Cuando un delito prescribe, a la persona se\u00f1alada como culpable no se le puede imputar responsabilidad penal; es decir, que no podr\u00e1 conden\u00e1rsele penalmente. Sin embargo, existen excepciones.\u00a0
El C\u00f3digo Procesal Penal vigente establece estas excepciones en su art\u00edculo 49. Dice que son imprescriptibles:<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, en el proyecto de c\u00f3digo penal que se debate en el Congreso Nacional este listado se reduce al genocidio, la desaparici\u00f3n forzada de personas, dem\u00e1s infracciones graves de lesa humanidad, las infracciones muy graves de guerra y las relativas al crimen organizado. <\/p>\n\n\n\n
Aunque la distancia entre el texto legal vigente y el que se pretende aprobar es clara, quiero enfocarme en la pretendida exclusi\u00f3n de los cr\u00edmenes de agresi\u00f3n y los contenidos en los tratados internacionales, muy particularmente lo relativo a las violaciones e incestos, y la inconstitucionalidad que se derivar\u00eda de la restricci\u00f3n al derecho de acceso a la justicia que afectar\u00eda a las sobrevivientes de estos tipos de violencia de g\u00e9nero, sumado a una franca violaci\u00f3n a principios como el de progresividad de los derechos humanos, muy especialmente cuando afecta a grupos en situaci\u00f3n de vulnerabilidad que deben recibir una protecci\u00f3n reforzada del Estado dominicano, y que la reciben de los sistemas internacionales de protecci\u00f3n de derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n
En efecto, la dignidad y el derecho a una vida libre de violencia son derechos humanos fundamentales, reconocidos expresamente en los art\u00edculos 38, 39 y 42 de la Constituci\u00f3n dominicana, lo mismo que los deberes de adoptar medidas para prevenir y combatir la discriminaci\u00f3n, la marginalidad, la vulnerabilidad y la exclusi\u00f3n, y de prestar protecci\u00f3n y asistencia a los grupos y sectores tradicionalmente vulnerabilizados, dentro de los cuales se encuentran las mujeres, las ni\u00f1as, los ni\u00f1os y los adolescentes, que son las personas m\u00e1s susceptibles de ser v\u00edctimas de agresores sexuales.<\/p>\n\n\n\n
De hecho, las ni\u00f1as, los ni\u00f1os y los adolescentes, reciben una protecci\u00f3n m\u00e1s reforzada a\u00fan de la Constituci\u00f3n dominicana, que dispone en su art\u00edculo 56 que se declara del m\u00e1s alto inter\u00e9s nacional todo tipo de maltrato o violencia en su contra y que los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y adolescentes ser\u00e1n protegidos\/as por el Estado contra toda forma de abandono, secuestro, estado de vulnerabilidad, abuso o violencia f\u00edsica, sicol\u00f3gica, moral o sexual, explotaci\u00f3n comercial, laboral, econ\u00f3mica y trabajos riesgosos.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, la Convenci\u00f3n Belem Do Para condena toda forma de violencia contra la mujer, incluida la f\u00edsica, la sexual y la psicol\u00f3gica, tanto en el \u00e1mbito p\u00fablico como en el privado. En este convenio internacional el Estado se oblig\u00f3 a: actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; a tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para abolir leyes que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia; a establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, dentro de los cuales destaco el acceso efectivo a la justicia y mecanismos judiciales para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparaci\u00f3n del da\u00f1o u otros medios de compensaci\u00f3n justos y eficaces. Para la Convenci\u00f3n sobre la Eliminaci\u00f3n de todas las Formas de Discriminaci\u00f3n contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en ingl\u00e9s), la violencia contra la mujer es una forma de discriminaci\u00f3n contra la mujer. Rep\u00fablica Dominicana es signataria de ambos convenios internacionales.<\/p>\n\n\n\n
Todas las medidas, dice Belem Do Para, deben ser adoptadas en forma progresiva por el Estado. Este principio de progresividad es inherente a los instrumentos de derechos humanos y tambi\u00e9n se encuentra recogido en el art\u00edculo 8 de la Constituci\u00f3n dominicana. La progresividad de los derechos humanos fundamentales se alimenta del principio de no regresividad de los derechos; es decir, se vetan constitucional y convencionalmente los retrocesos en materia de derechos humanos fundamentales. <\/p>\n\n\n\n
Regresividad y retroceso es justamente lo que se producir\u00eda si se aprueba un c\u00f3digo penal con un texto con un plazo de prescripci\u00f3n para los cr\u00edmenes de agresi\u00f3n que se recogen en convenios internacionales, como la violaci\u00f3n y el incesto. Prescripci\u00f3n que pondr\u00eda l\u00edmites temporales a la persecuci\u00f3n penal de estos cr\u00edmenes, ignorando las din\u00e1micas que se desarrollan alrededor de las sobrevivientes y que les dificultan atreverse a denunciar, ignorando una visi\u00f3n del derecho penal con una perspectiva interseccional de g\u00e9nero. Un texto as\u00ed estar\u00eda sujeto a ser declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional dominicano.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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