El Concejo de Regidores de Sosúa, en la provincia Puerto Plata, aprobó recientemente la remoción de la escultura submarina de Atabey, madre del agua en la cosmovisión taína, instalada en 2023 por la Fundación Maguá como parte de un proyecto de recuperación de corales y promoción del turismo ecológico.
Pero ¿qué es realmente esta pieza?
No es un ídolo ni un monumento religioso, como aseguran sus detractores. Es un símbolo cultural y ecológico, concebido para servir de sustrato a los corales, refugio a la vida marina y recordatorio visible, o mejor dicho, sumergido, de que nuestra historia no comenzó en 1492. Que hubo antes un pueblo que veneraba la naturaleza y entendía el agua como origen, no como amenaza.
La decisión, impulsada por un sacerdote y un pastor que argumentaron que la obra “ofende las creencias cristianas”, revela una vez más el peso que conservan los prejuicios religiosos sobre las decisiones públicas. Pero esta vez, la intolerancia no solo atenta contra la cultura: también amenaza al medio ambiente.
El viceministro de Recursos Costeros y Marinos, José Ramón Reyes, aclaró en un video publicado por Somos Pueblo Media que la sala capitular no tiene ninguna facultad legal para ordenar la remoción de la escultura, que se encuentra en el fondo marino bajo la jurisdicción del Ministerio de Medio Ambiente.
Reyes recordó que la Ley 64-00 otorga a esa institución la competencia exclusiva sobre los recursos naturales y costeros del país, y explicó que la instalación de la estatua se realizó tras los estudios técnicos correspondientes.
“Esa obra ha creado un ecosistema natural que sirve de refugio para muchas especies y atrae el turismo de buceo”, afirmó el funcionario agregando que “incluso ayuda a frenar la erosión que afecta la playa de Sosúa”.
Es decir, no solo la decisión del Concejo es improcedente, sino que además contradice la evidencia científica y la gestión ambiental vigente. A pesar de ello, el argumento de la “idolatría” ha logrado instalarse como justificación de una medida que, de ejecutarse, implicaría la destrucción de corales vivos y el retroceso de un proyecto de conservación reconocido internacionalmente.
Por su parte, la Fundación Ecológica Maguá, responsable de la obra, ha mantenido una postura conciliadora. En un comunicado, valoró la preocupación de las autoridades locales, pero subrayó los beneficios ecológicos y turísticos de la escultura, e invitó al diálogo.
“Reafirmamos nuestro compromiso con la conservación del medio ambiente y con la integración de todos los sectores sociales, incluyendo las autoridades municipales, en la defensa del patrimonio natural de Sosúa”, indicó la organización mediante un comunicado.
Pero lo que me resulta más preocupante es la prioridad que los regidores y regidoras han decidido darle a este debate, mientras problemas sociales urgentes permanecen sin atención. Sosua enfrenta la explotación infantil y una alta tasa de prostitución vinculada al turismo. Sin embargo, los mismos “honorables” prefieren ocupar su tiempo en remover una escultora que no le hace daño a nadie.
Este episodio en Sosúa no es un hecho aislado. Es el reflejo de un patrón que se repite: el de un país donde la superstición se disfraza de moral, la fe sustituye al conocimiento y el miedo se impone sobre la ciencia. La ironía es que, mientras el mundo promueve la integración entre cultura y sostenibilidad, nosotros seguimos discutiendo si una escultura puede traer “males” al municipio.
Una diosa convertida en arrecife, un símbolo de vida que molesta precisamente porque recuerda lo que perdimos: la capacidad de entender la naturaleza como parte de lo “sagrado”.
Quizá ese sea nuestro verdadero pecado: no venerar a Atabey, sino expulsarla del mar para seguir adorando la ignorancia y el atasco que nos mantiene en el subdesarrollo.
Lo que dice la gente