El pasado lunes 10 de marzo, la ministra de Interior y Policía de la República Dominicana, Faride Raful, ofreció una rueda de prensa en la que se refirió al incidente ocurrido el 8 de marzo, cuando agentes de la Policía Nacional interrumpieron arbitrariamente una manifestación en el Parque Independencia con motivo del Día Internacional de la Mujer. La irrupción policial se produjo justo cuando Corina, una campesina de Monte Plata, interpretaba junto a su grupo de Salve la canción ‘‘Aguacero, Agua’’, un ritmo de tradición dominicana. A pesar de que la presentación se realizaba en español y de ser este ritmo una expresión cultural propia del país, los agentes desconectaron violentamente los equipos de sonido. Mientras lo hacían, el oficial aparentemente a cargo justificó su acción afirmando: "No me van a dar un concierto de haitiano. Si me van a cantar, no me van a cantar en creole a mí”.
En ese momento, los agentes policiales, cuya labor es garantizar la seguridad de las personas manifestantes, se erigieron como jueces de la libertad de expresión y de asociación, decidiendo no sólo quién podía ejercer el derecho a la protesta pacífica—pese a que la manifestación estaba legalmente autorizada—, sino en qué idioma era aceptable o no hacerlo. La actividad solo pudo continuar cuando el agente a cargo, tras revisar la autorización del evento y ante la oposición de la multitud, reculó y admitió que "tiene el oído medio malo", luego de que Corina le explicara que ella es dominicana y ni siquiera habla creole. Este episodio refleja cómo los prejuicios y la ignorancia dominaron el actuar policial: de manera arbitraria, autoritaria y discriminatoria, pretendieron silenciar una expresión cultural dominicana por considerarla "haitiana".
Ante un atropello de esta magnitud, cabría esperar que las autoridades investigaran lo sucedido y tomaran medidas para evitar futuras restricciones arbitrarias a la libertad de expresión y de asociación pacífica, especialmente cuando estas restricciones responden a prejuicios raciales y xenófobos. Sin embargo, lejos de rechazar la actuación policial, la ministra Faride Raful la respaldó plenamente. En su intervención ante los medios el lunes, la ministra Raful justificó la represión policial argumentando que el Parque Independencia es ‘‘un espacio de gran valor histórico y simbólico". Afirmó que los oficiales deben garantizar tanto el derecho a la protesta como ‘‘la preservación del respeto y la seguridad de estos lugares solemnes’’, y añadió:
"Estos lugares son altamente sensitivos y el lugar donde descansan los Padres de la Patria también debe guardarse con algún tipo de protocolo especial".
De esta forma, en lugar de atender la denuncia de las organizaciones convocantes, la ministra con su pronunciamiento otorgó a la Policía Nacional plena discreción para decidir qué manifestaciones pacíficas considera admisibles en espacios públicos de valor histórico y simbólico. Su postura respalda la represión de manifestaciones políticas en estos espacios bajo el pretexto de proteger su ‘‘solemnidad’’. Lo que podría haber sido una oportunidad para educar a los agentes sobre la diversidad cultural dominicana y su deber de garantizar derechos fundamentales sin discriminación, se convirtió en la antesala de una nueva política en la visión de la ministra Raful: ciertos espacios públicos son ‘‘sagrados’’, y por ende, inaccesibles para determinadas personas y causas. Peor aún, esta restricción no depende del cumplimiento legal del procedimiento de autorización agotado por las manifestantes, sino del criterio arbitrario de los agentes policiales, quienes ahora cuentan con la "carta blanca" de la ministra para aplicar su idea del debido ‘‘protocolo especial’’, el cual, en términos legales y materiales, es inexistente.
Las declaraciones de la ministra Raful resultan profundamente preocupantes y no es tarea fácil dimensionar su pernicioso impacto para la libertad de expresión y asociación, el derecho a la igualdad, el derecho a la cultura, el Estado de Derecho y la institucionalidad. En primer lugar, desconocen que el derecho a la protesta pacífica implica, necesariamente, que estas manifestaciones puedan realizarse en espacios de relevancia simbólica e histórica como el Parque Independencia. De hecho, este es precisamente el motivo por el cual protestas de diversa índole han tenido lugar tradicionalmente en espacios como la Plaza de la Bandera o el mismo Parque Independencia. No se realizan en un estacionamiento o en una cancha de baloncesto porque el significado del lugar es parte del mensaje.
Por otro lado, la ministra habla de la ‘‘preservación del respeto y la seguridad de estos lugares solemnes" sin presentar ninguna evidencia de que la manifestación representaba un riesgo para la seguridad del sitio. Más bien, al invocar la "solemnidad" como justificación, la ministra envía un mensaje claro: ciertos espacios públicos no son aptos para manifestaciones pacíficas como esta. Esta postura refuerza los mismos prejuicios raciales y xenófobos que motivaron la acción de los agentes, ya que, en la práctica, sugiere que todas las manifestaciones son aceptables, excepto aquellas que incorporan elementos que el oficial de turno asocie con la cultura africana o haitiana.
El incidente del 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, debió haber sido recibido con el más enérgico rechazo por parte del Ministerio de Interior y Policía, no con complicidad. El respaldo de la ministra a los agentes no solo les otorga vía libre para decidir qué expresiones y manifestaciones pueden censurar, sino que también legitima la represión arbitraria basada en prejuicios raciales y xenófobos. Además, el hecho de que esta acción represiva haya ocurrido contra personas y organizaciones feministas, antirracistas y defensoras de derechos humanos tiene un efecto silenciador. Estas organizaciones perciben el respaldo de la ministra a los agentes que vulneran sus derechos, lo que genera un ambiente hostil para la protesta social sobre estas causas. A su vez, este episodio alimenta la errónea idea de que ciertas expresiones culturales están prohibidas en el país o de que es ilegal manifestarse en determinados idiomas solo porque los oficiales de turno los asocian con Haití.
Lo más triste de este situación es que maliciosamente se caracteriza una manifestación cultural dominicana en un evento de protesta por los derechos de las mujeres como algo antipatriótico, cuando no hay pocas cosas tan patrióticas como exaltar nuestra cultura o exigir por nuestros derechos como lo hicieron los padres de la patria. Lo que sí debe ser siempre antipatriótico son estas acciones que socavan nuestro Estado de Derecho, que legitiman prejuicios desde el Estado y que dejan a todas las personas vulnerables a este tipo de arbitrariedades por parte de la Policía.
La ministra Raful ha sentado un precedente peligroso: en su visión, los símbolos patrios merecen más protección que los derechos fundamentales de las personas. Ojalá pueda reconsiderar y rectificar su postura a tiempo.
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