Foto por Maurice Sánchez
Cómo la dependencia del motoconcho convirtió la movilidad dominicana en una crisis de seguridad vial, informalidad y supervivencia.
SANTO DOMINGO.- La muerte de un conductor de un camión de basura tras ser atacado por varios motoristas en Santiago reavivó una indignación que no es nueva en República Dominicana. En redes sociales y en la conversación pública, el episodio volvió a colocar a los motoristas en el centro de las críticas: imprudentes, violentos, fuera de control.
Pero más allá del impacto del hecho, las cifras muestran que el problema trasciende un incidente aislado.
República Dominicana se ha convertido, silenciosamente, en un país sobre dos ruedas. Al cierre de 2025, el país registraba 3,846,694 motocicletas, equivalentes al 57.9 % del parque vehicular nacional, según datos del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT).
Más de la mitad de los vehículos que circulan en las calles dominicanas son motocicletas, muchas utilizadas como principal medio de transporte y sustento económico. Ese crecimiento acelerado ha venido acompañado de una crisis de seguridad vial. Durante 2024, el 70.48 % de las muertes por siniestros viales correspondió a usuarios de motocicletas, de acuerdo con cifras del Observatorio Permanente de Seguridad Vial (OPSEVI).
Sin embargo, detrás de las estadísticas existe una realidad más compleja que la simple imprudencia individual. Aunque las redes sociales suelen amplificar los hechos más violentos o impactantes relacionados con motoristas, especialistas consultados coinciden en que la crisis vial dominicana responde a problemas estructurales mucho más profundos que episodios aislados difundidos en internet. El motoconcho sostiene la movilidad de miles de personas en barrios y comunidades donde el transporte público es insuficiente. Para muchos conductores, la motocicleta representa la única herramienta de subsistencia disponible.
“Si se detiene el motoconcho… se paraliza el país”, afirma el urbanista Marcos Barinas Uribe, quien sostiene que la expansión del parque de motocicletas refleja fallas estructurales del modelo de movilidad dominicano.
Un crecimiento acelerado y sin planificación
Para el urbanista Marcos Barinas Uribe, el debate público sobre los motoristas suele quedarse en la indignación inmediata y no en las causas estructurales del fenómeno.
“Para comprender la magnitud del problema, hay que abandonar la idea de la motocicleta como elemento marginal. Hoy representan el 58% del parque vehicular de la República Dominicana. Son el núcleo indiscutible de la movilidad”, sostiene.
Barinas advierte que el crecimiento del parque de motocicletas ha ocurrido de forma “vertiginosa y no planificada”, acercando al país a modelos urbanos similares a los del sudeste asiático, donde estos vehículos dominan gran parte de la movilidad diaria. Sin embargo, considera que el principal desafío sigue siendo la informalidad. “Menos del 1 % de los conductores de motos posee una licencia activa y la inmensa mayoría circula sin seguro”, afirma.
El urbanista también entiende que el motoconcho y los servicios de entrega se han convertido en una red económica indispensable para miles de personas.
“El Estado puede paralizar el Metro o la OMSA y la ciudad sobrevive, pero si detiene el motoconcho… se paraliza el país”, asegura.
A su juicio, abordar el problema únicamente desde la fiscalización o las sanciones no resolverá el fondo de la crisis. “La hiperdensidad de motos es un fallo sistémico en la planificación urbana. Cualquier política será estéril si no prioriza acercar la vivienda al trabajo y desarrollar un transporte público digno”, sostiene.
Para comprender la magnitud del fenómeno, los especialistas coinciden en que la motocicleta ya no puede verse como un elemento marginal dentro del sistema de transporte.
En las últimas dos décadas, el parque de motocicletas se multiplicó por más de cuatro, pasando de menos de 800,000 unidades en 2004 a más de 3.8 millones en la actualidad.
Para Barinas Uribe, esta “hiperdensidad de motos” es el resultado de años de crecimiento urbano desorganizado, expansión de ciudades sin planificación y un sistema de transporte público incapaz de conectar de manera eficiente las zonas periféricas.
“Abordar esto con medidas exclusivamente punitivas carece de viabilidad. Frente al alejamiento residencia-trabajo y un transporte público deficiente, el ciudadano toma una decisión racional. La moto es la única herramienta para garantizar su subsistencia económica”, sostiene.
La motocicleta también se convirtió en un eje clave de la economía informal. Según el economista Ernesto Jiménez, el motoconcho puede resultar económicamente más atractivo que muchos empleos formales.
“Un motoconchista activo gana entre 30,000 y 40,000 pesos mensuales, dependiendo de la zona y de si utiliza plataformas digitales”, explica. Ese ingreso diario modifica la forma en que muchos conductores se relacionan con las vías.
“El conductor prioriza el ingreso inmediato sobre el ahorro o el seguro social. Cada minuto perdido en un semáforo o respetando una norma se percibe como una pérdida directa de capital”, señala Jiménez.
El costo humano de la movilidad
Las consecuencias del modelo actual se reflejan en hospitales, emergencias y estadísticas de mortalidad. Reportes citados por especialistas indican que el 95 % de las emergencias por accidentes atendidas en hospitales traumatológicos involucran motocicletas. La mayoría de las víctimas se encuentra en edad productiva, entre los 15 y 45 años.
El impacto también alcanza la economía nacional. Los accidentes de tránsito representan aproximadamente el 2.2 % del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a unos 3,000 millones de dólares anuales, según explicó el economista Ernesto Jiménez.
“No solo se gastan cuantiosos recursos en atención médica, sino que el país pierde décadas de productividad y recaudación por discapacidad o muerte”, afirma.
En una respuesta enviada para este reportaje, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) aseguró que actualmente impulsa medidas orientadas a fortalecer la seguridad vial de los motociclistas, entre ellas la implementación de cascos homologados, el retorno de evaluaciones teóricas y prácticas para licencias categoría 01 y programas de capacitación dirigidos a conductores y sectores vinculados al motoconcho.
La institución sostuvo además que utiliza análisis de datos sobre siniestralidad para focalizar intervenciones en los territorios con mayor incidencia de accidentes.
Desde el INTRANT, las autoridades reconocen que los motociclistas continúan siendo el grupo más vulnerable en las vías.
El director ejecutivo del INTRANT, Milton Morrison, ha planteado que la siniestralidad vial debe asumirse como un problema de seguridad pública y salud colectiva, especialmente por el impacto sobre jóvenes.
La normalización del riesgo
Más allá de la infraestructura o la economía, expertos en salud mental consideran que el comportamiento agresivo y temerario en el tránsito refleja tensiones sociales más profundas.
La psicóloga clínica del Centro Integral Lotus, Nadia Ventura explica que muchas personas salen diariamente a las calles predispuestas al conflicto debido al caos vial, los tapones y el estrés cotidiano.
“Se ha normalizado la ley del más fuerte o del más poderoso”, afirma. Ventura sostiene que la presión económica, el agotamiento mental y la violencia cotidiana colocan a muchos conductores en un “modo supervivencia”, donde reaccionan constantemente como si estuvieran frente a un peligro inminente.
“Salir a las calles genera estrés y descontento. Si además se suma presión económica y agotamiento mental, nuestro sistema nervioso reacciona en modo alerta”, explica.
La especialista advierte que la exposición constante a conductas imprudentes también genera imitación y normalización del riesgo.
“Las personas entienden que esa conducta es natural para sobrevivir en las calles”, señala.
El fenómeno también tiene un importante componente de género. La mayoría de las víctimas mortales por accidentes de tránsito en motocicletas son hombres, y gran parte de las conductas de riesgo en las vías, como el exceso de velocidad, la conducción temeraria o la confrontación agresiva, suele estar protagonizada por conductores masculinos. Para especialistas en salud mental y comportamiento social, esto no es fortuito.
La presión cultural asociada a modelos de masculinidad que privilegian la competitividad, el control, la impulsividad y la demostración de poder también influye en la manera en que muchos hombres se relacionan con el tránsito y el riesgo.
En ese contexto, los motoristas cargan además con un fuerte estigma social.
“Sí, es cierto que una gran cantidad de motoristas manejan de manera imprudente, pero no podemos generalizar”, sostiene Ventura. “Tenemos que acercarnos a un enfoque más realista y objetivo que reduzca la hostilidad y aumente la empatía”.
Educación, regulación y fiscalización
Las autoridades reconocen que durante años gran parte del sector motociclista operó sin procesos formales de formación ni regulación efectiva.
Entre julio de 2024 y junio de 2025, la Escuela Nacional de Educación Vial (ENEVIAL) impactó a más de 150 mil ciudadanos mediante programas de formación y charlas obligatorias dentro del proceso de licenciamiento.
Además, el Gobierno impulsó en 2024 el Pacto Nacional por la Seguridad Vial junto a instituciones públicas, privadas y federaciones de motoconchistas.
En una respuesta enviada para este reportaje, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) reconoció que persisten importantes desafíos relacionados con la fiscalización y el comportamiento vial de los motociclistas.
Según la institución, las infracciones más frecuentes entre motoristas incluyen el no uso del casco protector, circular sin luces, transitar por elevados y túneles restringidos, la falta de documentación y la violación de la luz roja.
La DIGESETT admite además que muchas de estas conductas reinciden debido a la falta de educación y concienciación en materia de seguridad vial. Aunque la institución asegura que la fiscalización se concentra mayormente en motocicletas, también reconoce limitaciones operativas relacionadas con recursos humanos y logísticos.
Entre la necesidad y el caos
Las voces de quienes viven diariamente sobre una motocicleta reflejan otra cara del fenómeno. George Sosa Hernández, motoconchista con más de ocho años de experiencia en el Distrito Nacional y creador de contenido en redes sociales bajo la cuenta @santodomingoenmoto, considera que la imprudencia vial responde a múltiples factores.
“Falta educación vial continua y un régimen de consecuencias severo. El motorista mientras más viajes hace más gana y muchos se dejan llevar de eso y de algunos pasajeros”, afirma.
Sosa entiende que la percepción negativa hacia los motoristas se ha profundizado por hechos violentos y accidentes que terminan viralizándose en redes sociales.
“Cuando ocurre algo malo, la imagen negativa cae sobre todos los motoristas. Por uno nos igualan a todos, pero hay muchos que andamos con respeto y responsabilidad”, sostiene.
El conductor también describe las condiciones laborales que enfrenta el sector: largas jornadas bajo el sol o la lluvia, falta de seguridad social y riesgos constantes en las vías.
“A diario enfrentamos el peligro de muchos conductores que andan hablando por celular. En mi caso tengo seguro, pero muchos motoristas no tienen por el alto costo de los planes al estar en la informalidad”, explica.
Aunque reconoce que en los últimos años algunas organizaciones han impulsado charlas y capacitaciones, considera que todavía existe una deuda histórica con la formación vial.
“El Intrant en tiempo pasado daba la licencia sin una capacitación previa y eso también es una de las causas de tantas imprudencias en las vías”, afirma. Sosa asegura además que muchos motoristas se sienten desprotegidos por la falta de infraestructura adecuada.
“No hay infraestructura para el motorista, como carriles exclusivos en las vías de más altos siniestros viales”, señala.
Aun así, insiste en que la convivencia vial solo puede mejorar desde el respeto mutuo. “Todos en las vías tenemos el mismo derecho. Lo que hace falta es respeto a las leyes de tránsito para todos y educación vial constante”.
El fenómeno de las motocicletas en República Dominicana parece moverse entre dos realidades contradictorias. Por un lado, los motoristas encabezan las estadísticas de accidentes, infracciones y mortalidad vial. Por otro, el motoconcho sostiene gran parte de la movilidad urbana y representa el sustento económico de miles de familias.
El propio INTRANT reconoce que regular el sector implica enfrentar no solo un desafío de tránsito, sino también una compleja realidad social y económica. Mientras tanto, las calles continúan funcionando bajo una dinámica donde el riesgo parece haberse vuelto cotidiano.
“Las calles son vías de acceso, no un campo de batalla”, resume la psicóloga Nadia Ventura.
La crisis vial dominicana no parece reducirse únicamente a motoristas imprudentes o conductores agresivos. Detrás de cada accidente existe un entramado de informalidad, presión económica, debilidad institucional y ausencia de planificación urbana que convirtió a la motocicleta en una necesidad nacional.
Y en un país que depende cada vez más de ella para moverse, trabajar y sobrevivir, el verdadero desafío parece ser cómo regular un sistema del que millones de personas ya no pueden prescindir.
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