Mediante una nota de prensa publicada el pasado 15 de junio, la Procuradora General de la República (PGR), Yeni Berenice Reynoso, exhortó al Congreso Nacional a aprobar el nuevo Código Penal advirtiendo que “Tenemos un marco jurídico desactualizado con penas irrazonables que, en muchos casos, no son ni mínimamente proporcionales al daño causado”.
La PGR se refirió puntualmente a conductas que constituyen infracciones de dolo eventual (donde se comete la acción a sabiendas de la posibilidad de que resulte en una infracción) y al homicidio culposo o involuntario (en el que no hay dolo o intención de dañar sino descuido, responsabilidad o incumplimiento de un deber de cuidado). Implícitamente, la PGR refiere a lo ocurrido en el Jet Set, señalando que la falta de un Código Penal actualizado “impide que las víctimas, y en sentido general la sociedad, puedan tener una mayor protección del sistema de justicia, sobre todo en los casos en que se requiere de una sanción proporcional al hecho cometido y que implicaría una condena mayor”.
A pesar de la urgencia de que se apruebe un Código Penal moderno y ampliamente consensuado, este jamás podrá endurecer las penas de las personas procesadas por el caso del Jet Set, debido a que la ley penal se rige por el principio de irretroactividad, por el cual, solo aplica para hechos cometidos luego de ser aprobada; con una excepción: que favorezca a las personas procesadas, sean estas personas físicas o jurídicas (las personas jurídicas, morales o ficticias, son creaciones legales con derechos y obligaciones, como las compañías o las instituciones).
Y, justamente, la excepción es la que me ocupa: de 6 proyectos de Código Penal que se discuten en la comisión bilateral creada por el Senado y por la Cámara de Diputados, 5 proponen que se exima de responsabilidad penal al Estado, al Distrito Nacional, a ayuntamientos y a iglesias; mientras que el proyecto del senador por la Provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, es el único opuesto a cualquier excepción de responsabilidad que garantice impunidad.
En Derecho Penal, las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables de las infracciones cometidas por las acciones u omisiones que sean la consecuencia del incumplimiento de sus deberes —los de la persona jurídica— de dirección, control o supervisión, que es distinto de la responsabilidad personal del funcionario o funcionaria por una acción u omisión que constituya una infracción penal.
Si el Estado, el Distrito Nacional o el ayuntamiento no pueden ser penalmente responsables por la falta de supervisión y vigilancia sobre la estructura del Jet Set, que se traduce en un homicidio involuntario o culposo ¿quién lo será? ¿quién reparará de manera justa a las víctimas de la tragedia? ¿sobre quiénes recaerá la responsabilidad de que estas tragedias no vuelvan a ocurrir? ¿quién se va a ocupar de reparar a la sociedad dominicana, asegurándose de que existan políticas públicas eficaces y de que las personas que ejercen función pública cumplan con sus obligaciones?
Es injusto pretender que las víctimas de la tragedia del Jet Set —y de otras, como las que fueron consecuencias de las fúnebres lluvias de noviembre de 2023 y de 2024— emprendan el tortuoso peregrinaje de las múltiples demandas en responsabilidad patrimonial del Estado o responsabilidad civil, adicionales a las querellas penales, y transiten por diversos caminos judiciales, sujetos a distintos regímenes de prueba, de intervención en los procesos, de admisibilidad, o costos económicos.
Claro que para construir una estructura contra la impunidad y la irresponsabilidad se requiere más que un Código Penal, pero esta es una oportunidad muy oportuna (valga la redundancia) para comenzar a llenar aquellos vacíos de los que tanto se ha venido hablando desde que ocurrió aquella tragedia.
Si se llega a aprobar un código penal con eximentes de responsabilidad penal al Estado, al Distrito Nacional y a los ayuntamientos, ganaría la impunidad y la tragedia del Jet Set no nos habría enseñado nada. Me cuesta creer que profundizaremos en los errores que aseguran y perpetúan la impunidad.
Me hago, entonces, la siguiente pregunta: ¿a quién es que le va a doler la gente?
Lo que dice la gente