La Oquedad de un debate sin mujeres. Una perspectiva paritaria

Un debate presidencial sin la visión y participación de las mujeres candidatas, es un debate incompleto, vacío, hueco, que debilita la democracia.

Estuve leyendo la “Guía para la Organización de Debates Políticos” del Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI por sus siglas en inglés), cuyas mejores prácticas, según la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), organizadora de un debate presidencial anunciado el pasado 7 de marzo, fueron las consideradas para invitar al debate presidencial únicamente a 3 candidatos de 3 de los 4 partidos mayoritarios: Partido Revolucionario Moderno (PRM), Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y La Fuerza del Pueblo (FP o FUPU).

Según se explica en la guía, esta responde a la línea de acción “Democracia con Resultados” del NDI, que se basa en “que la credibilidad en la democracia contemporánea como sistema político depende de manera importante del adecuado funcionamiento de sus instituciones y de los resultados tangibles que se pueden generar en este sistema a fin de aumentar la calidad de vida de la ciudadanía”, explicando que los debates en los sistemas democráticos “se constituyen en escenarios ideales para analizar las dimensiones de la “oferta política” (rol de los partidos políticos, candidatas y candidatos) y la “demanda de resultados” (por parte de la ciudadanía)”, así como para determinar “el tipo de desafíos que se enfrentan y la brecha existente entre ideales y realidades”.

La referida guía inicia con un título destinado a la “selección de las y los participantes en un debate” (así, con ese mismo lenguaje inclusivo), y establece que a estos fines es “fundamental fijar parámetros claros y bien sustentados al momento de determinar la cantidad de candidatas y candidatos que podrán participar en un debate”, de donde es importante estabecer el metodo de selección más adecuado con anterioridad y -atención- el mismo debe responder “a condiciones específicas del proceso electoral, con la idea de demostrar imparcialidad y neutralidad posible”.

Aunque propone un debate que no supere más de cinco personas, por la dificultad para su manejo, la guía sugiere que se tomen en cuenta las condiciones políticas existentes, que las reglas de selección “sean políticamente adecuadas de acuerdo al contexto específico”  y que puedan “ser defendibles por parte de los organizadores ante las y los candidatos no invitados”.

De entrada parece que, lejos de excluir, las mejores prácticas internacionales sugieren la inclusión de nuestros valores democráticos. Y me explico. Para hacerlo, es preciso mencionar la iniciativa Gana con las Mujeres del propio NDI (Win With Women, WWW) “diseñada para ayudar a los partidos políticos a ser más inclusivos y representativos”, y que reconoce el compromiso en la creación de un rol más importante para las mujeres en la vida político-partidaria.

También preciso resaltar el programa Supporting Inclusive Early Party Development: Program Guidance, publicado en 2020 por el mismo NDI, según el cual “las mujeres enfrentan muchas barreras individuales para postularse para un cargo público” por lo que, entre otras medidas, insta a la sociedad civil a brindarles apoyos adicionales, dentro de las cuales se encuentra “proporcionar oportunidades para que las mujeres compitan junto a sus homólogos masculinos en entornos controlados”, como los debates.

Todo esto me lleva a concluir que las mejores prácticas internacionales del NDI abogan por una democracia paritaria, que incluya a las mujeres en los partidos, en las contiendas, en los espacios de toma de decisiones y, claro, en los debates.

Si analizamos el contexto nacional, donde se precisa dinamizar la participación política de las mujeres adoptando medidas con una perspectiva paritaria y de género, es obvio que estas deben ser consideradas en la determinación de las reglas de los debates presidenciales, para incluirlas.

Cuando revisamos nuestro contexto normativo, en primer orden la Constitución establece las bases para la democracia paritaria en los numerales 3, 4 y 5  de su artículo 39, cuando dispone que:

• Se debe promover las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas para prevenir y combatir la discriminación, la marginalidad, la vulnerabilidad y la exclusión;
• Se promoverán las medidas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género; y
• Se debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular.

De ahí, que tanto la ley de partidos como la de régimen electoral disponen expresamente una cuota -o proporción- de participación política de mujeres y hombres de no menos de 40% y no más de un 60% de mujeres y hombres por demarcación electoral, para los puestos de elección popular (que actualmente solo se aplica en los niveles de regidurías, diputaciones y en el PARLACEN).

Dicho todo esto, el uso de las perspectivas de género y paritaria como herramientas para la determinación de las reglas de un debate, debería concluir que en un debate presidencial coherente con nuestro contexto, con nuestras normas y con las mejores prácticas internacionales, perfectamente se puede invitar a cinco personas, dos de los cuales deben ser mujeres.  Pudiendo combinar esta regla paritaria, con alguna otra alternativa para la selección, ya sea por encuesta de intención de voto, por peso electoral del partido, por representatividad de otras minorías o grupos tradicionalmente invisibilizados. Es lamentable y, por tanto, hace cuestionables las reglas indefendibles determinadas por ANJE que, a pesar del contexto social, cultural y normativo vigente, las mujeres candidatas a la presidencia han tenido que alzar la voz para reclamar su derecho a participar en el referido debate público.  La oportunidad de escucharlas es una oportunidad de visibilizarlas, de conocer sus visiones y sus propuestas, de refrescar la desgastada oferta política tradicional; pero también es una oportunidad de apostar por el fortalecimiento de nuestra democracia, promoviendo con esto la posibilidad de diálogo entre la ciudadanía -toda representada- y las personas que aspiran a gobernar nuestro país.