¿Estamos cambiando? Pasos para dejar morir una política migratoria

por Lía Hernández

A partir de octubre 2021 el país parece haberse embarcado en una disputa y discurso acusatorio como respuesta a la creciente crisis del vecino país haitiano que hoy invito a que le demos una pausa. Parece el momento preciso para poner las cartas sobre la mesa y preguntarnos si el Estado dominicano podrá en algún momento aplicar políticas migratorias acorde a los estándares de derechos humanos y que como nación podamos hablar sobre el tema haitiano de manera más humana aún si las autoridades han mandado un mensaje claro y es que entienden que tienen el permiso de tomar medidas violatorias de derechos humanos con la excusa de que están “salvaguardando la soberanía nacional”. 

En este artículo hablaremos particularmente de una de las medidas establecidas por el Consejo Nacional de Migración en fecha 3 de noviembre de 2021, la cual fue auditar el Plan Nacional de Regularización Extranjeros (PNRE) para saber si las personas incluidas califican” esta decisión causó suspicacia y constata un problema grave que atrasaría y pone en la cuerda floja un plan que había sido un paso de avance en materia migratoria. Dicho Plan es la única política migratoria reciente que ha permitido a inmigrantes en condición irregular, que pudieron demostrar que tienen arraigo y vínculo con la República Dominicana, tener el derecho a no ser deportados. 

En 2004, la Ley de Migración ya había ordenado la implementación de un plan para la Regularización de Extranjeros en situación irregular en el país, sin embargo, esto no se logró hasta el 2014, es decir el Estado dominicano no estaba cumpliendo una de las prerrogativas de su soberanía: el control documental de todas las personas que viven en su territorio. 

Las personas beneficiarias de este Plan Nacional de Regularización Extranjeros (PNRE) tienen un documento de regularización que les da una categoría migratoria, por ejemplo; Permiso de No Residentes o Permiso de Residencia Temporal Ordinario. Es importante destacar que las personas que aplicaron a este plan ya tienen una vida hecha en base a la adquisición de esta categoría migratoria. En su momento, en el proceso de aplicación, tuvieron que presentar pruebas de que habían llegado antes del 2011 al país y que tenían arraigo. 

¿Qué es el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros?

El Plan empezó en 2014 y tuvo un periodo de inscripción de 18 meses durante el cual se inscribieron 288,481 personas extranjeras y 259,973 fueron regularizadas (Dirección General de Migración, DGM) s/f). 

Entre ellas, 252,143 recibieron un Permiso de No Residentes mientras 7,831 obtuvieron el estatus migratorio de Permiso de Residencia Temporal Ordinario (DGM s/f). Luego, la Dirección General de Migración implementó un proceso de renovación o cambio de categoría migratoria que obligó a los beneficiarios del Plan a registrarse nuevamente para mantener vigente su  estatus  regular. El proceso tuvo una duración de 10 meses,   iniciando en  octubre  del  2017  y  concluyendo en  agosto del  2018.   

Durante  este  periodo,  acudieron 209,714  personas  de  las  cuales 9,842 calificaron  para cambiar la categoría  de  Permiso  de  No Residentes a Residente Temporal Ordinario,   5,916   renovaron   el  Permiso de Residencia Temporal, 183,718 renovaron el Permiso de No Residente para Trabajadores Temporeros  y  8,647  recibieron  el Permiso  de  No  Residente para Estudiantes.

La mayoría de los permisos entregados durante este primer proceso de renovación tenían  una vigencia de dos años, expirando en 2019 o 2020.  Un  total  de 12,770  residencias temporales caducarían en el 2019, mientras que la mayoría empezaría a  expirar  en  el  2020  (8,640  permisos  de  estudiante,  3  residencias  temporales  y  183,701 permisos temporales de trabajo) (DGM s/f:51).

De  manera  que  el  2019  era  un  año  crítico  para  determinar  los  criterios  para  la renovación o cambio de categoría, adecuados a la realidad de los beneficiarios para asegurar la sostenibilidad del Plan. Sin embargo, cayeron  las  convocatorias del Consejo Nacional de Migración (CNM) tres veces, y tampoco se avanzó de manera significativa en la definición de criterios para renovar o cambiar de categoría migratoria a miles de personas que se acogieron al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) en el 2014/5. 

No  se  sostuvo  ninguna  sesión  del  CNM  durante  el  2018  o  2019 para tratar el tema de la renovación de los carnets de regularización que recibieron los beneficiarios del PNRE y la última decisión de este Consejo fue someter el Plan a una auditoría que se percibe durará mucho tiempo en que ofrezca resultados. 

El gobierno ha dicho que planea auditar el plan a partir del establecimiento de 38 oficinas a nivel nacional que tienen como misión identificar a todos los ciudadanos extranjeros que hay en el país para luego de que eso pase entonces, se entreguen los resultados de dicha auditoría, se vea cual es el estado de los expedientes y se decida el siguiente paso sobre una vía de renovación de los documentos. 

Pero para confirmar las dudas sobre el tiempo que podría durar ese proceso, un reportaje del 4 de diciembre del periódico Diario Libre nos da una idea de que podría ser un largo tiempo ya que cita “El registro de extranjeros en la República Dominicana todavía no comienza a 26 días de que el Ministerio de Interior y Policía pusiera en funcionamiento dos oficinas en las provincias fronterizas de Elías Piña y Dajabón.”

Así mismo, el Ministro Jesús “Chú” Vásquez, dijo que el retraso se debe a que hay que cumplir con procedimientos de compras y contrataciones que se realizan de urgencia. Sin embargo, el funcionario, no explicó qué bienes o servicios se están licitando, ya que los equipos para el registro biométrico y facial, se supone que como él mismo afirmó “ya están”. 

Además el reportaje puntualiza que “Los extranjeros deben registrarse en la oficina de la demarcación donde residen y si se van a trasladar a otra ciudad tendrán que notificarlo previamente. No hay garantías de que el extranjero irregular que se registre no sea deportado porque no se trata de un proceso de regularización ni de naturalización.”

Un activista defensor de derechos humanos y líder comunitario que quiso permanecer en el anonimato comenta a este medio que el establecimiento de las oficinas a nivel nacional para identificar inmigrantes y luego auditar el Plan de Regularización de Extranjeros parece incoherente ya que es muy difícil que un inmigrante revele que está en situación irregular a la autoridades.

“Pese a los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil no habido forma de sentarse con el Consejo Nacional de Migración, porque lo que dicen cada vez que se va a buscar una información nueva es que se publicará por los periódicos, o sea nadie se ha sentado a darle la cara de frente al problema salvo ahora que van a montar las oficinas para hacer una evaluación tipo senso antes de hacer esa dichosa auditoría al Plan, cosa que va a ser un fiasco porque ningún migrante irregular va a ir a decir yo vivo aqui y soy migrante y estoy de forma irregular yo y mis hijos, porque eso sería cuchillo para la garganta como decimos en buen dominicano.”

El 18 de enero de 2022 otra noticia del mismo diario de circulación nacional revela que todavía no inicia la identificación de extranjeros ya que están entrenando al personal de las oficinas y la identificación todavía no comienza porque se está en la adquisición de los equipos. “Se comenzó a trabajar con el entrenamiento del personal que estará en las 40 oficinas para el registro de extranjeros que están en la República Dominicana, informó Juan Manuel Rosario, viceministro de Gestión Migratoria y Naturalización del Ministerio de Interior y Policía” Además el ministro detalló que se contempla que las oficinas cuenten con una plantilla de 10 personas en cada una de ellas, es decir, 400 empleados y agregó que una parte de los trabajadores ya está integrando al Ministerio de Interior y Policía y el resto se deberá de contratar.

Otra de las perspectivas sobre la auditoría al plan ha sido la del colectivo Haitianos RD que el día 29 de noviembre 2021 se pronunció destacando que al pasar los años se evidenció que el propósito final del Estado dominicano no era facilitar una verdadera regularización “sino mantener en una situación de precariedad y vulnerabilidad a la comunidad inmigrante ya que las estadísticas oficiales confirman que solo alcanzó una regularización provisional un 3% de las más de 288 mil personas que aplicaron en las dos fases del Plan y que entre el 75 a 88% se encuentran con un categoría de No Residente mientras el resto aguarda todavía por una respuesta formal de su solicitud de regularización (al menos unas 28 mil personas)”

Agregan que de manera institucional se ha arremetido con un discurso discriminatorio hacia toda la comunidad “Hemos visto en las últimas semanas como el Estado dominicano ha puesto sus instituciones al servicio de una campaña de estigmatización y persecución de la comunidad inmigrante haitiana. Se ha desatado una verdadera cacería en contra de nuestra comunidad bajo las premisas falsas de que somos una amenaza para la República Dominicana, que no pagamos impuestos, que acaparamos los servicios de salud, entre otras falacias. Estudios, encuestas y estadísticas oficiales dominicanas desmienten esas afirmaciones.”

Esta medida del Consejo Nacional de Migración amenaza con echar para atrás un proceso de regularización que ya tiene 8 años, está poniendo en peligro a esas personas que han gastado su dinero y su tiempo en lograr adquirir estos derechos, desconociendo la ley y el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE). Nuevamente el Estado dominicano queda mal y parecería que cada vez que hay un cambio de gobierno las cosas solo vuelven hacia atrás.

No confundamos

Nacionalidad y migración no son lo mismo  

Se suele cometer el error de mezclar el Plan Nacional de Regularización que procura la regularización de migrantes con la adquisición de la nacionalidad dominicana o el Plan de Naturalización y son dos cosas totalmente distintas. 

Desde la Ley de Migración 285-04 se manda a la regularización de las personas extranjeras en el territorio nacional y la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional vino a recordar que esto nunca se había cumplido. 

Una masacre de derechos humanos 

En septiembre del 2013 el Estado Dominicano incurrió en un hecho que causó casi tanto revuelo como la masacre de 1937 cometida por el dictador Leonidas Trujillo, solo que esta fue una masacre de derechos humanos a personas dominicanas de ascendencia haitiana.

El Tribunal Constitucional Dominicano emitió la Sentencia 168-13 que alegó había sido un error del Estado dominicano otorgar la nacionalidad dominicana a personas cuyos padres estaban en tránsito o en condición migratoria irregular en el país aunque la Constitución le otorgaba, hasta el año 2010, la nacionalidad dominicana a las personas que nacen en suelo dominicano.

La ley cita “Las imprevisiones legales de la política migratoria dominicana y las deficiencias institucionales y burocráticas del Registro Civil…se remontan a 1929…con lo que el Tribunal Constitucional puso de manifiesto una deficiencia del Estado dominicano que perduró en el tiempo y se extendió en todo el territorio nacional lo que causó que un determinado número de personas nacidas en territorio dominicano recibiera del propio Estado dominicano la documentación que “hizo presumir que se trataba de nacionales dominicanos”. 

La sentencia basándose en estos argumentos mandó a borrar del Registro Civil dominicano a decenas de miles de dominicanos/as que habían estado previamente inscritos en el mismo. Pero también, impedía la obtención de documentos de identidad y nacionalidad a las personas de padres migrantes, nacidas en territorio nacional que aún no habían ido a registrarse o declararse en el Registro Civil dominicano al momento de la sentencia, pero que conforme a las constituciones anteriores al 2010 tenían derecho de obtener la nacionalidad dominicana. Esto se aplicó de forma retroactiva a todos los nacidos entre 1929 y 2010. 

¿Cómo cambió la forma en que se adquiere la nacionalidad dominicana en 2010? 

Antes de 2010 habían dos criterios importantes para acceder a la nacionalidad dominicana, el primero era el Jus Soli (derecho por suelo) es decir por nacer en suelo dominicano naturalmente se adquiere la nacionalidad independientemente de la nacionalidad de los padres y Jus Sanguini (derecho por sangre) por ser de sangre dominicana. A partir de la reforma  Constitucional de 2010 el jus soli no es aplicable si los padres se encuentran en tránsito o residen irregularmente en territorio dominicano. 

Es importante recalcar que la misma Constitución de 2010 reafirma que son dominicanos las personas que gozan de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esa Constitución y las personas naturalizadas, de conformidad con las condiciones y formalidades requeridas por la ley.

Las limitaciones de no tener documentación van desde no poder estudiar, casarse, a sacar una cuenta bancaria, un seguro médico, sacar un pasaporte, viajar al exterior, declarar a sus hijos que desencadena vulneraciones adicionales como los derechos al nombre, identidad, documentación, acceso a la educación. De manera general en la mayoría de los casos también restringe el derecho a la libertad de tránsito por el miedo a ser detenido y deportado. Esto es importante porque personas que estaban en pleno uso de sus derechos civiles se vieron con todas las puertas cerradas por el simple hecho de ser de ascendencia haitiana y se desconoció totalmente su dominicanidad.

La sentencia 168-13 dejó sin nacionalidad a lo que se estimó en aquel momento fueron más de 200,000 personas. La indignación fue tan grande que la sociedad civil y los organismos internacionales señalaron al país por causar una situación de apatridia sin precedentes en el continente y al año siguiente se aprobó la ley 169-14¹  que prometía solucionar el daño causado. 

Ley 169-14: el camino a recuperar el derecho a la nacionalidad 

Esta ley aunque nunca admitió que estas personas son dominicanas, para no contradecir al Tribunal Constitucional, sí admite que se debe dar el derecho a la nacionalidad a las personas afectadas ya que fueron despojados del mismo. La ley establece casi de manera ideal que las personas que ya estaban inscritas en el Registro Civil Dominicano, es decir que ya tenían su acta de nacimiento y/o cédula dominicana recuperarían su nacionalidad sin problemas. 

“La Junta Central Electoral procederá a regularizar y/o transcribirlos en los Libros del Registro Civil, libre de todo trámite administrativo a cargo de los beneficiarios y subsanada la referida irregularidad en virtud de esta ley, la Junta Central Electoral los acreditará como nacionales dominicanos”. Esto, en definitiva, no ocurrió así y fueron muchas las trabas burocráticas que se impusieron a ese grupo de personas, de las que una parte todavía no ha conseguido recuperar su nacionalidad. 

Ahora bien, ¿qué pasó con las personas que son dominicanas pero que todavía no habían sido inscritas en el Registro Civil Dominicano al momento de la sentencia? En ese caso la ley los manda a inscribirse en el libro de nacimiento de extranjeros/as y tras demostrar su nacimiento en el territorio dominicano deben aplicar al Plan de Naturalización. Aquellos que accedieron al Plan de Naturalización tienen un acta de nacimiento de extranjeros que dice; país de nacimiento: República Dominicana, nacionalidad: haitiana. Desde ahí hay un problema, porque el Estado dominicano no tiene la potestad de otorgar nacionalidad de otro país. 

"Al principio me entregaron un acta de extranjero y un carnet de regularización, después renové el carnet y me entregaron la cédula de extranjero” explicó Kendry Paulina quien aplicó al Plan de Naturalización, aunque todavía no ha logrado recuperar su nacionalidad. Las personas en esta situación fueron a los mismos centros en donde se aplicaba para el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros y según dice la ley luego de estar regularizados y obtener una categoría migratoria por ejemplo “residente permanente” a los 2 años de portar esos documentos ya podría solicitar al Ministerio de Interior y Policía y al Poder Ejecutivo la nacionalidad dominicana por naturalización². 

Sin embargo, todo lo prometido a este grupo se fue relegando mediante procesos que nunca evolucionaron a lo que plantea la ley  “En el Plan Nacional de Regularización que se quiso decir que eran dos planes el de Naturalización y el de Regularización y al final todos fueron entrados al mismo paquete, están los RP1 qué es cómo se le llama a las residencias permanentes que se entregan a los nacidos en República Dominicana, esos eran a los que se le iba a dar el cambio de categoría a naturalizados y que nunca la tuvieron.  

Luego están los migrantes con diferentes categorías; permisos de trabajo o residencia temporal, esas fueron las personas que se le entregaron categorías a partir de como los que los estaban evaluando entendieron, no hubo un criterio puntual para estos fines. Entonces tanto a los nacidos en República Dominicana conocidos como Grupo B³ y tanto a los migrantes, no se le ha cambiado categoría, la misma categoría por las que ellos entraron esa es la misma que todavía tienen” explicó a este medio un activista defensor de derechos humanos y líder comunitario que quiso permanecer en el anonimato. 

Parte de la razón por la cual ha sido tan fácil que los medios de comunicación mezclen el Plan de Regularización que es para migrantes con el Plan de Naturalización que es para dominicanos de ascendencia haitiana es porque han dejado estancados a los dominicanos de ascendencia haitiana en una situación de migrante que vulnera totalmente su derecho a la nacionalidad dominicana y que les pertenece. 

Kendry Paulina quien está a la espera de ser naturalizado dice que cuando se trata de hacer trámites en el Estado es difícil tener acceso a sus derechos como dominicano al presentar la cédula que le dieron en el Plan “Ese documento no me permite votar, no es tan válido si no tengo la residencia, tienen que andar los dos juntos. Tengo un seguro médico. Cuando hago una diligencia que tenga que ver con cosas del gobierno no suelen aceptarlo, me preguntan si tengo pasaporte y les digo no yo no tengo pasaporte y ahí yo le explico, porque entienden que es un documento para extranjeros como dice el documento y yo tengo que explicarle”

De acuerdo a las cifras oficiales, un total de 8.768 personas aplicaron al proceso especial  con la eventual ruta a la naturalización que indica la Ley 169-14 para hijos/as de padres en situación irregular que no habían sido inscritos en el Registro Civil Dominicano, este número es ciertamente bajito, y es que no existen cifras precisas sobre el número de personas afectadas por la Sentencia 168-13 que califican para acogerse a ese proceso, pero según los datos de la Encuesta Nacional de Inmigrantes ENI-2012 el Estado hizo referencia a una estimación de 53.000 personas recogida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2017. La cifra revela que la gran mayoría de esta población quedó excluida del proceso. 

“Se estableció un Plan Especial de Naturalización que primero duró 3 meses y luego se extendió por 3 meses más por la presión social, ya que 3 meses era muy poco tiempo para que toda la gente afectada por la sentencia se movilizara. Ese plan cerró en 2014 y desde que se cerró ninguna persona puede aplicar y el país todavía no ha dicho que hará con estas personas.” Wishna Joseph, fundadora del Movimiento Jóvenes de Valor. 

Kendry desde joven ha sabido que había un problema con sus documentos, desde los dos últimos años de la básica “Cuando estaba en 7mo y 8vo los dos últimos años de la básica, el secretario siempre iba al aula y nos decía mira fulano, fulana el acta de nacimiento tiene que traerlo o si no, no van a poder recibir las pruebas nacionales y estábamos siempre a la espera. Mi mamá había hecho las diligencias para declararme y estaba a la espera, llegó a gastar mucho dinero haciendo diligencias pero son cosas que nunca se dieron.”

Kendry en la escuela desarrolló una gran pasión por las matemáticas y su sueño siempre ha sido ser un docente en esa área, en un liceo o incluso en alguna universidad. “Yo descubrí el inmenso amor que le tengo al estudio y sobre todo a las matemáticas cuando estaba en 8vo. Una profesora me dijo- Kendry ¿qué tu haces en las tardes?- y le digo- No nada, hago las tareas que tengo que hacer y después nada- y me dijo- ¿Tu puedes venir para que me ayudes con unos niños en la sala de tareas?- Yo muy contento le dije que sí.  Así mismo, la profesora que me daba matemáticas, yo iba siempre y me paraba en la puerta y a veces en la ventana, entraba poquito a poquito, y ella no me decía nada porque me tiene un gran cariño y afecto. Me veía como tenía la intención y yo le decía -Profe, ¿yo puedo corregirte los cuadernos?- ella corregía uno y me lo daba como una guía y yo ahí iba corrigiendo los cuadernos y así era diario, iba diario y de ahí descubrí el amor que tengo hacia las matemáticas.”

Este grupo tiene una cédula de extranjero, las oficinas están centralizadas en Santo Domingo, mientras el Viceministro de Gestión Migratoria del Ministerio de Interior y Policía, Juan Manuel Rosario, se ha rehusado a las renovaciones de la documentación. No obstante, si se abre nuevamente la posibilidad de renovación tienen que pagar $4,000 pesos para la renovación aparte de $1000 pesos por cada mes de retraso luego de su vencimiento, como recargo, todo esto sin tomar en cuenta el impacto económico que tiene renovar esa documentación para personas que en su mayoría viven en un Batey en condiciones económicas de dificultad. 

A pesar de todas las dificultades Kendry dice que su mayor logro y que lo enorgullece ha sido poder entrar a la universidad. “Bueno yo me sentí feliz cuando recibí el examen de la universidad dije gracias a Dios voy a poder estudiar. Ese ha sido mi mayor logro porque me decían, no porque para tu estudiar en la UASD vas a tener que pagar en dólares porque sales como extranjero y cuando yo imprimi la hoja de pago y vi que solo eran 360 pesos la alegría que tenía yo no sabía cómo expresarla porque no me esperaba eso. Yo dije bueno si era en dólares yo tenía que dejar eso y lo intente y di muchísimas gracias porque siempre me he visto siendo un profesional y entonces ese ha sido mi mayor logro” 

Kendry recibió las pruebas nacionales y obtuvo las calificaciones más altas, fue reconocido por el Ministerio de Educación MINERD como estudiante meritorio pero no fue un proceso fácil, explica que empezó la escuela a los 7 años y en la escuela escribieron mal su apellido con el que luego crecieron él y sus hermanos “En la Dirección, mi mamá que tenía problemas con el idioma pronunció el apellido de mi papá de una forma y la secretaria lo escribió de otra, entonces ya crecimos con ese apellido. O sea que ese apellido nunca existió y como nunca tuvimos un documento para una corrección nos quedamos así.”

“Yo tuve que recibir las pruebas nacionales dos veces y en ambas ocasiones recibimos las calificaciones más altas. Tuve que tomarla dos veces porque el nombre que yo tenía desde abajo en octavo, con ese nombre recibí la prueba pero ya cuando yo quería inscribirme en la universidad había que hacer un proceso de cambio de nombre larguísimo y yo no tenía la fe de que se iba a dar así” El Director del centro educativo lo hizo tomar las pruebas nacionales nuevamente para poder resolver el tranque y que su certificado tuviera todos los datos congruentes para que pudiese entrar a la universidad.

Los  datos más recientes sobre la emisión de documentación al Grupo B refleja que seis años después de haber cerrado el plazo de inscripciones (1 de febrero de 2015), dicha población no ha alcanzado una solución duradera de nacionalidad. Hay una falta de acceso a los datos actualizados sobre personas que han solicitado la renovación de residencias permanentes y han accedido a estas, ya que estos no están disponibles ni en las estadísticas en línea de la Dirección General de Migración y tampoco a los datos de la Junta Central Electoral. De acuerdo a las informaciones recogidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su último anuario, hasta el 20 de diciembre de 2019 entre 4.346 expedientes listos para expedición de cédulas, solamente 1.966 la habían solicitado y obtenido (CIDH 2020 párr.17).

El ex presidente Danilo Medina emitió un decreto para la naturalización de 750 personas y Luis Abinader para 50 otras personas más, ninguno de esos decretos se ha transformado en un documento efectivo que a través de la Junta Central Electoral permita naturalizar a esas personas, es decir no hay un reglamento ni procedimiento y por lo tanto no se ha juramentado a nadie a 8 años de haberse promulgado la ley.

¿Y ahora qué hacemos? 

Entonces, separemos la regularización de migrantes en situación migratoria irregular de los dominicanos de ascendencia haitiana. El tema de regularizar a personas extranjeras y el tema de la recuperación de la nacionalidad de dominicanos de ascendencia haitiana no debemos confundirlos ni ponerlos dentro de la misma bolsa porque son procesos distintos y el Estado debe encargarse de cada problema por separado. 

La reflexión más importante de todo esto es que, en el contexto actual establecer un discurso discriminatorio sobre la situación de migrantes haitianos, dominicanos de ascendencia haitiana y la comunidad haitiana en general, no es una política migratoria.

La xenofobia, el racismo y la discriminación no son politicas migratorias. El Estado dominicano desde hace 8 años, inició un proceso de crear una política migratoria que regulara y protegiera los derechos humanos de personas migrantes en situación migratoria irregular, el cual era muy necesario, una deuda pendiente con las personas migrantes que han dejado su sangre y sudor trabajando en nuestro país que no podemos echar para atrás.

El deber de la República Dominicana en este momento es ponerse a la altura de la situación y asumir la continuidad y organización de políticas migratorias y de nacionalidad que hoy más que nunca son prioridad, tanto para nuestra política interior como política exterior. La solución está muy lejos de alimentar un discurso anti haitiano. 

Es el deber del Estado dominicano brindar una solución efectiva de nacionalidad a las personas dominicanas de ascendencia haitiana, que sea coherente con la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos porque las personas dominicanas de ascendencia haitiana ya no pueden esperar más. 

Urge materializar los decretos de naturalización 262-20 y 297-21 y urge emitir los decretos que hagan falta para solucionar la situación de todos y todas como también urge proteger los derechos de las personas migrantes que se acogieron al Plan de Regularización. 

Entonces, ¿ahora qué hacemos? 

OBMICA. 2020.Estado de las migraciones que atañen a la República Dominicana 2019. Santo Domingo: Editora Búho.

Cuevas, G. (2021, December 4). 26 días después, no comienza el registro de extranjeros en la República Dominicana. Diario Libre, Migración.

Cuevas, G. (2022, Enero 18)“Entrenan a personal de oficinas para registro de extranjeros. La identificación todavía no comienza porque se está en la adquisición de los equipos” Diario Libre, Migración.

¹Ley que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el Registro Civil dominicano y sobre naturalización.

²El término naturalización hace referencia a un procedimiento o un modo derivativo de adquirir la nacionalidad. La naturalización otorga la nacionalidad a una persona que no tiene vínculos originarios con el Estado.

³Así es como se le llama al grupo de personas hijos/as de padres y madres extranjeros/as en situación irregular que nacieron en el país y cuyo nacimiento no había sido inscrito en el registro civil al momento de la sentencia.