El voto preferencial o voto de preferencia es un sistema, el cual permite a las y los electores sufragar por el candidato o candidata de su elección, de una lista presentada por una agrupación política en una determinada circunscripción.
Dicho sistema se utilizó a partir de las elecciones congresuales del 2002, por lo que, por primera vez, las y los electores pudieron elegir con libertad su candidatura preferida. Este fue aplicado en los comicios del 2006, 2010, 2016 y 2020. A nivel municipal, se implementó por primera vez en las elecciones del 2020.
De cara a las próximas elecciones, la Junta Central Electoral ha propuesto una serie de modificaciones a la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y a la Ley No. 15-19 Orgánica del Régimen Electoral, sugiriendo la eliminación del voto preferencial en el nivel municipal, con el fin de que las y los regidores sean electos mediante listas cerradas y bloqueadas, es decir, que no se podría escoger directamente el regidor o regidora.
En este sistema, el o la votante se ve en la necesidad de escoger de forma impersonal, a modo de partido político, reconociéndose el beneficio del voto a la oferta partidaria y no al postulante directamente, por lo que, en tal caso, la atribución de escaños obtenidos por un partido se hace siguiendo el orden establecido por la lista.
Por su parte, el voto preferencial se ejerce mediante listas cerradas y desbloqueadas donde se escoge al aspirante al cargo electivo sin importar la posición en que se encuentre colocado en la lista. El voto preferente es justamente el código para desbloquear las listas cerradas.
Entre las motivaciones que la Junta Central Electoral ha indicado para eliminar el voto de preferencia se encuentran: el aumento de los conflictos intrapartidarios, el alto costo de las campañas electorales, la complicación del proceso operativo del escrutinio y la configuración de un sistema político donde se prioriza personalidades, por encima de las propuestas programáticas o ideológicas.
A su vez, con la modificación de la Ley de Partidos, propone regular los gastos que realicen las y los precandidatos para las actividades de proselitismo interno durante la precampaña, mitigando con ello, una de “las consecuencias del voto preferente” y que provoca los conflictos y desigualdades entre candidatos y candidatas. Las otras motivaciones señaladas por la Junta Central Electoral para eliminar el sistema de voto preferente no tendrían asidero si existiesen los controles adecuados, que son consecuencia por la falta de reglas claras de las organizaciones involucradas y no por el sistema como tal, por tanto, subsanar o regular muchas de estas prácticas, permite al sistema de voto preferente subsistir.
No es la primera vez que se intenta suprimir este sistema, ya que para el 2010, la Junta Central Electoral a través de la resolución No. 74-2010 dispuso su eliminación argumentando que afecta la democracia interna de los partidos. Sin embargo, en desacuerdo con esta iniciativa, la Cámara de Diputados lo restableció para el 2013 con la Ley Núm. 157-13.
Para la fecha, la organización de la sociedad civil Participación Ciudadana expresó que la derogación del voto preferencial significaba un retroceso en la democracia dominicana, porque con esto se eliminaba la libertad dada al elector de escoger al candidato o candidata de su preferencia y que por tanto, el voto de preferencia no había sido el culpable del incremento de los conflictos a lo interno de los partidos políticos, sino que estos fueron causados por la utilización desigual de los recursos en el proceso de competencia electoral.
En ese sistema cerrado y bloqueado, como propone implementar nuevamente la Junta Central Electoral, las y los candidatos que encabezan las listas de los partidos mayoritarios aventajan al resto de su propia boleta, así como la de los partidos minoritarios. Por ello, los y las postulantes colocados en los primeros lugares de las listas eran regularmente personas escogidas por las cúpulas partidarias instituyendo una elección antidemocrática.
También, puede causar un efecto adverso y producir altos niveles de abstención en las elecciones municipales, principalmente por dos cosas: 1) Las candidaturas postuladas presentan escasa legitimación producto de un proceso anti-democrático a lo interno del partido, siendo no capaces de capturar el interés electoral de las y los ciudadanos y 2) Produce un alto grado de desconfianza cuando voluntariamente no se animen a ejercer el derecho al voto, al tener que votar por una lista y no por un candidato o candidata.
Por su parte, la adopción del voto preferencial en las elecciones municipales pudiera resultar en un proceso complejo, pero, a nuestro parecer, el más democrático. La experiencia obtenida en la aplicación de este sistema en los comicios anteriores debe servir para no invalidarse técnicamente, sino para intentar avanzar en mejores prácticas y en nuevos controles.
La aplicación de este sistema da lugar a la obtención de un mayor margen de selección por parte del electorado, eligiendo a quien prefiere para representar el partido. También, provoca una relación directa entre postulantes y electores empoderando al votante. Crea, además, una situación favorable para los y las aspirantes, puesto a que las posibilidades de vencer no se ven limitadas por el lugar que ocupen en la lista de la boleta electoral.
Otras de las ventajas que ofrece este sistema es suprimir la práctica antidemocrática ejercida con anterioridad a lo interno de los partidos, cuando las y los candidatos se escogían por las cúpulas partidarias y eliminar la práctica de despojar a quienes legítimamente las habían obtenido con el voto favorable de la militancia, extendiendo el ambiente democrático al torneo electoral y responsabilizando aún más las funciones públicas del regidor o regidora en favor de la ciudadanía.
A partir de la implementación del voto preferente a nivel municipal en el 2020, ha recobrado valor la función de las y los regidores y se ha importantizado su labor, aumentando la calidad de la democracia, por lo que retroceder en este aspecto, es volver a generar candidatos y candidatas inoperantes, con campañas políticas vacías y sin propuestas de valor hacia sus localidades.
Los cargos de elección popular deben hacer posible el acceso de las y los ciudadanos al poder público y el sistema de lista cerrado y bloqueado no contribuye necesariamente a democratizar los procesos, ni a mejorarlos significativamente cuando las cúpulas ostentan tanto poder.
Proponer la eliminación del voto preferencial a nivel municipal es una salida fácil para no asumir la responsabilidad técnica y política de las organizaciones involucradas. La democracia tiene un alto costo, pero suprimir este sistema de elección de candidatos y candidatas de cara al elector representa un retroceso y las y los electores aprecian la búsqueda de una mayor representatividad.
Lo que dice la gente