Por Samuel Bonilla
Después de casi cuatro años de silencio, reaparece el pacto eléctrico. Como cual obra de realismo mágico, vemos la firma de un “pacto” antes incluso de lograr un consenso entre las partes. No menos importante, el gobierno que ahora presiona y que según algunas fuentes hasta buscó falsificar a la sociedad civil para crear consenso donde sólo había disenso, es el mismo gobierno que estando en la oposición se opuso a la firma del documento. Por eso vale la pena preguntarnos: ¿cui bono? ¿Quién se beneficia con la firma de un pacto? (Pista: no el pueblo)
Lo primero que habría que entender es que la mayoría de los actores convocados a las discusiones de los pactos no representan al interés colectivo. Hagámonos las siguientes preguntas: ¿Quién decide cuáles son los grupos o las organizaciones que deberían estar convocadas a un pacto? ¿Cuándo dejamos de sumar integrantes? ¿Cuándo me incluyan a mi o a ti? Digo que los convocados al pacto no representan al colectivo dominicano porque nadie depositó un voto por el representante del CONEP o el representante del CES de la manera en que lo hicimos por nuestros legisladores. Tampoco votamos por los llamados representantes de las organizaciones de la sociedad civil. A fin de cuentas, los pactos se convierten en discusiones sobre quien se sienta en la mesa y no sobre los intereses del pueblo, que son los que están en juego.
También es importante saber que muchos de los puntos contenciosos que se discuten en los pactos se llevan a la práctica en paralelo a las discusiones e incluso previo a la firma del pacto y su consenso. Y esto es lógico, pues el propósito de cualquier discusión en materia de políticas públicas debe ser la ejecución de la política para la efectiva garantía del derecho en discusión y la provisión de bienes y servicios públicos de calidad. Por eso, al margen de lo que se conversa en un pacto, el trabajo recae sobre los entes reguladores y el propio Congreso. Por eso la duda: ¿Para qué un pacto si los entes reguladores y el Congreso están empoderados para trabajar en ese y todos los demás temas de interés público?
¿Qué es lo que realmente importa? ¿La discusión en torno al pacto o la solución del problema eléctrico/educativo/fiscal? Más importante aún, ¿en base a qué votamos por un gobierno? ¿Acaso no fue en base a una propuesta eléctrica/educativa/fiscal?
Finalmente, y en calidad de espacio de intereses privados, se hace necesario destacar que todos los actores involucrados en el pacto tienen intereses diferentes. Eso significa que la manera óptima en que cada uno de los actores involucrados defiende sus intereses es distinta. Los intereses empresariales, por ejemplo, raras veces coinciden con el interés colectivo. Eso por la sencilla razón de que la empresa tiene como principal objetivo lucrar a sus dueños. En tanto la empresa se vea forzada a considerar la opinión pública, sus intereses se verán afectados. Por tanto, siempre será conveniente para el sector empresarial sacar de los espacios públicos la discusión sobre los temas que les importan. Dicho de otra manera, la transparencia no parecería ser aliada del sector empresarial. El sector empresarial siempre preferirá maniobrar tras bastidores y cabildear directamente con funcionarios del gobierno a quienes pueda cooptar. Si no me creen, basta recordar la reciente experiencia con la Ley de Desarrollo Fronterizo.
Los legisladores, en cambio, deberían tener como propósito representar al pueblo. Quienes integran la Cámara de Diputados tienen un incentivo muy claro para escuchar a sus electores: de ello depende su reelección. Por eso entiendo que todas las discusiones de interés nacional deberían tener como espacio de debate el Congreso, que es la institución llamada a representarnos: el corazón de nuestra democracia. No es cierto que el Congreso sea un espacio al que las propuestas de la ciudadanía no llegan. El mejor ejemplo de representación lo tenemos en José Horacio Rodríguez de Alianza País.
Por eso soy de la idea que al sacar del Congreso las discusiones sobre el sector eléctrico, la educación, nuestros impuestos y cualquier otro tema de importancia, le damos espacio a los intereses privados. De no ser así, veríamos una mayor presencia abierta de los intereses empresariales en el hemiciclo del Congreso.
Los pactos buscan legitimar al gobierno y esa legitimidad preocupa en tanto nos consta que el gobierno quiere presentar un pacto fiscal donde sus intereses coinciden con los intereses del sector empresarial. ¿Recuerdan la propuesta fiscal con la que nos dio la bienvenida la gestión del presidente Abinader? Los esfuerzos por firmar un pacto eléctrico que pareciera de consenso sólo buscan generar momentum frente al interés de lograr aprobar la propuesta fiscal entonces fallida.
En tanto recurramos a la figura del pacto para resolver nuestros problemas, los intereses privados seguirán gobernando en la República Dominicana. En lugar de hablar de pactos, mejor dediquémonos a asegurarnos de que el Congreso trabaje y trabaje bien. ¿Por qué quitarle legitimidad de forma voluntaria a la gente por la que votamos?
Por eso frente a los pactos o cualquier otra medida que le genere sospecha, siempre pregúntese, ¿cui bono? ¿Quién se beneficia?
Samuel E. Bonilla Bogaert
Twitter: @sbonillab
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