Las llaman “cueros”, “damas de compañía”, “prostitutas”, “chapeadoras”, “mujeres de la vida alegre” (o no tanto), o como dice la escritora Virginie Despentes: “Las excluidas del gran mercado de la buena chica”. Estas mujeres, que viven marginadas de todo acuerdo social, excluidas y discriminadas por una profesión no formalizada, se unen para alzar la voz y demandar derechos que les corresponden como ciudadanas.
Es habitual escuchar las voces discriminatorias diciendo: “Ellas son las que se exponen así y se buscan esos problemas”, “¿Cómo puede ser violación si viven de eso?”, “Las metieron presas porque seguro andaban vendiendo droga”, pero es bueno entender que República Dominicana es uno de los países en los que más violencia contra las mujeres se ejerce en Latinoamérica. Es el segundo de la región en tasa de feminicidios (2.7 casos por cada 100,000 mujeres en el 2022 según datos de la Cepal). El año pasado, la procuraduría registró 560 casos de violación sexual y 1,707 casos de agresión sexual (por solo nombrar algunos datos).
Las trabajadoras sexuales están expuestas a este tipo de violencia todos los días.
Situaciones para las que deberían poder contar con autoridades como la Policía. Sin embargo, ellos mismos son algunas de las entidades del Estado dominicano que más las violentan.
Entrevistamos a algunas trabajadoras sexuales, que nos expresaron las diversas formas en las que el Estado dominicano las desprotege:
“Los policías nos quitan dinero y nos obligan a tener sexo con ellos. Si una de nosotras no se lo quiere dar, nos llevan presa, sin ningún cargo, haciéndonos pasar la noche en la celda”.
“Yo, cuando tengo que hacerme el chequeo ginecológico, cada vez que voy al centro de salud me miran y me tratan mal. Y no es solo eso, imagínate si se me aprietan mis dos muchachos. No hay bolsillo que aguante esos cuartos. Los seguros no ayudan y los centros de salud tampoco”.
“La mayoría de las compañeras que viven una situación de violencia no van a denunciar, porque llegan al destacamento y le preguntan: ¿Tú ta’ segura que eso fue así?”.
El miedo, la discriminación en centros de salud, la violencia verbal, física y financiera que sufren día a día, ha hecho que las mismas trabajadoras sexuales tomen cartas en el asunto. En el 2016, fundaron la Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRASEX) para apoyarse como compañeras en el reclamo de sus derechos.
A pesar de que los esfuerzos de OtraSex se ven violentados constantemente por un Estado que prefiere mirar para otro lado, ellas no se han detenido en su misión de luchar en contra de la discriminación hacia las trabajadoras sexuales. Su trabajo consiste en desarrollar programas, planes y proyectos que fortalezcan y mejoren su calidad de vida, fomentando la creación e inserción en programas de educación, salud y desarrollo social.
OtraSex visibiliza la urgencia de un marco legal para el trabajo sexual y de un cambio de percepción frente a la sociedad.
Esta urgencia no es nueva, es una discusión en diversas partes del mundo y de la región. Como explica la periodista colombiana Catalina Navarro “En un mundo ideal el trabajo sexual sería un trabajo como cualquiera, con prestaciones, salud, vacaciones, con dignidad y respeto. Cada mujer pudiera elegir entre ser doctora, trabajadora sexual o presidenta. El problema es que en el mundo real todos los prejuicios sobre los roles femeninos y el trabajo sexual se juntan para que muchas trabajadoras sexuales no estén ahí por gusto, sino porque no tienen otra opción de empleo”.
Es importante destacar, que el trabajo sexual es una decisión. En el momento en el que como adultas, se empoderan de su cuerpo y su sexualidad, todas las mujeres tienen el derecho de poder decidir qué hacer con él. Sin embargo, los prejuicios sociales llevan a que esta profesión sea discriminada de tal forma que responsabiliza a estas mujeres de las consecuencias y no a sus agresores.
“No nacimos vulnerables, nos hacen vulnerables las condiciones bajo las que ejercemos nuestra actividad, sin ningún marco legal que garantice nuestros derechos”. AMMAR (La Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina)
Si se dan las condiciones para que las trabajadoras sexuales dominicanas accedan a sus derechos laborales, será evidente quién está siendo obligada y explotada y quién no (incluyendo las menores de edad). Entonces la lucha debe ser en contra de la trata y la explotación, no contra el derecho al trabajo sexual.
Las trabajadoras sexuales hacen parte del movimiento feminista y en su lucha por el reconocimiento de su trabajo nos recuerdan algo muy importante: Otros, siguen mandando sobre nuestros cuerpos.
Por eso, en el Día Internacional de la Mujer, ellas envían los siguientes mensajes:
A la policía y demás instituciones del orden: Respeto, ustedes están para protegernos, no para atemorizarnos.
Al Estado y a los centros de salud pública: Que dejen de estigmatizarnos.
A todas las personas que viven en República Dominicana: El trabajo sexual es un trabajo como cualquier otro.
Estas mujeres son un ejemplo de fortaleza, resiliencia y solidaridad entre ellas mismas. Y frente a los escenarios de violencia y discriminación estructural lo combaten con empatía, compromiso y, sobretodo, humor.
Tenemos mucho que aprender de ellas.
Lo que dice la gente