El anuncio del gobierno dominicano de fusionar el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Econom\u00eda, Planificaci\u00f3n y Desarrollo (MEPYD) en la Rep\u00fablica Dominicana ha pasado desapercibido en el debate p\u00fablico quiz\u00e1s debido a la naturaleza t\u00e9cnica del quehacer de ambas instituciones, en especial del MEPYD, lo cual las hace poco conocidas entre la poblaci\u00f3n en general. Sin embargo, esta misma naturaleza es la que deber\u00eda movilizar al debate para evitar la p\u00e9rdida de avances cruciales en el desarrollo nacional debido a la incompatibilidad de las funciones de ambos organismos y a los riesgos asociados a esta reestructuraci\u00f3n institucional, en especial los peligros de subordinar la planificaci\u00f3n estrat\u00e9gica que le corresponde al Ministerio de Econom\u00eda a la pol\u00edtica fiscal que establece el Ministerio de Hacienda. Esta fusi\u00f3n supondr\u00eda una amenaza a los avances que se han logrado desde el Ministerio de Econom\u00eda en el proceso de lograr que las pol\u00edticas p\u00fablicas, es decir la respuesta del gobierno a las necesidades de la poblaci\u00f3n, sean formuladas con la participaci\u00f3n de los actores locales tomando en cuenta sus sugerencias y las particularidades de cada territorio, as\u00ed como a la implementaci\u00f3n de la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial. <\/p>\n\n\n\n
Este proyecto avanza a pasos acelerados en el Congreso Nacional impulsado por intereses que buscan colocar la funci\u00f3n de decidir sobre la inversi\u00f3n p\u00fablica bajo la tutela de un solo organismo y con una \u00f3ptica financiera que no siempre tiene como prioridad el desarrollo humano o ambiental.<\/p>\n\n\n\n
Dos instituciones, dos naturalezas<\/strong><\/p>\n\n\n\n El MEPYD, creado bajo la Ley 498-06, tiene la misi\u00f3n de ser el ente rector de la planificaci\u00f3n estrat\u00e9gica, encargado de articular pol\u00edticas p\u00fablicas transversales y garantizar su coherencia con los objetivos nacionales. Todo lo anterior dentro del Sistema Nacional de Planificaci\u00f3n e Inversi\u00f3n P\u00fablica cuya herramienta principal es la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, un instrumento de planificaci\u00f3n de largo plazo que busca un desarrollo sostenible, inclusivo y equitativo. Por su parte, el Ministerio de Hacienda se centra en la gesti\u00f3n fiscal, la formulaci\u00f3n del Presupuesto General del Estado y el mantenimiento de la estabilidad macroecon\u00f3mica, priorizando el corto plazo y la disciplina fiscal, es decir garantizar la estabilidad econ\u00f3mica del pa\u00eds, evitar d\u00e9ficits excesivos y cumplir con las obligaciones financieras.<\/p>\n\n\n\n La eliminaci\u00f3n del MEPYD para pasarlo a Hacienda subordina la planificaci\u00f3n estrat\u00e9gica a la l\u00f3gica fiscal y compromete la visi\u00f3n de largo plazo de la END debido a que aunque la disciplina fiscal es crucial, basar todas las decisiones en ella puede sacrificar inversiones y pol\u00edticas necesarias para el desarrollo a largo plazo, desbalanceando los objetivos del pa\u00eds. Por ejemplo, Hacienda tiende a centrarse en el corto y mediano plazo, asegurando que las cuentas est\u00e9n equilibradas. En cambio, el MEPYD, en el aspecto de la planificaci\u00f3n busca objetivos de desarrollo a largo plazo, como mejorar infraestructura, educaci\u00f3n o salud. Si solo se considera la perspectiva fiscal, se pueden recortar inversiones en proyectos estrat\u00e9gicos que no dan resultados inmediatos pero son importantes para el futuro. <\/p>\n\n\n\n Los n\u00fameros son importantes pero las personas tambi\u00e9n. El equilibrio es clave y ha quedado evidenciado en el propio proyecto de Ley aprobado ya por el Senado de la Rep\u00fablica Dominicana que de manera espec\u00edfica suprime al MEPYD, deroga la ley 498-06 y modifica la ley 494-06 que crea al Ministerio de Hacienda que no se trata de una fusi\u00f3n sino de una absorci\u00f3n. Es importante resaltar de nuevo que la planificaci\u00f3n requiere una perspectiva integral que incorpore variables sociales, ambientales y territoriales, mientras que la pol\u00edtica fiscal se gu\u00eda por criterios de ingresos, gastos y sostenibilidad financiera inmediata. Por ejemplo, el otorgamiento de c\u00f3digos para proyectos de inversi\u00f3n p\u00fablica, actualmente evaluado por el MEPyD bajo criterios de impacto social y alineaci\u00f3n con la END, podr\u00eda reducirse a un an\u00e1lisis exclusivamente fiscal bajo un ministerio fusionado. Esto limitar\u00e1 la financiaci\u00f3n de proyectos con beneficios a largo plazo, como los enfocados en desarrollo regional o mitigaci\u00f3n de riesgos, que no siempre son prioritarios desde una \u00f3ptica fiscal.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, la planificaci\u00f3n estrat\u00e9gica exige una capacidad de negociaci\u00f3n t\u00e9cnico-pol\u00edtica con actores locales y sectoriales, una funci\u00f3n que el MEPyD ha desarrollado con \u00e9xito mediante procesos participativos. Un ministerio dominado por la l\u00f3gica hacendaria podr\u00eda centralizar estas decisiones, reduciendo la flexibilidad necesaria para coordinar con gobernaciones provinciales, autoridades municipales y sociedad en general representada en los consejos de desarrollo de diferentes escalas, y generando pol\u00edticas descontextualizadas de las necesidades territoriales.<\/p>\n\n\n\n Un reci\u00e9n nacido llamado ordenamiento territorial<\/strong><\/p>\n\n\n\n A prop\u00f3sito de las necesidades territoriales en la planificaci\u00f3n, uno de los grandes avances de esta administraci\u00f3n gubernamental ha sido la aprobaci\u00f3n de la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, que fue promulgada en 2022 y estuvo discutiendo durante m\u00e1s de una d\u00e9cada en los organismos legislativos y t\u00e9cnicos. Esta ley representa un avance significativo en el procurar que los planes y proyectos tomen en cuenta las potencialidades de cada territorio, su realidad social, su vocaci\u00f3n de uso de suelo y promueve la planificaci\u00f3n participativa y la democratizaci\u00f3n de los datos territoriales. Por ejemplo, un territorio con una alta vocaci\u00f3n agr\u00edcola debido a la calidad que tiene para ello su suelo debe tener planes e instrumentos que garanticen que estos no ser\u00e1n utilizados para una urbanizaci\u00f3n indiscriminada y sin control. Por no hablar de los asentamientos informales expuestos a desastres causados por fen\u00f3menos naturales al crecer sin regulaciones y otros tantos temas y problem\u00e1ticas que esta ley procura solucionar y organizar. <\/p>\n\n\n\n La referida Ley 368-22 establece al MEPyD como el ente rector del Sistema Nacional de Informaci\u00f3n Territorial (SNIT) y de los planes de ordenamiento territorial a nivel regional, as\u00ed como de garantizar la consistencia t\u00e9cnica de los planes municipales de ordenamiento territorial. Cambiar el ente rector tan pronto despu\u00e9s de su aprobaci\u00f3n generar\u00eda inestabilidad institucional y retrasar\u00eda la implementaci\u00f3n de iniciativas como el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, reci\u00e9n finalizado despu\u00e9s de un proceso de m\u00e1s de 10 a\u00f1os e incluso afectar\u00eda en lo local a planes como el de San Francisco de Macor\u00eds, el primer municipio en formular un plan bajo esta normativa, por no mencionar los a\u00fan pendientes y tan olvidados planes regionales de ordenamiento y desarrollo territorial as\u00ed como los planes e instrumentos de ordenamiento territorial ya formulados o en proceso en territorios como Ver\u00f3n, Moca, San Crist\u00f3bal, entre otros. Es decir, en territorios de alto impacto estrat\u00e9gico desde el punto de vista tur\u00edstico, de seguridad alimentaria o industrial.<\/p>\n\n\n\n La fusi\u00f3n podr\u00eda centralizar las funciones de ordenamiento territorial en un ministerio con prioridades fiscales, desvirtuando el enfoque participativo y territorial de la Ley 368-22. Por ejemplo, la asignaci\u00f3n de recursos para proyectos de desarrollo local podr\u00eda priorizarse seg\u00fan su viabilidad fiscal, ignorando las demandas de las comunidades y los criterios de sostenibilidad ambiental establecidos en la ley. Esto comprometer\u00eda el objetivo de construir pactos pol\u00edticos y sociales para el desarrollo territorial, objetivo que ha sido rese\u00f1ado p\u00fablicamente por funcionarios ligados al tema.<\/p>\n\n\n\n Una anciana olvidada: la participaci\u00f3n social en las pol\u00edticas p\u00fablicas<\/strong><\/p>\n\n\n\n La Ley 498-06 otorga al MEPyD la responsabilidad de promover la participaci\u00f3n ciudadana en la formulaci\u00f3n de planes de desarrollo y en el presupuesto. A trav\u00e9s de procesos como el acompa\u00f1amiento t\u00e9cnico a diversos ayuntamientos para la elaboraci\u00f3n de sus Planes Municipales de Desarrollo y la medici\u00f3n de su cumplimiento a trav\u00e9s del Sistema de Monitoreo de la Administraci\u00f3n P\u00fablica Municipal (SISMAP-M); la implementaci\u00f3n del Sistema de Registro \u00danico de Demandas Ciudadanas Territoriales (RUDCT) mediante el cual los ciudadanos de las provincias, agrupados en Consejos de Desarrollo Provinciales, son consultados acerca de sus necesidades e ideas de proyectos y estas peticiones y sugerencias son llevadas a los organismos estatales responsables de su ejecuci\u00f3n para que las incorporen en sus presupuestos institucionales; y la inclusi\u00f3n de los hitos de la Cohesi\u00f3n Territorial en la Evaluaci\u00f3n de Desarrollo Institucional, incluida la obligaci\u00f3n de contemplar al menos el 10% de las demandas ciudadanas de las diferentes provincias recogidas mediante el RUDCT en los presupuestos institucionales, el MEPyD ha avanzado en la inclusi\u00f3n de organizaciones sociales en la definici\u00f3n de prioridades, fortaleciendo la legitimidad de las pol\u00edticas p\u00fablicas. <\/p>\n\n\n\n Una fusi\u00f3n con Hacienda, cuya prioridad es la eficiencia fiscal, podr\u00eda marginar estos mecanismos participativos, ya que la formulaci\u00f3n presupuestaria tiende a ser m\u00e1s t\u00e9cnica y menos abierta a la concertaci\u00f3n social. Si ahora nos parece que las grandes inversiones gubernamentales se concentran en Santo Domingo y Santiago, de aprobarse el proyecto de absorci\u00f3n tal y como est\u00e1 elaborado, los habitantes de las dem\u00e1s provincias pueden olvidarse de que sus necesidades sean consideradas siquiera a la hora de formular el presupuesto nacional.<\/p>\n\n\n\n La experiencia internacional, como en Bolivia, muestra que cuando los ministerios de hacienda asumen funciones de planificaci\u00f3n, las decisiones de inversi\u00f3n p\u00fablica se alinean con restricciones fiscales, relegando las demandas ciudadanas. En la Rep\u00fablica Dominicana, esto podr\u00eda revertir los avances logrados en la construcci\u00f3n de pol\u00edticas p\u00fablicas integrales y concertadas, afectando la confianza en las instituciones y la cohesi\u00f3n social.<\/p>\n\n\n\n Un ahorro que no existir\u00e1<\/strong><\/p>\n\n\n\n La fusi\u00f3n plantea riesgos significativos para el personal del MEPyD, incluyendo profesionales con alta capacidad t\u00e9cnica y acad\u00e9mica que han contribuido al dise\u00f1o de la END y los planes territoriales. El despido de este personal no solo representar\u00eda una p\u00e9rdida de capital humano, sino que tambi\u00e9n generar\u00eda costos legales y sociales. Adem\u00e1s, empleados con m\u00e1s de 18 a\u00f1os de servicio, que a\u00fan no cumplen los requisitos para pensionarse, podr\u00edan quedar en una situaci\u00f3n de vulnerabilidad, incrementando la presi\u00f3n sobre el sistema de seguridad social.<\/p>\n\n\n\n Contrario al argumento de ahorro presupuestario, la fusi\u00f3n podr\u00eda aumentar los costos del Estado. La reestructuraci\u00f3n institucional requiere gastos en indemnizaciones, reubicaciones y la creaci\u00f3n de nuevas estructuras administrativas. Adem\u00e1s, la p\u00e9rdida de capacidades t\u00e9cnicas podr\u00eda obligar al gobierno a contratar consultor\u00edas externas, elevando el gasto p\u00fablico<\/strong>. Experiencias como la fusi\u00f3n del Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas en Panam\u00e1 muestran que, aunque se buscaba eficiencia, los costos de transici\u00f3n y la duplicidad de funciones generaron incrementos presupuestarios.<\/p>\n\n\n\n La fusi\u00f3n del Ministerio de Hacienda y el MEPyD es una propuesta que, aunque busca eficiencia, presenta riesgos significativos para la planificaci\u00f3n estrat\u00e9gica, la territorializaci\u00f3n de las pol\u00edticas p\u00fablicas y la participaci\u00f3n ciudadana. Subordinar la visi\u00f3n de largo plazo a la l\u00f3gica fiscal de corto plazo comprometer\u00e1 los objetivos de desarrollo sostenible establecidos en la Ley 498-06. Asimismo, alterar el ente rector de la Ley 368-22 tan pronto despu\u00e9s de su aprobaci\u00f3n generar\u00eda inestabilidad y retrasos en el ordenamiento territorial. Finalmente, los despidos de personal t\u00e9cnico y los costos de transici\u00f3n podr\u00edan incrementar el presupuesto del Estado, contradiciendo el prop\u00f3sito de la fusi\u00f3n que es en realidad absorci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n Mantener la autonom\u00eda del MEPyD es esencial para garantizar una planificaci\u00f3n coherente, participativa y alineada con las necesidades del pa\u00eds. De continuar y ser aprobada como ha sido concebida esta fusi\u00f3n ser\u00e1 la muerte del Sistema Nacional de Planificaci\u00f3n e Inversi\u00f3n P\u00fablica y del reci\u00e9n nacido Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial. Las consecuencias afectar\u00e1n como siempre a los territorios m\u00e1s vulnerables del pa\u00eds.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El anuncio del gobierno dominicano de fusionar el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Econom\u00eda, Planificaci\u00f3n y Desarrollo (MEPYD) en la Rep\u00fablica Dominicana ha pasado desapercibido en el debate p\u00fablico quiz\u00e1s debido a la naturaleza t\u00e9cnica del quehacer de ambas instituciones, en especial del MEPYD, lo cual las hace poco conocidas entre la poblaci\u00f3n en general. <\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":5541,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"pgc_meta":"","footnotes":""},"categories":[534,366,364],"tags":[579],"class_list":["post-5540","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-analisis","category-ministerios","category-poder-ejecutivo","tag-ministerio-de-hacienda"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/elmitin.do\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5540","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/elmitin.do\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/elmitin.do\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elmitin.do\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elmitin.do\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5540"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/elmitin.do\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5540\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5542,"href":"https:\/\/elmitin.do\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5540\/revisions\/5542"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elmitin.do\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5541"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/elmitin.do\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5540"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/elmitin.do\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5540"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/elmitin.do\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5540"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
<\/strong>La muerte de un sistema<\/strong><\/p>\n\n\n\n