en la posibilidad de candidaturas presidenciales más diversas. Pienso e imagino muchas cosas. Lo que no visualizo es un concurso electoral carente de árbitro. De la misma manera, no visualizo una República Dominicana más democrática mientras sus candidatos presidenciales permanecen en silencio sobre los temas de interés nacional.

¡Hagamos que los debates presidenciales sucedan!