Durante su discurso de rendición de cuentas la procuradora general de la República Miriam Germán consideró necesario que República Dominicana se aboque a la creación de un Ministerio de Justicia que asuma tareas que trascienden al rol del Ministerio Público.
Expresó que “los esfuerzos institucionales que se requieren para controlar jerárquicamente la gestión del sistema penitenciario y fiscalizar la provisión de los servicios forenses, ameritan el establecimiento de un órgano distinto de la Procuraduría General de la República”. Pero además, estableció que no es necesario una reforma constitucional para la creación del Ministerio de Justicia: “La creación de este Ministerio no amerita una reforma constitucional, ya que los asuntos que proponemos traspasarle son de libre configuración legislativa, es decir, no han sido retenidos en la Constitución como competencias propias del Ministerio Público”
El acto de rendición de cuentas se celebró este 28 de marzo en el auditorio de la Suprema Corte de Justicia y asistieron los miembros del Consejo Superior del Ministerio Público, así como representantes de diversos poderes del Estado y del cuerpo diplomático acreditado en el país. La magistrada compartió la mesa principal del acto con los presidentes del Senado de la República, Eduardo Estrella; de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara, y del Tribunal Superior Electoral, Ygnacio Camacho Hidalgo.
En su discurso, Germán Brito reconoció la situación de sobrepoblación penitenciaria y destacó que “El hacinamiento es una responsabilidad compartida”. “Es imprescindible que las instituciones del sistema penal aunemos esfuerzos para abordar de forma urgente y prioritaria la sobrepoblación penitenciaria. Necesitamos conocer la situación particular de cada interno para evaluar las alternativas posibles, actuando responsablemente en el marco de nuestras respectivas competencias”
Desde el alcance del Ministerio Público, resaltó que instituyó una nueva dirección funcional integrada, en referencia a la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, que permite fiscalizar los dos modelos que coexisten, en alusión al Modelo de Gestión Penitenciaria y el modelo tradicional. Sin embargo, reiteró que “lo más apropiado es que la dirección del sistema sea asumida por un organismo que no dependa del Ministerio Público, cuestión que debe ser considerada con prioridad en el marco de una mejora a la nueva legislación”.
Afirmó que su gestión impulsa las acciones correspondientes para que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) pueda cumplir con la normativa legal vigente y se convierta en un órgano técnico independiente del Ministerio Público y el servicio general del Sistema de Justicia. “Se trata de un reto que tiene más de una década de retraso, pero que aspiramos cumplir durante el ejercicio de nuestro mandato al frente de la institución”. Destacó que el año pasado por primera vez, en seis años, se reunió el Consejo Directivo del Inacif.
Recordó que el Ministerio Público responde a un estatus de órgano constitucional autónomo o extrapoder, “pues cuenta con autonomía funcional, administrativa y presupuestaria, un sistema de carrera paralelo al de la judicatura y garantías institucionales que permiten el autogobierno pero lamentó el hecho de que “el procurador general carezca de protección institucional para la permanencia en el cargo, dependiendo de la buena voluntad de quien le nombra”, lo que calificó como una debilidad institucional de República Dominicana.
En cuanto a la gestión administrativa
Resaltó que el Consejo Superior del Ministerio Público institucionalizó el pago a todos los servidores de los bonos anual y vacacional, además de disponer de un reajuste salarial y la primera parte de una nueva política de compensación para los fiscales.
Solo en 2021, los fiscales recibieron 102 formaciones correspondientes a programas especializados y continuos, siendo uno de los retos pendientes avanzar en capacitación vinculada al fortalecimiento de las destrezas operativas de los fiscales de cara al escalafón de carrera. Dijo estar consciente de las limitaciones económicas por las que atraviesa el país, pero confía en que la institución continuará recibiendo el apoyo necesario para impulsar la transformación que requiere la procuración de justicia conforme a las exigencias de la sociedad.
Germán Brito resaltó que el Ministerio Público se encuentra al día en la presentación de los dictámenes ante la Suprema Corte de Justicia y ante el Tribunal Constitucional, “posibilitando la reducción de la mora judicial y permitiendo cumplir con el debido proceso y el plazo razonable”.
Aunque a mediados de 2021 el Ministerio Público proyectaba un déficit presupuestario de más de RD$1,371.4 millones, logró un cierre fiscal con solo RD$77.6 millones de déficit.
La gestión financiera ha permitido la creación de programas de incentivos con beneficios del Bono Anual para todo el personal, la dignificación del trabajo de los fiscales y el remozamiento y mantenimiento de fiscalías, así como el completivo del convenio de suministro de alimentos a los centros penitenciarios.
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