El anuncio del gobierno dominicano de fusionar el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD) en la República Dominicana ha pasado desapercibido en el debate público quizás debido a la naturaleza técnica del quehacer de ambas instituciones, en especial del MEPYD, lo cual las hace poco conocidas entre la población en general. Sin embargo, esta misma naturaleza es la que debería movilizar al debate para evitar la pérdida de avances cruciales en el desarrollo nacional debido a la incompatibilidad de las funciones de ambos organismos y a los riesgos asociados a esta reestructuración institucional, en especial los peligros de subordinar la planificación estratégica que le corresponde al Ministerio de Economía a la política fiscal que establece el Ministerio de Hacienda. Esta fusión supondría una amenaza a los avances que se han logrado desde el Ministerio de Economía en el proceso de lograr que las políticas públicas, es decir la respuesta del gobierno a las necesidades de la población, sean formuladas con la participación de los actores locales tomando en cuenta sus sugerencias y las particularidades de cada territorio, así como a la implementación de la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial.
Este proyecto avanza a pasos acelerados en el Congreso Nacional impulsado por intereses que buscan colocar la función de decidir sobre la inversión pública bajo la tutela de un solo organismo y con una óptica financiera que no siempre tiene como prioridad el desarrollo humano o ambiental.
Dos instituciones, dos naturalezas
El MEPYD, creado bajo la Ley 498-06, tiene la misión de ser el ente rector de la planificación estratégica, encargado de articular políticas públicas transversales y garantizar su coherencia con los objetivos nacionales. Todo lo anterior dentro del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública cuya herramienta principal es la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, un instrumento de planificación de largo plazo que busca un desarrollo sostenible, inclusivo y equitativo. Por su parte, el Ministerio de Hacienda se centra en la gestión fiscal, la formulación del Presupuesto General del Estado y el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, priorizando el corto plazo y la disciplina fiscal, es decir garantizar la estabilidad económica del país, evitar déficits excesivos y cumplir con las obligaciones financieras.
La eliminación del MEPYD para pasarlo a Hacienda subordina la planificación estratégica a la lógica fiscal y compromete la visión de largo plazo de la END debido a que aunque la disciplina fiscal es crucial, basar todas las decisiones en ella puede sacrificar inversiones y políticas necesarias para el desarrollo a largo plazo, desbalanceando los objetivos del país. Por ejemplo, Hacienda tiende a centrarse en el corto y mediano plazo, asegurando que las cuentas estén equilibradas. En cambio, el MEPYD, en el aspecto de la planificación busca objetivos de desarrollo a largo plazo, como mejorar infraestructura, educación o salud. Si solo se considera la perspectiva fiscal, se pueden recortar inversiones en proyectos estratégicos que no dan resultados inmediatos pero son importantes para el futuro.
Los números son importantes pero las personas también. El equilibrio es clave y ha quedado evidenciado en el propio proyecto de Ley aprobado ya por el Senado de la República Dominicana que de manera específica suprime al MEPYD, deroga la ley 498-06 y modifica la ley 494-06 que crea al Ministerio de Hacienda que no se trata de una fusión sino de una absorción. Es importante resaltar de nuevo que la planificación requiere una perspectiva integral que incorpore variables sociales, ambientales y territoriales, mientras que la política fiscal se guía por criterios de ingresos, gastos y sostenibilidad financiera inmediata. Por ejemplo, el otorgamiento de códigos para proyectos de inversión pública, actualmente evaluado por el MEPyD bajo criterios de impacto social y alineación con la END, podría reducirse a un análisis exclusivamente fiscal bajo un ministerio fusionado. Esto limitará la financiación de proyectos con beneficios a largo plazo, como los enfocados en desarrollo regional o mitigación de riesgos, que no siempre son prioritarios desde una óptica fiscal.
Además, la planificación estratégica exige una capacidad de negociación técnico-política con actores locales y sectoriales, una función que el MEPyD ha desarrollado con éxito mediante procesos participativos. Un ministerio dominado por la lógica hacendaria podría centralizar estas decisiones, reduciendo la flexibilidad necesaria para coordinar con gobernaciones provinciales, autoridades municipales y sociedad en general representada en los consejos de desarrollo de diferentes escalas, y generando políticas descontextualizadas de las necesidades territoriales.
Un recién nacido llamado ordenamiento territorial
A propósito de las necesidades territoriales en la planificación, uno de los grandes avances de esta administración gubernamental ha sido la aprobación de la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, que fue promulgada en 2022 y estuvo discutiendo durante más de una década en los organismos legislativos y técnicos. Esta ley representa un avance significativo en el procurar que los planes y proyectos tomen en cuenta las potencialidades de cada territorio, su realidad social, su vocación de uso de suelo y promueve la planificación participativa y la democratización de los datos territoriales. Por ejemplo, un territorio con una alta vocación agrícola debido a la calidad que tiene para ello su suelo debe tener planes e instrumentos que garanticen que estos no serán utilizados para una urbanización indiscriminada y sin control. Por no hablar de los asentamientos informales expuestos a desastres causados por fenómenos naturales al crecer sin regulaciones y otros tantos temas y problemáticas que esta ley procura solucionar y organizar.
La referida Ley 368-22 establece al MEPyD como el ente rector del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) y de los planes de ordenamiento territorial a nivel regional, así como de garantizar la consistencia técnica de los planes municipales de ordenamiento territorial. Cambiar el ente rector tan pronto después de su aprobación generaría inestabilidad institucional y retrasaría la implementación de iniciativas como el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, recién finalizado después de un proceso de más de 10 años e incluso afectaría en lo local a planes como el de San Francisco de Macorís, el primer municipio en formular un plan bajo esta normativa, por no mencionar los aún pendientes y tan olvidados planes regionales de ordenamiento y desarrollo territorial así como los planes e instrumentos de ordenamiento territorial ya formulados o en proceso en territorios como Verón, Moca, San Cristóbal, entre otros. Es decir, en territorios de alto impacto estratégico desde el punto de vista turístico, de seguridad alimentaria o industrial.
La fusión podría centralizar las funciones de ordenamiento territorial en un ministerio con prioridades fiscales, desvirtuando el enfoque participativo y territorial de la Ley 368-22. Por ejemplo, la asignación de recursos para proyectos de desarrollo local podría priorizarse según su viabilidad fiscal, ignorando las demandas de las comunidades y los criterios de sostenibilidad ambiental establecidos en la ley. Esto comprometería el objetivo de construir pactos políticos y sociales para el desarrollo territorial, objetivo que ha sido reseñado públicamente por funcionarios ligados al tema.
Una anciana olvidada: la participación social en las políticas públicas
La Ley 498-06 otorga al MEPyD la responsabilidad de promover la participación ciudadana en la formulación de planes de desarrollo y en el presupuesto. A través de procesos como el acompañamiento técnico a diversos ayuntamientos para la elaboración de sus Planes Municipales de Desarrollo y la medición de su cumplimiento a través del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública Municipal (SISMAP-M); la implementación del Sistema de Registro Único de Demandas Ciudadanas Territoriales (RUDCT) mediante el cual los ciudadanos de las provincias, agrupados en Consejos de Desarrollo Provinciales, son consultados acerca de sus necesidades e ideas de proyectos y estas peticiones y sugerencias son llevadas a los organismos estatales responsables de su ejecución para que las incorporen en sus presupuestos institucionales; y la inclusión de los hitos de la Cohesión Territorial en la Evaluación de Desarrollo Institucional, incluida la obligación de contemplar al menos el 10% de las demandas ciudadanas de las diferentes provincias recogidas mediante el RUDCT en los presupuestos institucionales, el MEPyD ha avanzado en la inclusión de organizaciones sociales en la definición de prioridades, fortaleciendo la legitimidad de las políticas públicas.
Una fusión con Hacienda, cuya prioridad es la eficiencia fiscal, podría marginar estos mecanismos participativos, ya que la formulación presupuestaria tiende a ser más técnica y menos abierta a la concertación social. Si ahora nos parece que las grandes inversiones gubernamentales se concentran en Santo Domingo y Santiago, de aprobarse el proyecto de absorción tal y como está elaborado, los habitantes de las demás provincias pueden olvidarse de que sus necesidades sean consideradas siquiera a la hora de formular el presupuesto nacional.
La experiencia internacional, como en Bolivia, muestra que cuando los ministerios de hacienda asumen funciones de planificación, las decisiones de inversión pública se alinean con restricciones fiscales, relegando las demandas ciudadanas. En la República Dominicana, esto podría revertir los avances logrados en la construcción de políticas públicas integrales y concertadas, afectando la confianza en las instituciones y la cohesión social.
Un ahorro que no existirá
La fusión plantea riesgos significativos para el personal del MEPyD, incluyendo profesionales con alta capacidad técnica y académica que han contribuido al diseño de la END y los planes territoriales. El despido de este personal no solo representaría una pérdida de capital humano, sino que también generaría costos legales y sociales. Además, empleados con más de 18 años de servicio, que aún no cumplen los requisitos para pensionarse, podrían quedar en una situación de vulnerabilidad, incrementando la presión sobre el sistema de seguridad social.
Contrario al argumento de ahorro presupuestario, la fusión podría aumentar los costos del Estado. La reestructuración institucional requiere gastos en indemnizaciones, reubicaciones y la creación de nuevas estructuras administrativas. Además, la pérdida de capacidades técnicas podría obligar al gobierno a contratar consultorías externas, elevando el gasto público. Experiencias como la fusión del Ministerio de Economía y Finanzas en Panamá muestran que, aunque se buscaba eficiencia, los costos de transición y la duplicidad de funciones generaron incrementos presupuestarios.
La muerte de un sistema
La fusión del Ministerio de Hacienda y el MEPyD es una propuesta que, aunque busca eficiencia, presenta riesgos significativos para la planificación estratégica, la territorialización de las políticas públicas y la participación ciudadana. Subordinar la visión de largo plazo a la lógica fiscal de corto plazo comprometerá los objetivos de desarrollo sostenible establecidos en la Ley 498-06. Asimismo, alterar el ente rector de la Ley 368-22 tan pronto después de su aprobación generaría inestabilidad y retrasos en el ordenamiento territorial. Finalmente, los despidos de personal técnico y los costos de transición podrían incrementar el presupuesto del Estado, contradiciendo el propósito de la fusión que es en realidad absorción.
Mantener la autonomía del MEPyD es esencial para garantizar una planificación coherente, participativa y alineada con las necesidades del país. De continuar y ser aprobada como ha sido concebida esta fusión será la muerte del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública y del recién nacido Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial. Las consecuencias afectarán como siempre a los territorios más vulnerables del país.
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