En los últimos meses, la expresión ‘‘lo pusieron en 29’’ y otras derivadas se han popularizado en el debate público dominicano, especialmente en redes sociales. Según reportes de prensa, la expresión tiene su origen en un código interno que utilizan agentes policiales para reportar a una persona fallecida en el lugar de los hechos. En el habla popular, se usa para referirse a quienes mueren a manos de la Policía Nacional. A veces se dice en son de burla. Otras veces, como celebración. La naturalidad con que se usa la frase dice algo sobre cómo hemos llegado a aceptar estas muertes, incluso cuando existen serias dudas sobre la legitimidad de la actuación policial. En estas líneas, analizo qué implica esa actuación a la luz del derecho internacional.
Lo primero es poner los puntos sobre las íes. En el derecho internacional de los derechos humanos, una ejecución extrajudicial es, en el contexto que aquí nos ocupa, la privación intencional y arbitraria de la vida de una persona por agentes del Estado. En Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que el uso de la fuerza debe ajustarse a los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. Esto exige que la actuación esté prevista por la ley y persiga un fin legítimo, que los agentes recurran a medios menos lesivos cuando estos sean suficientes y que la fuerza empleada guarde proporción con el peligro. El uso intencional de la fuerza letal solo es admisible cuando resulta estrictamente inevitable para proteger la vida frente a una amenaza inminente.
En varios casos presentados como ‘‘intercambios de disparos’’, persisten serias dudas sobre si se cumplían esas condiciones. Familiares de personas ultimadas por la Policía Nacional han denunciado, una y otra vez, que solo después de la muerte se habla de órdenes de búsqueda o de ‘‘fichas’’. Aun si esas órdenes o fichas existían, ni su existencia ni la etiqueta de ‘‘criminal de profesión’’ bastan para justificar los disparos. Lo decisivo es el peligro que existía en ese preciso momento.
La gravedad de esta actuación es independiente de la inocencia o culpabilidad de la víctima. Nuestra Constitución, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagran la presunción de inocencia. Toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras su culpabilidad no se establezca legalmente. Al mismo tiempo, nuestra Constitución prohíbe la pena de muerte en toda circunstancia. Pensemos en lo que eso significa. Nuestras juezas y jueces, con formación especializada y cuyas decisiones pueden ser revisadas por sus pares, jamás pueden imponer la pena de muerte, aun después de escuchar a la acusación y a la defensa, valorar las pruebas y declarar culpable a una persona. Sin embargo, cuando celebramos que a alguien ‘‘lo pusieron en 29’’, parecemos concederle a un agente policial, en plena calle, un poder que la Constitución les niega hasta a quienes juzgan los delitos más graves.
Cada vez que una persona muere por disparos de la Policía, el Estado debe investigar de oficio, con prontitud, exhaustividad, independencia e imparcialidad, incluso cuando los agentes afirmen que actuaron para proteger su vida o la de terceros. Sin esa investigación, parece que basta con ‘‘poner en 29’’ a una persona para dar por sentado que era delincuente y que, en el momento en que le dispararon, representaba una amenaza para la vida de los agentes o de terceros. Las garantías del Estado de derecho y el historial de abusos de nuestra Policía Nacional hacen inaceptables ambas presunciones en la República Dominicana de hoy.
A lo largo de los años hemos visto casos que obligan a examinar con cuidado esas versiones. En 2021, un agente policial mató a una arquitecta mientras se desplazaba en un vehículo con su hija. Ese mismo año, en Villa Altagracia, una patrulla disparó contra el vehículo de una pareja de pastores que regresaba de una actividad religiosa. Según la acusación del Ministerio Público, se alteró la escena para simular un ‘‘intercambio de disparos’’. En ambos casos hubo sentencias condenatorias contra agentes policiales. Y eso deja una pregunta incómoda. ¿Se investiga con la misma diligencia cuando quien muere es un joven de un barrio empobrecido y lo primero que sabemos de él es que la Policía lo señaló como delincuente?
No podemos analizar esta práctica sin pensar en sus dimensiones de clase y raza. ¿A quién se le presume peligroso por el barrio donde vive o por el color de su piel? ¿A qué familias se les cree cuando contradicen la versión policial? Hace años, Amnistía Internacional documentó en el país denuncias de ejecuciones extrajudiciales y casos en que los supuestos antecedentes de la víctima sirvieron para dar por buena la actuación de los agentes sin una investigación exhaustiva.
En el derecho internacional de los derechos humanos, las actuaciones de agentes de la Policía Nacional en ejercicio de sus funciones son atribuibles al Estado dominicano. La República Dominicana puede comprometer su responsabilidad internacional tanto por una privación arbitraria de la vida como por incumplir su deber de investigarla. Si hay pruebas suficientes, corresponde llevar a los responsables ante la justicia, sancionarlos cuando se establezca su culpabilidad y reparar a quienes hayan sufrido el daño. Además del derecho a la vida, según las circunstancias pueden verse comprometidos el derecho a la integridad personal, incluida la integridad psíquica de los familiares, y sus derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial. La propia sentencia en Nadege Dorzema muestra cómo pueden concurrir el uso ilegítimo de la fuerza y las deficiencias en la investigación.
A su vez, la posibilidad de que ‘‘poner en 29’’ responda a una política de seguridad del Gobierno debería llamarnos poderosamente la atención. La Policía Nacional ha negado que exista un lineamiento institucional o gubernamental de esa naturaleza. Pero esta es, una vez más, la versión de la Policía. Corresponde esclarecer los hechos mediante investigaciones independientes. Si se acreditara que se han cometido asesinatos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, en ejecución o promoción de una política estatal o de una organización y con conocimiento de dicho ataque, esos hechos podrían constituir crímenes de lesa humanidad conforme al Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional.
Según lo que se pruebe sobre la conducta de cada persona, la responsabilidad penal individual podría alcanzar a quienes hayan diseñado, planificado, ordenado o ejecutado esa política y cuya participación en los crímenes se acredite. También podría alcanzar a los superiores que, teniendo control efectivo sobre los responsables, hayan incumplido los deberes que les impone el Estatuto. De existir tal política, correspondería a la justicia dominicana investigar los crímenes cometidos en su ejecución y, cuando proceda, enjuiciar a los responsables. La ausencia de investigaciones o enjuiciamientos genuinos podría abrir la puerta a la intervención de la Corte Penal Internacional cuando se verifiquen los demás requisitos del Estatuto de Roma, del que la República Dominicana es parte.
Al respecto, vale traer a colación la llamada ‘‘guerra contra las drogas’’ del expresidente filipino Rodrigo Duterte. Según la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, esa política dejó miles de muertos, entre ellos personas de sectores empobrecidos a quienes se atribuían delitos de drogas sin que un tribunal hubiera establecido su culpabilidad. En abril de 2026, la Corte confirmó cargos por crímenes de lesa humanidad que comprenden 76 asesinatos y dos tentativas de asesinato dentro de un universo mayor de muertes alegado por la Fiscalía. El juicio fue anunciado para el 30 de noviembre de 2026. Duterte, aun acusado de crímenes de lesa humanidad, conserva la presunción de inocencia, a diferencia de quienes han sido ilegalmente puestos en 29 tanto aquí como en Filipinas.
Mi mayor preocupación, sin embargo, es cómo una parte de la sociedad sigue normalizando estas actuaciones. Esa idea de la otredad que nos lleva a pedir que ‘‘pongan en 29’’ a otro ser humano, sin un debido proceso, sin que comparezca ante un juez, sin que se establezca su culpabilidad.
Y la verdad, esa posición me resulta inconcebible. Primero, porque la vida de cada ser humano tiene valor por sí misma y la Policía está llamada a protegerla. Y segundo, porque incluso desde la perspectiva más egoísta, quien celebra que hoy ‘‘pongan en 29’’ al hijo de otro debería preguntarse qué garantías exigiría mañana si fuera el suyo. Les pasó a los pastores, le pasó a la arquitecta y, lamentablemente, les sigue pasando a los jóvenes de nuestros barrios. Ante esa realidad, si mañana la Policía dijera que mató a alguien de los tuyos en un ‘‘intercambio de disparos’’¿aceptarías su versión como palabra de Dios o exigirías una investigación independiente, con todas las garantías que exigen la Constitución y el derecho internacional?
Lo que dice la gente