En el reciente anuncio de la reforma fiscal se destacó que ni el arroz, ni el pollo, ni el plátano, ni la yuca, ni los panes ni la leche estarían siendo afectados por el Impuesto al Valor Agregado (IVA). La presentación de estas exenciones se expresaba como una preocupación por proteger a los sectores más vulnerables, pero es justo en lo no mencionado, en la ampliación de la base de ese impuesto, con lo que se estará afectando a la población más pobre.
Arroz, plátano, yuca, panes, huevos, pollo y leche, solo estos siete ingredientes de colores blanco y amarillo, representan el 44.5% de las compras en alimentos para el quintil (20%) más pobre y un 35% a nivel nacional. Con la implementación de la reforma fiscal, esta ya alta concentración muy probablemente aumentará, ya que los precios de otros alimentos —sus posibles sustitutos— subirán al ser gravados.
Al gravar frutas, verduras, legumbres, pescados y otras carnes, se reniega el acceso a alimentos con mayor valor y equilibrio nutricional, con posibles consecuencias negativas en la salud de la población general a largo plazo. Esto sin hablar de otros aspectos menos contabilizables como el derecho a disfrutar de platos diversos en sabores, y hasta en colores.
La afectación no será únicamente hacia los más pobres, tendrá también su efecto en una llamada clase media que desde hace rato no se explica los precios actuales de los supermercados mientras quiere probar nuevas dietas con recetas siempre truncadas por algún que otro ingrediente convertido en lujo.
Con la ampliación de la base impositiva se estará reduciendo la canasta alimentaria hacia una dieta más repetitiva y monótona. Esto no es para nada desprecio hacia esos siete alimentos, responsables importantes en el aporte calórico y proteico de una gran mayoría de la población, solo recordar que para darles brillo hay que acompañarles con ajo, ajíes, cebollas, y otros tantos y otros tantos.
La política fiscal tiene el poder de influir directamente en los hábitos de consumo, promoviendo comportamientos más saludables y sostenibles, si se quiere. No solo influye sobre las cantidades que se consumen, sino también las decisiones que toma la población en términos de calidad. Las modificaciones en los precios, ya sea por impuestos o exenciones, pueden alterar las elecciones alimentarias, con efectos cualitativos que impactan la salud y el bienestar general. Como buen ejemplo está el impuesto sobre las bebidas azucaradas por cada gramo de azúcar añadido. Cómo pésimo ejemplo está la aberrante e indefendible decisión de gravar el agua embotellada: Tan fácil argumentar que no tiene aporte calórico o que el valor agregado que le da la industria del agua embotellada es, cuanto menos, dudoso. Sin contar que los botellones de agua vienen desde hace rato en una espiral de aumento sin ninguna aparente justificación. En términos netos el agua va a aumentar mucho más que los refrescos, por tanto, si se quería lograr un efecto por ese lado, quedaría neutralizado.
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