<\/p>\n\n\n\n
S\u00ed. En Rep\u00fablica Dominicana a\u00fan existen disposiciones legales que penalizan la homosexualidad. No obstante, el Tribunal Constitucional podr\u00e1 garantizar que estas no existan m\u00e1s.\u00a0\u00a0<\/p>\n\n\n\n
El pasado 28 de junio de 2024, D\u00eda Internacional del Orgullo LGBTI+, presentamos una acci\u00f3n ante el Tribunal Constitucional que persigue la declaratoria de inconstitucionalidad de disposiciones legales que sancionan a polic\u00edas y militares con prisi\u00f3n por sostener relaciones sexuales consensuadas con personas del mismo sexo, as\u00ed como por \u201cla tentativa\u201d de sostener estas relaciones.\u00a0<\/p>\n\n\n\n
Nos referimos al art\u00edculo 260 de la Ley No. 3483 de 1953 que crea el C\u00f3digo de Justicia de las Fuerzas Armadas y al art\u00edculo 210 de la Ley No. 285 1966 que crea el C\u00f3digo de Justicia de la Polic\u00eda Nacional. Estos textos, establecen respectivamente lo siguiente:<\/p>\n\n\n\n
\u201cLa sodomia consiste en el conc\u00fabito entre personas de un mismo sexo, y sera castigada, cuando se trate de un Oficial, con la pena de seis meses a un a\u00f1o de prisi\u00f3n correccional.\u00a0\u00a0<\/em><\/p>\n\n\n\n Si se trata de un alistado la pena ser\u00e1 de dos a seis meses. La tentativa ser\u00e1 castigada como el hecho consumado\u201d.\u00a0<\/em><\/p>\n\n\n\n \u201cla sodom\u00eda consiste en el conc\u00fabito entre personas de un mismo sexo, y ser\u00e1 sancionada, cuando se trate de oficiales, con la pena de seis meses a dos a\u00f1os de prisi\u00f3n correccional, y si se tratare de alistados, con la pena de prisi\u00f3n correccional de dos a seis meses\u201d.\u00a0<\/em><\/p>\n\n\n\n Hab\u00eda llamado nuestra atenci\u00f3n que para el 2014 el entonces jefe de la Polic\u00eda Nacional declaraba a la prensa nacional que los homosexuales no pueden ingresar a las filas de esa instituci\u00f3n porque est\u00e1 prohibido por ley1<\/a><\/sup>. Otros casos, tanto de notoriedad p\u00fablica como consecuencia de asesor\u00eda legal privada, nos permitieron identificar la ocurrencia de procesos disciplinarios administrativos con sanciones que van desde la desvinculaci\u00f3n hasta el arresto en recintos militares, en perjuicio de polic\u00edas y militares cuya orientaci\u00f3n sexual fue expuesta.<\/p>\n\n\n\n As\u00ed, luego de un profundo estudio, se dise\u00f1a una estrategia de litigio s\u00f3lida con el fin de excluir de nuestro ordenamiento estas disposiciones discriminatorias que vulneran gravemente derechos humanos fundamentales de las personas LGBTI que sirven o desean servir a la Patria desde los cuerpos castrenses.<\/p>\n\n\n\n Uno de los argumentos centrales presentados al Tribunal Constitucional es que estas normas que penalizan las relaciones sexuales sostenidas entre personas del mismo sexo vulneran el derecho a la igualdad y no discriminaci\u00f3n. Explicamos c\u00f3mo la penalizaci\u00f3n de la sodom\u00eda es una forma de discriminaci\u00f3n injustificada que afecta derechos fundamentales como la dignidad, la libertad personal, la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho al trabajo, entre otros. En la misma l\u00ednea, se expuso c\u00f3mo la mera existencia de estas normas crean un ambiente de homofobia de Estado con el mensaje de que las personas LGBTI son intr\u00ednsecamente incapaces de desempe\u00f1ar funciones p\u00fablicas y que, por el contrario, pueden ser consideradas criminales por ser quienes son. El estigma generalizado que provocan este tipo de mensajes estatales contra las personas LGBTI tiene por consecuencia que estas no puedan expresar abiertamente su orientaci\u00f3n sexual e identidad de g\u00e9nero sin riesgo de ver limitadas sus posibilidades de acceso o permanencia en una funci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n Coincide esta acci\u00f3n con la publicaci\u00f3n de la Encuesta de Cultura Democr\u00e1tica realizada por el Ministerio de Econom\u00eda Planificaci\u00f3n y Desarrollo (MEPyD)2<\/a><\/sup> con el objetivo de monitorear indicadores esenciales del desarrollo del pa\u00eds relacionados con la calidad de la democracia y la relaci\u00f3n entre el Estado y la ciudadan\u00eda.\u00a0 La misma revela que, a la pregunta aprueba, ni aprueba ni desaprueba o desaprueba el derecho a postularse a un cargo p\u00fablico<\/em> de una persona homosexual, un 53.2% de las personas encuestadas en 2023 respondi\u00f3 que desaprueba, frente a un 38.5 que aprueba.<\/p>\n\n\n\n Estos n\u00fameros representan un reto para las autoridades que -como se afirma en el an\u00e1lisis de la encuesta- tienen el deber de \u201cfomentar desde las instancias p\u00fablicas el valor de la tolerancia y la igualdad e incidir en las esferas institucionales encargadas de la protecci\u00f3n a los derechos de las personas\u201d hacia un \u201cmodelo democr\u00e1tico basado en la expansi\u00f3n de la libertad y de los derechos, la voluntad de las \u201cmayor\u00edas\u201d debe prevalecer, pero siempre dentro de unos l\u00edmites, que son aquellos que garantizan el respeto a los derechos y las libertades de las minor\u00edas\u201d. Por el contrario, la existencia de normas que penalizan la homosexualidad son un contrasentido a estos deberes pues refuerzan el estigma al que hacemos referencia anteriormente y la negaci\u00f3n del derecho de acceso a la funci\u00f3n p\u00fablica, mientras que debilitan la democracia.\u00a0<\/p>\n\n\n\n Estas disposiciones discriminatorias someten a las personas LGBTI a servir con miedo a ser descubiertas y sancionadas con prisi\u00f3n, as\u00ed como a la p\u00e9rdida de sus carreras y su sost\u00e9n,<\/em> s\u00f3lo por su orientaci\u00f3n sexual real o percibida. Como tal, expusimos ante el Tribunal la manifiesta irrazonabilidad de estas normas pues no persiguen ning\u00fan fin leg\u00edtimo relacionado con el ejercicio de las funciones militares o policiales, como lo ser\u00eda embriagarse en el servicio o el desacato de una orden leg\u00edtima. En este caso, as\u00ed el acto sexual ocurra en el espacio m\u00e1s privado y remoto durante el tiempo libre de la persona, esta ser\u00eda pasible de ser sancionada. Esto deja claro que estas normas, m\u00e1s que los actos en s\u00ed mismos, lo que persiguen es sancionar el ser de la persona y su individualidad.<\/p>\n\n\n\n Esta demanda de justicia constitucional recibi\u00f3 el apoyo de varias organizaciones nacionales e internacionales que presentaron argumentos a favor de la misma mediante escritos de amicus curiae <\/em>(amigos del tribunal). Entre las nacionales se encuentran Diversidad Dominicana, el Consejo Latinoamericano de Estudios de Derecho Internacional y Comparado Cap\u00edtulo Rep\u00fablica Dominicana (COLADIC-RD) y la firma de abogados AEQUUS representada por Tamara Aquino y Crist\u00f3bal Rodriguez, ambos especialistas en Derecho Constitucional.\u00a0 Las organizaciones internacionales que aportaron argumentos a favor de la acci\u00f3n son Human Rights Watch (HRW), Optio, la Federaci\u00f3n Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans\u00a0 (FLGBT), la Defensor\u00eda LGBT, y la Red de Litigantes LGBTI+ de las Am\u00e9ricas junto a Colombia Diversa.<\/p>\n\n\n\n Desde ya la acci\u00f3n revela su potencial \u00e9xito. Con la celebraci\u00f3n de la audiencia el pasado viernes 30 de agosto, ya el Tribunal Constitucional est\u00e1 en condiciones de decidir la acci\u00f3n, sin que la misma haya recibido una sola respuesta de rechazo por las instituciones llamadas a pronunciarse en el proceso.\u00a0<\/p>\n\n\n\n Tomando en consideraci\u00f3n la solidez de la acci\u00f3n y las grav\u00edsimas violaciones a la Constituci\u00f3n y a casi todos los convenios y tratados de derechos humanos ratificados por Rep\u00fablica Dominicana, proyectamos una decisi\u00f3n favorable, en la que el Tribunal Constitucional dominicano, apegado a su rol como principal garante de los derechos humanos y de la dignidad humana, d\u00e9 un paso m\u00e1s hacia la materializaci\u00f3n de la igualdad en la cotidianidad de la vida de cada persona, especialmente, en este caso, de quienes realizan la noble labor de \u201csalvaguardar la seguridad ciudadana\u201d y \u201cproteger el libre ejercicio de los derechos de las personas y la convivencia pac\u00edfica\u201d. La acci\u00f3n directa de inconstitucionalidad puede ser le\u00edda de forma \u00edntegra en el siguiente enlace: https:\/\/bit.ly\/adisodomia<\/a><\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n S\u00ed. En Rep\u00fablica Dominicana a\u00fan existen disposiciones legales que penalizan la homosexualidad. No obstante, el Tribunal Constitucional podr\u00e1 garantizar que estas no existan m\u00e1s.\u00a0\u00a0<\/p>","protected":false},"author":46,"featured_media":5260,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"pgc_meta":"","footnotes":"[{\"content\":\"\u00a0Ver https:\/\/cdn.com.do\/nacionales\/jefe-pn-dice-homosexuales-no-pueden-ingresar-a-las-filas-policiales\/<\/a> y <\/sup>\/acento.com.do\/editorial\/la-homosexualidad-en-la-policia-nacional-8150011.html<\/a>\",\"id\":\"a6121ad2-a528-46d9-b262-2d34902a414c\"},{\"content\":\"Disponible en: https:\/\/mepyd.gob.do\/publicacion\/cultura-democratica-en-republica-dominicana-2022-2023\/<\/a>
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