La reciente intención de ampliar la Avenida República de Colombia ha dejado al descubierto, una vez más, una visión de desarrollo urbano profundamente cuestionable. No se trata solo de una obra vial; se trata de una manera de pensar la ciudad que privatiza, que la despoja de su sentido colectivo, y que nos convierte a nosotros, sus habitantes, en víctimas obligadas a resolver, por su cuenta, problemas que deberían ser abordados desde lo público: el tránsito, la calidad de vida, la sostenibilidad.
La idea de que ampliar una vía aliviará el tráfico es sencillamente errónea. No es una opinión. Es un hecho demostrado por décadas de estudios: más vías generan más vehículos. Es una invitación abierta al uso del transporte privado y a seguir profundizando la crisis de movilidad. El crecimiento espantoso del parque vehicular por encima de un 6% anual entre el 2008 y el 2024 y que hoy supera seis millones de unidades lo confirma. En lugar de apostar por soluciones estructurales y sostenibles, se insiste en fórmulas fracasadas.
Lo más preocupante de esa propuesta es el silencio del propio Jardín Botánico. Que su dirección no se haya pronunciado ante una intervención que amenaza su integridad ecológica revela una crisis de liderazgo y una alarmante falta de autonomía. Si alguien debe defender ese pulmón verde, es precisamente la persona encargada de gestionarlo. Pero este no es un hecho aislado. Es parte de un patrón más amplio de destrucción de áreas verdes y espacios públicos.
Mientras la atención pública se concentra en la Avenida República de Colombia y el Botánico, otros casos igual de graves suceden a la sombra: la construcción irregular en Cuesta Brava, vinculada a una empresa constructora relacionada con un funcionario del Ministerio de Viviendas y Edificaciones, el intento de desarrollar un proyecto en Samaná detenido apenas por la intervención del ministerio público tras la destrucción de humedales y manglares y la tala de árboles en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.
Todo esto ocurre mientras el propio presidente se presenta en escenarios internacionales alertando sobre el cambio climático y el sargazo, en una contradicción que resulta, como mínimo, ofensiva.
El gran problema del gobierno actual es que parece haber perdido de vista la dimensión humana del desarrollo. Las consecuencias de estas decisiones no son abstractas ni lejanas: las sufre la gente, todos los días. Incluso ellos mismos, aunque aún se hagan de la vista gorda. Y si como sugiere el video institucional del ministro de la presidencia, la decisión ya está tomada, entonces lo que también está claro es que el sentir de la ciudadanía no les importa. ¿Para quiénes gobiernan?
Sin embargo, esta misma lógica de comportamiento urbano puede funcionar en sentido contrario. Si la ciudad invita a sus ciudadanos a vivirla de forma más humana, más sostenible y más compartida, la respuesta será positiva. Si se invierte en aceras seguras, parques funcionales, transporte público eficiente, si se crea una ciudad accesible, vivible y amable la gente responderá con igual generosidad.
Existen ciudades que enterraron sus ríos bajo cemento en nombre del “progreso” y luego los resucitaron, devolviéndoles su cauce, su vida y su valor. Tal es el caso del río Aarhus en Dinamarca, hoy un destino popular al servicio de su ciudad con una oferta gastronómica y cultural y espacios para la vida en comunidad. Esa es una muestra de que la visión y las decisiones sí importan.
La República Dominicana está a una decisión, una sola, de dar un salto hacia la sostenibilidad. Esa decisión debe tomarse desde el Palacio Nacional, sí, pero también en el Congreso, en los ayuntamientos y en cada hogar del país. Porque lo que está en juego no es solo una avenida o un jardín, es el futuro en el que queremos vivir.
Lo que dice la gente