¿Por qué tanto alboroto con Punta Catalina?

Punta Catalina desde sus inicios ha sido una planta controversial, primero porque la obra quedó manchada por las acusaciones de sobornos de Odebrecht y ahora vuelve a ser tendencia por el miedo a que la planta sea privatizada, por eso el pasado 30 de enero el Presidente se refirió al tema de Punta Catalina. 

Abogados y distintos sectores de la sociedad se quejaron de que el contrato de fideicomiso para manejar la Central Termoeléctrica Punta Catalina tiene algunos puntos preocupantes y sus principales críticas fueron: 

• No se ha presentado un estudio costo-beneficio que brinde datos medibles sobre si la planta debería ser manejada en un fideicomiso. 
• No hay una ley sobre fideicomiso público en República Dominicana por lo tanto la falta de regulación de esta figura puede poner en peligro bienes del Estado y entrar en conflicto con las leyes a las que se somete el sector público. 
• Queda la duda de si la planta al estar en un fideicomiso se regirá por la ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas como se debe hacer con todas las compras y contrataciones del Estado. 
• Queda la duda de si Punta Catalina al momento de solicitar un préstamo deberá ser aprobado primero por el Congreso nacional como pasa de manera regular con los contratos de préstamos del Estado. 
• El Contrato establece un Comité Técnico que tiene facultades de gerencia demasiado amplias y necesita de una debida regulación, por ejemplo: establece sus propios suplentes, tiene la facultad de endeudar la planta hasta en el cien por ciento de su valor, regula su propia fiscalización, puede crear deuda a cargo del patrimonio público y hacer compras y contrataciones, designa sus órganos de apoyo, aprueba la incorporación de fideicomitentes adherentes y no hay impedimento a que los pertenecientes al comité desarrollen actividades que puedan eventualmente derivar en conflictos de interés.
• Resulta cuestionable que la conformación del Comité Técnico del fideicomiso sean personas que no representan órganos o entidades públicas. Esto puede traer conflictos de interés y una “huida del derecho público” como restricciones de contratación pública, crédito público y control financiero.
• La figura del fideicomitente adherente genera suspicacia ya que el contrato no aclara cuales son sus derechos y beneficios. Es decir, aunque el Estado sea el beneficiario final del bien al acabarse el fideicomiso, que tiene una duración de 30 años (la larga duración siendo criticada por muchos), ¿los beneficios que reciban estos fideicomitentes adherentes se descontarán de lo que reciba el Estado dominicano al finalizar el fideicomiso? 

Todo esto fue cuestionado por abogados de larga trayectoria como Nassef Perdomo, Olivo Rodríguez Huertas, Ángel Lockward y una importante parte de la opinión pública. Esta discusión hizo que el Presidente de la República se dirigiera a la nación para anunciar que solicitará al Senado de la República posponer el conocimiento del Proyecto de Fideicomiso de Punta Catalina hasta que el Consejo Económico y Social (CES) reciba las opiniones de todos los sectores que quieran aportar para buscar un mecanismo más apropiado y transparente. Además avisó que enviará al Congreso un Proyecto de Ley para fortalecer la regulación de los fideicomisos públicos, entre otros anuncios. 

No obstante, muchos se preguntarán ¿pero por qué este tema tiene tanta importancia? Pues porque aunque Punta Catalina haya estado envuelta en un escándalo de corrupción es un bien sumamente preciado para la República Dominicana. 

En los últimos 15 años la mitad del déficit o deuda pública se explica por el déficit del sector eléctrico. Las empresas generadoras de electricidad, están en su mayoría, en manos del sector privado y el Estado compra esa electricidad que luego las empresas distribuidoras EDEs distribuyen pero las empresas distribuidoras tienen un alto déficit que lo financia el gobierno con deuda.

Las EDEs no recaudan mensualmente la cantidad de dinero suficiente para cumplir sus compromisos, hacer inversiones y mantener la sostenibilidad financiera del sector eléctrico. El déficit financiero que acarrean las empresas distribuidoras de electricidad (EDEs) es la razón fundamental por la que hay apagones frecuentemente en varios circuitos a nivel nacional.

Las distribuidoras han tenido pérdidas prácticamente desde el principio, Trujillo tomó el control del sector eléctrico porque quería cobrarle a unas personas y a otras no, con Balaguer también hubo déficit lo único que como se mezclaba con los beneficios de las empresas generadoras se compensaba, pero cuando esto se desglosa y se separa en un componente de generación sector público/sector privado (EGEITABO, EGEHAINA, EGE HIDRO), un componente de transmisión (ETED) sector público y un componente de distribución y comercialización sector público (EDENORTE, EDESUR Y EDEESTE) el beneficio de la generación no compensa a las distribuidoras. 

Las empresas generadoras de electricidad, al ser privadas en su mayoría, la transmisión de energía es del Estado Dominicano y también las 3 distribuidoras, la forma de tomar control de la generación para estabilizar el problema de apagones del sector eléctrico y reducir el déficit, fue construir una planta de gran envergadura que fuese del Estado dominicano, esa planta es Punta Catalina. Punta Catalina representa el 30% de toda la generación del país, se presume que tuvo un costo de más de tres mil millones de dólares pero las auditorías serán las que revelarán realmente cuánto costó al Estado. 

Esa planta que se hizo con capital público le va a permitir obtener beneficios al gobierno como poder bajar el precio de compra de electricidad a las empresas distribuidoras que son deficitarias. Además, Punta Catalina tendrá un beneficio directo vendiendo la electricidad al precio de mercado, es decir que va a generar beneficios al Estado y del mismo modo se reducirá el déficit. 

¿Cuál es el riesgo de que Punta Catalina se privatice? 

Al vender un activo a un privado, este va a buscar su propio beneficio y rentabilidad, no el beneficio del Estado. Pueden subir el costo de la electricidad y también se benefician de invertir en un bien sumamente valioso por la cantidad de generación que provee al país. 

Entonces que una parte de la opinión pública se haya manifestado y movilizado para que el contrato de fideicomiso que administrará a la Central Termoeléctrica Punta Catalina esté lo más claro y regulado posible, es en definitiva importante y aunque el tema eléctrico es complicado y técnico debe ser de conocimiento de todos que Punta Catalina es un bien público muy preciado para la República Dominicana. 

El gran reto que tiene el país por delante más allá de Punta Catalina es lograr la verdadera reforma y eficacia del sector eléctrico para así poder asegurar ese derecho a los y las dominicanas pero también reducir la deuda que este sector genera al país.