Saber lo que tenemos, antes de que lo perdamos

Recientemente, estuve visitando el noveno piso de la torre Novo Centro, y mirando a través de uno de sus característicos ventanales visualicé desde lo alto el mar de edificios que se ha vuelto Santo Domingo. Sin embargo, en medio de este desierto de concreto, logré visualizar un oasis verde que de lo contrario pasaría desapercibido al verlo desde la calle. Esta frondosa arboleda corresponde a la propiedad en la calle Rafael A. Sánchez no. 25, entre las avenidas Lope de Vega y Tiradentes. 

Esta propiedad fue una de las primeras de toda la zona y originalmente perteneció a Francisco Nicolás (Pacho) Saviñón Trujillo, sobrino del dictador Rafael L. Trujillo. En 1961, la propiedad fue confiscada y declarada como bienes nacionales mediante la ley no. 5785, al haber sido adquirida como resultado de “casos de abuso y la usurpación del poder, para enriquecimiento personal”. Posteriormente, en 1987, el Estado Dominicano vendió la propiedad de 13,015 m² al gobierno italiano por un valor de 2,5 millones de pesos, quienes la utilizaron como su residencia diplomática en el país. En algún punto desde entonces, la propiedad cayó en desuso, quedando como una cápsula del tiempo de lo que fue la ciudad años atrás, y en fuerte contraste con el desarrollo inmobiliario que le rodea. 

En este sentido, esta propiedad ejemplifica una de las últimas oportunidades con las que aún cuenta Santo Domingo para conservar parte de su superficie permeable y cobertura verde; crear espacios públicos para la recreación de la ciudadanía, y conservar parte de su patrimonio histórico. Dice un refrán popular que “no se sabe lo que se tiene hasta que se pierde”; y de hecho, en las últimas dos décadas, hemos ido perdiendo nuestra cobertura verde a medida que reemplazamos las viviendas unifamiliares y sus jardines permeables por edificios que, en su mayoría, pavimentan la totalidad de los lotes. En consecuencia, el Santo Domingo de hoy en día es más vulnerable a altas temperaturas, fuertes inundaciones (como las de noviembre de 2022), y servicios públicos deficientes; aportando al deterioro progresivo de la calidad de vida de sus habitantes.  

Por lo tanto, tenemos frente a nosotros el potencial de mitigar las consecuencias negativas que ha tenido el desarrollo inmobiliario, con la conservación de estos espacios. De hecho, de convertirse la propiedad en la calle Rafael A. Sánchez no. 25, en un espacio público, este sería el segundo más grande entre las avenidas Ortega y Gasset, Luperón, 27 de Febrero y John F. Kennedy; siendo superado solamente por el Parque Las Praderas. Igualmente, así como este caso, existen otros ejemplos donde el Estado tiene el potencial de generar una red integrada de espacios públicos en la ciudad, que no se limite al Polígono Central, y que democratice el acceso a todos los efectos positivos que estos generan sobre sus entornos. 

Por ejemplo, en la circunscripción 3, que es la que tiene menor cantidad de espacios públicos, y en la 2, que es la única que todavía tiene franjas de terrenos sin desarrollar. Inclusive, estas intervenciones no tienen por qué caer únicamente bajo la responsabilidad del Estado, ya que, reconociendo el valor que generan los espacios públicos para las propiedades y negocios circundantes, el sector privado puede convertirse en un aliado estratégico al ser un beneficiario directo de este tipo de cirugías urbanas. 

Sin embargo, la gran barrera para la materialización de estas intervenciones gubernamentales se encuentra mayormente en el alto costo que tienen estos terrenos. Por esto, es favorable que se evalúen mecanismos alternativos a los que el Estado pueda recurrir y que sean económicamente atractivos para los propietarios de estos terrenos estratégicos. Por ejemplo:

1. los propietarios pudieran donar los terrenos al Estado a cambio de exoneraciones tributarias. Esta medida no significariaría un gasto per sé en el presupuesto nacional; mientras que los ingresos que deje de percibir el Estado pudieran ser generados a partir de un impuesto sobre la plusvalía generada en los entornos del espacio público a partir de su construcción.

2. Igualmente, el Estado pudiera proponerles a los propietarios el intercambio de su propiedad por otra de igual o mayor valor que ya se encuentre en manos del Estado; como por ejemplo las amplias extensiones de los antiguos ingenios azucareros o los antiguos hoteles estatales. 

3. Por último, en los casos donde existan parqueos superficiales, el Estado le pudiera proponer a los propietarios la construcción de un parqueo soterrado donde la superficie quede como espacio público y los parqueos soterrados en manos privadas, o la construcción de un edificio de parqueos donde una parte del lote sea convertida en espacio público. 

Cualquiera que sea la metodología, el Estado puede liderar la creación y coordinación de una “Mesa de Diálogo Intersectorial”, que involucre a: gobierno (local y nacional), empresariado, ciudadanía, y academia; para la identificación de esos terrenos estratégicos, la formulación de planes de adquisición y la definición de indicadores que ayuden a cuantificar el retorno de la inversión gubernamental. Me adelanto al ejercicio y propongo el siguiente listado de terrenos.

Iniciamos la expansión urbana de Santo Domingo, a inicios del siglo XX, asumiendo que la ciudad no necesitaba parques en aquellos barrios donde los jardines privados cubrían la necesidad de suelos permeables y cobertura verde. Pero, a inicios del siglo XXI, reestructuramos este modelo urbano sin detenernos a pensar en los efectos que tendría esta sustitución; y, hoy en día, ya comenzamos a sentir las consecuencias de no haberlo hecho. Por tanto, la sostenibilidad del desarrollo de nuestra ciudad dependerá en gran medida de repensar los pocos espacios que aún nos quedan disponibles y desarrollar estrategias para aprovecharlos. Paralelamente, también será importante que comencemos a exigir que los nuevos proyectos inmobiliarios incluyan propuestas para sustituir y reemplazar el verde que desplazan. Ofreciendo incentivos de altura y densidad cuando los proyectos contemplen la ampliación del espacio público utilizando parte del lote: y/o a través de la inclusión de jardines verticales y techos verdes  dentro de sus propuestas. Cualesquiera que sean las opciones, Santo Domingo no es un caso perdido, y todavía tenemos la oportunidad irrepetible de tomar las medidas para la construcción gradual de la ciudad en la que queremos vivir.