El ‘‘Don’t ask, don’t tell’’ (‘‘No preguntes, no digas’’ o ‘‘Prohibido preguntar, prohibido decir’’) fue una política del gobierno de los Estados Unidos aplicada desde 1994 a las distintas ramas militares que prohibía a militares identificarse abiertamente como lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex o queer (‘‘LGBTIQ+’’) –incluyendo referirse a sus vínculos familiares– con pena de ser dadas de baja en su servicio. La política también prohibía a las instancias militares hacer indagatorias sobre la orientación sexual o la identidad de género. Según Human Rights Campaign esta política se basó en la errada asunción de que las personas LGBTIQ+ en cualquier rama militar debilitarían la habilidad de sus elementos de cumplir con sus funciones. En esencia, se trató de una política discriminatoria que afectó la carrera militar y las vidas de miles de personas LGBTIQ+ y envió el mensaje de que la discriminación era aceptable contra estas personas por 17 años hasta que fue derogada en el 2010 por la administración del presidente Obama.
El contexto anterior nos sirve para hacer una analogía entre la referida política y la perspectiva discriminatoria que parece persistir en la República Dominicana sobre la participación de personas LGBTIQ+ en espacios de toma de decisión. Para ilustrar este punto y sin ánimos de alimentar el morbo ni asumir la orientación o identidad de género de las personas implicadas, me remito a tres situaciones que ejemplifican esta perspectiva. La primera, la campaña de descrédito en contra de la viceministra Dilia Leticia Jorge Mera al subir una foto en su cuenta de Twitter en la que se percibía una bandera LGBTIQ+ y una trans encima de su escritorio en el Palacio Nacional. La segunda es el continuo murmullo, las burlas y las especulaciones sobre la orientación sexual del alcalde de Santiago de los Caballeros y precandidato presidencial, Abel Martínez y, el tercero, es el reciente reportaje sobre el Ministerio de la Juventud y su actual incumbente, Rafael Féliz, que, en lo que pareciera ser una denuncia de alegadas irregularidades en su desempeño, destacan las innecesarias insinuaciones sobre su orientación sexual en términos manifiestamente peyorativos y estigmatizantes.
Justo como la política del ‘‘Don’t ask, don’t tell’’, las referidas situaciones reflejan el mensaje de que las personas LGBTIQ+ y quienes son percibidas como tal no pertenecen a los espacios de toma de decisión. La idea subyacente parecería ser que las personas LGBTIQ+, por el simple hecho de cómo se identifican o a quién aman, somos incapaces de participar en la acción pública, a menos que sea detrás del closet, sin decir o preguntar nada. Esta idea no es más que una expresión de los prejuicios, los estereotipos y la intolerancia que impiden el pleno disfrute de derechos de las personas LGBTIQ+ sin base científica alguna. Contrario a dicha idea, existen sobrados ejemplos de liderazgo LGBTIQ+ alrededor del mundo, entre ellas, en las jefaturas de Estado o de Gobierno, se puede citar el caso de Leo Varadkar, presidente de Irlanda–donde casi el 70% de la población se identifica como católica–, el recién electo presidente de Letonia, Edgars Rinkēvičs, la primer ministra de Serbia, Ana Brnabić y su homólogo de Luxemburgo, Xavier Bettel, quiénes suman a una lista de pasadas jefas y jefes de Estado o de Gobierno en países como Islandia, Bélgica, San Marino entre los que presuntamente destacaría el Rey Jacobo (King James) de Inglaterra conocido por haber comisionado la traducción de la Biblia al inglés en 1604. Otros liderazgos incluyen incumbentes en gobernaciones como las de Rio Grande do Sul y Rio Grande do Norte en Brasil, la de Tierra del Fuego en Argentina y en los estados de Massachussets y Oregón en los Estados Unidos. Asimismo, destaca la alcaldesa de Bogotá, Claudia López Hernández en Colombia y el ex presidente de la región de Apulia en Italia, Nichi Vendola.
Estos son solo algunos casos de personas abiertamente identificadas como LGBTIQ+ en posiciones de liderazgo político citados para revelar que no hay una incapacidad inherente de las personas LGBTIQ+ a participar en toma de decisión sino más bien que son los perjuicios y los estereotipos que permean una determinada sociedad los que sedimentan las barreras de acceso a esta participación. No solo somos las personas LGBTIQ+ tan capaces como las personas cisgénero y heterosexuales, sino que tenemos el mismo derecho a la participación democrática y política sin renunciar a expresar pública y abiertamente nuestra orientación e identidad de género. La orientación sexual y la identidad de género son elementos de la personalidad que nadie puede obligarte a revelar. Al mismo tiempo, tal como lo ha señalado la Relatoría Especial para la libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (‘CIDH’), ‘‘el derecho de las personas a expresar pública y abiertamente su orientación sexual e identidad de género, comúnmente denominado como el ‘salir del armario,’ está comprendido en el derecho a la libertad de expresión, y que este tipo de expresión goza de un nivel especial de protección bajo los instrumentos interamericanos, en tanto se relaciona con un elemento integral de la identidad y la dignidad personal. Por consiguiente, nadie puede, como cuestión de derecho, obligarte a ocultar estos aspectos de tu personalidad o someterte a represalias por ello.
Más aún, no solo se ha hablado de la capacidad y el derecho de las personas LGBTIQ+ a participar en procesos de toma de decisión, sino que su participación efectiva ha sido catalogada como ‘‘fundamental para asegurar la efectividad de la legislación, políticas y programas destinados a mejorar las condiciones para el pleno goce y ejercicio de sus derechos humanos, y la realización de sus proyectos de vida.’’ En ese sentido, debemos pensar como sociedad hasta qué punto seguiremos tratando a las personas LGBTIQ+ como ciudadanía de segunda categoría, empujándoles a elegir entre el ostracismo, el exilio sexual o vivir una vida de pretensión en el armario por miedo a la represión. Debemos dejar de pensar sobre las personas LGBTIQ+ como alienígenas, como un otro ajeno, y entender que estamos aquí, que somos parte de las familias, las amistades, los trabajos, los partidos políticos que a veces se oponen a estos derechos, los voluntariados, las iglesias, en fin, de toda la sociedad.
Por último, es oportuno reflexionar sobre el rol del Estado en la protección y el empoderamiento de las personas LGBTIQ+. Esto incluye a todo el liderazgo político nacional, quienes, ante estas situaciones guardan silencio en formas que conducen a asumir ya sea su aquiescencia o complicidad. Por el contrario, el Estado no solo tiene obligaciones de tomar las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole para hacer efectivos los derechos de igualdad y no discriminación de las personas LGBTIQ+, sino que debe activamente combatir los prejuicios y estereotipos subyacentes que impiden las condiciones necesarias para el disfrute de los derechos humanos de todas las personas. La aceptación de personas LGBTIQ+ no debe ser tímida ni reservada solo a quienes tiene los privilegios para ser aceptados ‘a pesar de’. Las situaciones esbozadas aquí deben ser atendidas con un rechazo inequívoco de quienes ostentan liderazgo con un mensaje claro de que las personas LGBTIQ+, como cualquier otra persona dominicana, pertenecemos a todos los espacios de la vida nacional.
Lo que dice la gente