En el país ya es costumbre que legisladores se indignen por los uniformes de las trabajadoras domésticas remuneradas. El 20 de septiembre del 2017, Gustavo Sánchez, vocero del PLD, depositó el "Proyecto de Ley que limita el uso del uniforme de trabajo por el personal del servicio doméstico al interior y dependencias anexas de los hogares"; dicho proyecto, se convirtió en la iniciativa 05628-2016-2020-CD, contó con el apoyo de congresistas de todos los partidos. Alfredo Pacheco, hoy presidente de la Cámara de Diputados; el combativo, Pedro Botello; las hoy senadoras, Faride Raful y Lía Díaz; el hoy senador, Rogelio Genao y el progresista Fidel Santana, se encuentran en la lista de 50 diputados que acompañaron la autoría del citado proyecto, que fue aprobado en dos lecturas por la Cámara baja y perimió en medio del trámite reglamentario al finalizar la legislatura1.
La semana pasada, se hizo pública la indignación del senador por Santiago Rodríguez. Antonio Marte depositó, el 22 de junio, el "Proyecto de Ley para la prohibición del uso obligatorio de uniformes en lugares públicos y privados a las Trabajadoras Domésticas". La iniciativa del Senador Marte establece que "el trabajo doméstico sigue siendo infravalorado e invisible y que lo realizan principalmente las mujeres, muchas de las cuales forman parte de comunidades desfavorecidas, que son particularmente vulnerables a la discriminación con respecto a las condiciones de empleo y de trabajo, así como a otros abusos de los derechos humanos. Tales como la obligatoriedad de vestir un uniforme que las diferencia de los demás en espacios públicos y privados." Para modificar esta situación, su proyecto de ley busca "sancionar a empleadores con multas que van de 5 a 15 salarios mínimos2".
Cuando le preguntan a Antonio Marte las razones de su proyecto, responde "es que me daba pena en mi parte humana cuando yo iba a un restaurante o a un supermercado que veía a una doméstica… que van al supermercado con el uniforme…3". Los argumentos de los legisladores indignados con el uniforme son los mismos: el uso de ese uniforme en el espacio público y/o privado de uso público, es racismo y discriminación.
Que quienes se dedican al Trabajo Doméstico Remunerado en el país son víctimas de discriminación, explotación y exclusión; es un hecho que no necesita de un uniforme para comprobarse y tampoco desaparecerá con la prohibición de este. La fiebre no está en las sábanas; la discriminación y la explotación no se circunscriben al uso o no de un uniforme en el espacio público. Con estas indignaciones esporádicas pareciera que ver a las trabajadoras uniformadas en el espacio público o en el espacio privado de uso público, les recuerda a las y los legisladores que las trabajadoras existen, y suponen que con la eliminación del uso del uniforme nada les recordará su existencia.
La regulación del trabajo doméstico en el país se hace desde la excepción y es ahí, donde se fundamenta la discriminación. El título IV del Código de Trabajo, prevé condiciones para el trabajo doméstico que convierten a quienes se dedican a dicha ocupación en trabajadoras de 4ta o 5ta categoría. A raíz de la adopción del convenio 189, se han identificado ocho de los principales derechos no contemplados por la legislación nacional para quienes se dedican al trabajo doméstico remunerado. El hecho de establecer que "los alimentos y habitación que se den al doméstico se estiman como equivalentes al cincuenta por ciento del salario4", remite a la servidumbre durante el feudalismo y este hecho es más discriminatorio que cualquier uniforme.
Que cada cierto tiempo, legisladores se indignen por el uso de un uniforme y no por los salarios de miseria, por las extensas jornadas laborales, por la ausencia de protección a la maternidad, y por la no inclusión en la seguridad social, nos deja claro el contenido y alcance real de esa indignación.
Del 2011 a la fecha por el Congreso Nacional han desfilado por lo menos 7 proyectos de ley que buscan regular el trabajo doméstico remunerado. El año pasado en el congreso había tres iniciativas5 sobre Regulación del Trabajo Doméstico; dos de ellas, en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y una en la Comisión de Justicia del Senado. Los tres perimieron; dos de ellos fueron reintroducidos sin modificaciones. El del senado, ahora se encuentra en la Comisión de Seguridad Social, Trabajo y Pensiones; y el de la Cámara, de nuevo en la Comisión de Trabajo.
Cuando se reúnen las comisiones para estudiar los proyectos de ley que buscan regular el trabajo, las opiniones de las y los legisladores no varían por partido. Los sindicatos de trabajadoras del hogar hablan de adopción de salario mínimo, definición de jornada laboral e inclusión en la seguridad social y le responden con: "no es que esté en contra de garantizar derechos, pero …", "yo le agradezco la vida", "es la verdadera madre de mis hijos/as", "fulana es como de la familia", etc. En el congreso, hay mucha falsa indignación y poco compromiso real con la garantía de derechos laborales de las trabajadoras domésticas remuneradas.
Dignificar las condiciones laborales de quienes se dedican al trabajo doméstico remunerado pasa por equipar sus derechos con relación al del resto de personas trabajadoras. Si la preocupación de las y los legisladores fuera legítima, hubiésemos tenido discusiones serias en el congreso sobre los términos en que hay que regular el trabajo doméstico remunerado y no lo que tenemos ahora, que son justificaciones vagas ancladas en la caridad, el clasismo y la estigmatización.
Dedicar tiempo a una discusión sobre el uso o no de uniformes en el espacio público, con el alegato de la pena, es invisibilizar la discusión real, urgente e importante sobre la garantía de derechos laborales para quienes se dedican al trabajo doméstico remunerado. Buscar sancionar empleadores por el uso de un uniforme en el espacio público y obviar que esos mismos empleadores imponen jornadas laborales excesivas, pagan salarios de miseria y ejercen violencia y acoso contra sus trabajadoras, es apostar en contra de la dignificación y formalización del trabajo doméstico remunerado.
No le sigamos el juego a la falsa indignación y enfoquemos la conversación sobre la necesidad de una legislación que regule el trabajo doméstico remunerado, poniendo en el centro de la política a las personas trabajadoras domésticas y equiparando sus derechos laborales con el resto de las personas trabajadoras, porque es eso lo que nos hará avanzar en la lucha contra la discriminación, la explotación laboral, la pobreza y por ende, nos ayudará en la construcción de una sociedad más justa e incluyente.
1https://silportal.camaradediputados.gob.do:446/Iniciativas/Details/132261
2http://www.senado.gov.do/wfilemaster/Ficha.aspx?IdExpediente=33768&numeropagina=1&ContExpedientes=2138&Coleccion=53
3https://www.youtube.com/watch?v=rSCIXt5wqi0&ab_channel=LaTeleRealidadDeIv%C3%A1nRuiz
4Párrafo del artículo 260 del Código de Trabajo. La cursiva y el subrayado son míos.
5http://library.fes.de/pdf-files/bueros/fescaribe/18126.pdf
Sin desperdicio… La fiebre no està en el uniforme.