La desconfianza hacia los organismos internacionales se ha convertido en una herramienta política poderosa. En el discurso público dominicano, cada vez es más común oír que entidades adscritas a Naciones Unidas —como ACNUR, UNICEF, OIM o la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos— buscan “imponer su agenda” sobre el Estado dominicano. Esta percepción, alimentada por la retórica antiglobalista y el rechazo creciente a la Agenda 2030, no es del todo nueva. En realidad, forma parte de un viejo resabio soberanista que ya había descrito en un artículo anterior titulado Sobre el concepto de soberanía nacional del 30 de junio de 2025. En él argumenté que la soberanía consiste en que el Estado mantenga su autopoiesis —es decir, su capacidad de autorregularse y generar sus propias decisiones mediante procesos internos— mientras interactúa con su entorno, y no en cerrarse al derecho internacional ni rechazar toda forma de cooperación externa.
En este artículo, continúo esa reflexión, enfocándome ahora en la relación específica entre el Estado dominicano y los organismos internacionales que trabajan temas sensibles como derechos humanos, migración, infancia o protección humanitaria. Partamos, como ejercicio analítico, de un supuesto que conviene tratar con seriedad: que estos organismos tienen agendas e intereses propios, y que buscan incidir en la orientación de las políticas públicas. A la luz de la teoría de sistemas, esta sospecha puede formularse en términos más formales. Tanto el sistema político dominicano como los organismos internacionales operan como sistemas que se reproducen con base en su propia lógica interna (decisiones políticas, programas de cooperación, normas jurídicas, etc.) y que, aunque operativamente cerrados, son cognitivamente abiertos, lo que les permite observar e interpretar estímulos del entorno.
Cuando los organismos internacionales intervienen con recomendaciones, exigencias o financiamiento condicionado, el sistema político los percibe como perturbaciones ambientales. El temor a que “impongan su agenda” puede interpretarse entonces como una reacción sistémica destinada a reafirmar su frontera operativa. En este contexto, la noción de soberanía funciona como un dispositivo semántico para delimitar qué estímulos del entorno se consideran aceptables y cuáles no.
La pregunta clave no es si hay o no influencia, sino cómo se estructura esa interacción. Desde la teoría de sistemas, hablamos de acoplamiento estructural, es decir, de una relación estable entre sistemas que conservan su autonomía, pero coordinan ciertas funciones. En ese marco, podemos imaginar tres escenarios posibles:
- Que el sistema se abra de forma acrítica y pierda capacidad de decisión propia (subordinación).
- Que se cierre completamente al input externo (soberanía ingenua).
- Que articule un acoplamiento reflexivo y normativamente orientado (cooperación estratégica).
La primera opción es una caricatura que nadie defiende seriamente; la segunda ha sido objeto de mi crítica en el artículo anterior. Solo la tercera constituye una alternativa viable, racional y compatible con una democracia que se piensa a sí misma en diálogo con el mundo (es decir que se relaciona con su medio ambiente).
Ahora bien, lo que resulta políticamente decisivo es quién define cómo se interpreta ese acoplamiento. La percepción de injerencia de los organismos internacionales puede tener origen en una lógica de autopreservación del sistema político, pero es también estratégicamente explotada por ciertos actores que buscan cerrar la red institucional del Estado a toda influencia normativa externa. En nombre de la soberanía o del interés nacional, se bloquean propuestas, financiamientos, recomendaciones o acuerdos que, aunque legítimos —y en muchos casos necesarios para garantizar derechos humanos—, son presentados como imposiciones extranjeras.
Esta estrategia, cada vez más popular a nivel internacional, combina nacionalismo reactivo con control simbólico del discurso público y persigue blindar decisiones regresivas, resistir avances en derechos humanos o consolidar un orden político excluyente, sin tener que enfrentarse abiertamente a los marcos normativos internacionales. Se redefine así, selectivamente, lo que se considera legítimo, filtrando qué tipos de relaciones internacionales se aceptan y cuáles no, según la conveniencia ideológica del momento.
Incluso si aceptáramos que puede haber riesgos en ciertas formas de injerencia, la respuesta más adecuada y racional no es el repliegue soberanista, sino el fortalecimiento del marco institucional de regulación. Se trata de analizar con seriedad la interfaz entre el sistema político y la red de sistemas institucionales del Estado que interactúan con organismos internacionales. El Estado puede modelarse como una red institucional compuesta por nodos (ministerios, fuerzas armadas, poder judicial, etc.) conectados por flujos de información, normas, decisiones y recursos. Los organismos internacionales se insertan en esta red mediante proyectos, cooperación técnica, mesas de trabajo, acuerdos bilaterales, etc. Algunos nodos son más permeables o receptivos, otros más resistentes, y esto es parte natural de cómo funciona un Estado complejo. El marco jurídico vigente y el sistema de frenos y contrapesos ya ofrecen un entorno regulatorio para estas interacciones.
En pocas palabras, no hay evidencia estructural ni base racional suficiente para afirmar que los organismos internacionales imponen agendas en contra del interés nacional. Basta con que esas interacciones continúen realizándose, como siempre ha ocurrido, dentro del marco normativo dominicano. Por el contrario, el Estado dominicano tiene mucho que ganar de su relación con estos actores: no solo financiamiento, que es lo de menos, sino sobre todo transferencia de capacidades, fortalecimiento institucional y mejora en los estándares de protección de derechos humanos. Un ejemplo claro es el plan de normalización de inmigrantes venezolanos con apoyo de la OIM, que ha permitido a miles de inmigrantes de ese país mantener un estatus migratorio regular en el país, integrarse a la visa social y evitar una crisis humanitaria.
Más allá del funcionamiento sistémico del Estado, lo que verdaderamente debe importarnos es el bienestar y la dignidad de las personas sujetas a su autoridad. Los derechos humanos son dispositivos normativos que permiten centrar esa dignidad en toda acción estatal. Una democracia segura de sí misma no se protege encerrándose, sino regulando inteligentemente su apertura. Cooperar no es ceder soberanía: es ejercerla con inteligencia.
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