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La Promesa de la Igualdad

La Promesa de la Igualdad

¿Iguales?

Sí. Aunque probablemente no todas las personas entendemos la igualdad de la misma manera. La diversidad de respuestas que podría ofrecer cada persona que lee estas líneas revelaría, por sí sola, lo diferentes que somos. Esta es una entrega un tanto atípica, cuyo propósito no es más que hacer un llamado a la reflexión sobre aquello que nos une, en una época en la que tantos esfuerzos se dirigen a dividirnos mediante el odio. En un contexto de tantas diferencias, en el que efectivamente las personas somos tan distintas, mi propuesta es situar en el centro la dignidad común que nos hace iguales.

Me permito plantear la siguiente ilustración. Cuando una pareja decide agrandar su familia y tener, en este caso, tres hijos, cada uno de ellos es su propia persona: un individuo no solo con la capacidad y el derecho, sino también con la responsabilidad de tomar las decisiones que harán de su vida una vida verdaderamente suya, distinta de la de los demás miembros de su familia. En ese universo de decisiones, acciones, personalidades y formas de existir, y en medio de tantas diferencias, ninguno pierde jamás una condición común: su calidad de hijo.

Esta calidad de hijo es una condición inherente e inalienable; es decir, le corresponde a cada uno por el simple hecho de haber nacido en esa familia y es imposible arrebatársela. A su vez, como consecuencia directa de esta condición común, cada uno tiene el mismo derecho a ser reconocido y tratado como miembro pleno de la familia. Esto no significa que los tres sean idénticos, que necesiten lo mismo o que deban recibir exactamente el mismo trato en todas las circunstancias. Significa, más bien, que ninguna de sus diferencias permite considerar a uno menos hijo que los demás, atribuirle un valor inferior o excluirlo de aquello que les corresponde por igual.

Es evidente, sin ánimo de simplificar en exceso, que el bebé recién nacido necesita ser amamantado con cierta frecuencia, mientras que el hijo de dieciséis años requiere un plato de comida mucho más abundante que el niño de nueve. Aun así, existe algo intuitivo, natural y profundamente moral que deja claro a los padres que ninguno de los tres puede ser excluido de la mesa ni dejado intencionalmente sin comer. Sus distintas necesidades justifican que reciban cantidades diferentes; su condición común impide que alguno sea considerado menos merecedor de alimento, cuidado, pertenencia y amor.

Algo semejante ocurre con la dignidad humana. No somos iguales porque seamos idénticos, porque tomemos las mismas decisiones o porque vivamos de la misma manera. Somos iguales porque, en medio de todas nuestras diferencias, cada persona posee el mismo valor intrínseco por el solo hecho de ser humana. Esa dignidad no se obtiene como premio por comportarse de determinada manera, no depende de la aprobación de la mayoría ni puede ser retirada cuando la existencia, las decisiones o la identidad de alguien incomodan. Al igual que la condición común de los tres hijos, la dignidad es inherente e inalienable: nos pertenece y nadie puede despojarnos legítimamente de ella.

La promesa de la igualdad puede sonar utópica. Sin embargo, cuando nos detenemos a reflexionar, descubrimos que no se trata de una aspiración ajena a nuestra realidad. Por el contrario, como demuestra el ejemplo de la familia, ese mandato moral de no excluir ni establecer diferencias de trato sin una razón legítima está presente en nuestra vida cotidiana.

Algo profundo y muy humano nos dice que no sería justo llevar de vacaciones con mamá y papá a uno de dos hermanos de edades similares, mientras el otro permanece en casa con la abuela, si no existe razón alguna que justifique esa diferencia. Del mismo modo, reconocemos intuitivamente la injusticia de brindar educación y cuidado a un niño de ocho años mientras a su hermano de diez se le priva de la escuela y se le envía a trabajar en el campo. En ambos casos, lo que nos perturba no es simplemente que los hermanos reciban tratos distintos, sino que esa diferencia carezca de una justificación legítima y coloque a uno de ellos en una situación de inferioridad.

Lo anterior revela que, por más teórico y abstracto que pueda parecer en el lenguaje jurídico, el concepto de dignidad humana no nos resulta extraño. Al fin y al cabo, se trata del fundamento esencial de la promesa de la igualdad. No solo nuestra común humanidad nos hace iguales, sino que la igualdad misma responde a algo profundamente humano. Por eso, en muchas ocasiones podemos sentir la injusticia de un trato discriminatorio incluso antes de ser capaces de explicar racionalmente por qué es injusto.

El derecho no inventó esa intuición moral, bastante humana. Lo que hizo fue traducirla en un compromiso que vincula a toda la sociedad: la dignidad que reconocemos en nosotros mismos también debe ser reconocida en cada una de las demás personas. Al hacerlo, extendió la lógica de aquella familia de cinco miembros hasta abarcar a toda la familia humana, en la que todos debemos ser reconocidos como miembros plenos y con igual dignidad. No se trata, además, de una idea ajena para una sociedad de formación predominantemente cristiana, cuya tradición también nos invita a reconocernos como hijos de un mismo Padre y, por tanto, como hermanos y hermanas.

En una época en la que el odio procura convencernos de que algunas personas merecen menos por su nacionalidad, su color de piel, su situación económica, sus creencias, su orientación sexual, su identidad de género o sus ideas, defender la igualdad exige recordar una verdad elemental: ninguna diferencia puede borrar la dignidad de una persona. Podemos disentir profundamente sobre cómo vivir, pensar o construir una sociedad. Lo que no podemos hacer es convertir ese desacuerdo en una autorización para degradar, excluir o deshumanizar a los demás.

Reconocer la dignidad ajena no exige comprender todas las experiencias, aprobar todas las decisiones ni sentir afecto por cada persona. Exige algo más básico y, a la vez, más difícil: aceptar que los derechos no son premios reservados para quienes se parecen a nosotros, viven como nosotros o cuentan con nuestra aprobación. Si la dignidad es verdaderamente inherente, también pertenece a quien nos resulta distinto, incómodo o incluso profundamente desagradable. De lo contrario, no estaríamos hablando de dignidad como derecho, sino de privilegios concedidos de manera selectiva.

Quizás la promesa de la igualdad nunca consista en alcanzar una sociedad sin diferencias. Y la verdad, ¿quién querría vivir en una sociedad así? Quizás la meta sea, por el contrario, construir una sociedad en la que esas diferencias jamás determinen quién merece ocupar un lugar en la mesa: una sociedad capaz de servir porciones distintas cuando las necesidades lo exijan, pero incapaz de aceptar que alguien sea dejado deliberadamente sin comer. La promesa seguirá siendo solo una promesa mientras permitamos que algunos sean excluidos; comienza a convertirse en realidad cada vez que reconocemos, sin excepciones, que nadie es menos humano, menos digno ni menos merecedor de derechos que los demás.

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