Nuestros marcos mentales nos definen. Pensamos y actuamos en términos de ideas y supuestos que condicionan el lente a través del cual interiorizamos el mundo1. Por ejemplo, existen corrientes de pensamiento convencidas de que los servicios privados son cualitativamente mejores que sus contrapartes públicas. En el caso dominicano, la combinación de un Estado débil, incapaz de proveer bienes y servicios públicos de calidad, sumado a la gestión del poder político por parte de integrantes de esa misma corriente le dan sentido y fortaleza al marco mental. Por eso es usual que una gran parte de los dominicanos desconfíe del Estado. Sencillamente tiene pocas experiencias positivas a las que aferrarse.
El marco mental funciona de manera parecida con la educación. Aun cuando los detalles de un proyecto puedan ser lesivos para los intereses de la nación, estamos predispuestos a acoger la idea de un proyecto educativo con facilidad. ¿Por qué? Todos reconocemos en la educación una herramienta importante para nuestro desarrollo como ciudadanos y como entes útiles para la sociedad. De ahí que aumentar la oferta educativa, al margen de los contenidos que esta promueva, parecería ser siempre algo muy positivo. Así, cuando los proyectos educativos se evalúan al margen de sus contenidos y del impacto esperado, nuestros marcos mentales detonan emociones positivas que nublan la razón e impiden todo grado de criticidad al respecto. Nos condicionan para suponer que toda oferta educativa es bondadosa. Por eso no debe sorprendernos cuando escuchamos decir cosas como: “no sé cómo un universitario es capaz de hacer X” o “no entiendo como una persona con maestría de tal universidad haría X cosa o no sabe tal cosa.”
Pero no podemos evaluar las políticas públicas de esa manera. La educación radica precisamente en la intencionalidad que acompaña al proceso formativo. Radica en sus contenidos y el abordaje que ellos reciben. ¿Acaso es lo mismo un currículo que educa proactivamente a la ciudadanía sobre temas de sexualidad y que le brinda información y mecanismos para la prevención del embarazo adolescente que un currículo carente de tales contenidos y que delega plenamente en la familia? No. Hay quienes podrán estar en desacuerdo con un currículo o el otro, pero pocos dirían que son iguales. A fin de cuentas, somos la suma de nuestras experiencias de vida, los libros que leemos, las conversaciones que tenemos con nosotros mismos y con los demás… en fin.
La predisposición positiva de la que se benefician las propuestas educativas se extiende a sus esquemas de financiamiento. Así lo demostró la Cámara de Diputados al aprobar en dos lecturas el Proyecto de Ley que crea el Departamento de Crédito Educativo adscrito al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT).
A modo de síntesis, el Dr. Agustín Burgos y demás legisladores aliados buscan crear un fondo de créditos educativos para financiar estudios técnicos, carreras universitarias y posgrados en universidades privadas. Según los considerandos del proyecto de ley, la iniciativa viene motivada por las bajas tasas de entrada al sistema universitario y el alto costo de la educación superior privada. Sin embargo, la propuesta del proyecto dista mucho de ser solución para el alto costo de las universidades privadas; mucho menos para la deserción escolar. Por el contrario, el proyecto tendría a bien hipotecar el futuro de los jóvenes más vulnerables y corromper la naturaleza del Estado. A continuación, el por qué.
Para hablar de una propuesta educativa estatal, lo primero que deberíamos establecer es que la educación es un derecho humano fundamental. Así lo afirma la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El Estado dominicano tiene una responsabilidad para con la garantía de ese derecho. Casi de manera textual, el numeral 3 del artículo 63 de la Constitución dice que el Estado es responsable de garantizar el derecho a la educación “pública gratuita” y que por tanto será financiada por él. Es decir, es la oferta educativa pública y no la privada la que garantiza ese derecho que todos reconocemos como condición imprescindible del desarrollo nacional. Las propias motivaciones del proyecto de ley lo evidencian al hablar de la naturaleza excluyente de la oferta privada. Efectivamente: muchísimos estudiantes carecen de los recursos económicos para costear un título universitario que fácilmente supera los RD$500,000.00.
Y es precisamente por eso que me parece una propuesta irresponsable. Al leer el proyecto de ley se hace evidente que el autor utilizó única y exclusivamente el numeral del artículo 63 que, sacado de contexto, podría dar sentido al financiamiento público de la educación privada: el que se refiere a la obligación de una inversión estatal creciente en el sector.
OJO: esto no es una crítica a la educación privada como tal. La iniciativa privada es vital para cualquier país, solo que nunca a costa del derecho de todos y todas. El diputado y su partido no fueron elegidos para trabajar por una minoría selecta ni para endeudar a los más desaventajados. Fueron elegidos para elevar la calidad de vida de la mayoría de los dominicanos y dominicanas que, como bien señala el proyecto, deserta el sistema escolar. ¿Adivina por qué abandonan la escuela? Precisamente por la falta de un Estado que cumpla su papel de proveedor de bienes y servicios públicos de calidad (como la educación); por la ausencia de un Estado moderno que sepa diferenciar lo público de los intereses y las iniciativas privadas.
¿Por qué debemos frenar la propuesta del diputado? Porque, a la larga, los créditos educativos generan el resultado contrario: hunden a los ciudadanos en deudas que impiden su desarrollo. Si es cierto que el rol del Estado dominicano es garantizar el derecho a la educación, los créditos educativos no pueden ser su apuesta. Los legisladores parecen no entender su tarea.
Por un lado, los créditos generan deudas de largo plazo que impiden el ahorro y el crecimiento económico. Al mismo tiempo, limitan la movilidad social y causan mayor inseguridad financiera para los deudores – los estudiantes. Estos efectos dañinos tienden a ser mayores en personas ya vulnerables, que son precisamente quienes accederían a ese esquema de financiamiento. Sucede que el peso de la deuda no la sentirían las clases acomodadas porque ellas no necesitan ayuda para costear una universidad privada.
En un país donde los actores políticos fomentan un sistema dual de educación para ricos – la privada – y educación para pobres – la UASD, el sistema de créditos educativos solo alimentaría esa falacia de que la educación privada es inherentemente mejor que la pública. Más aún, destinaríamos esfuerzos (generalmente escasos) a fomentar la privada mientras descargamos al gobierno de responsabilidad en su importante tarea de elaborar políticas orientadas a robustecer la UASD y demás instituciones educativas públicas.
Como si no bastara, el proyecto incluye a un representante de la UASD y al ministro de la Juventud en la junta directiva que regiría el Departamento de Créditos del MESCyT. Un golpe tras otro.
El proyecto de ley ignora el contexto en el cual nos encontramos: uno marcado por altos niveles de inflación fruto de la pandemia y otros choques externos. Con tan sostenido proceso inflacionario, no debería sorprendernos que las universidades se vean obligadas a subir sus precios. Y yo pregunto: en la medida en que suban sus precios las instituciones de educación superior, ¿quiénes pagarán los platos rotos? Peor aún, y conociendo los bajos estándares educativos a los que nos tiene acostumbrado el gobierno, es muy probable que el MESCyT entregue créditos como pan caliente para estudios en universidades que sabemos incumplen con los mínimos deseados. En un país donde el gobierno teme a hablar con franqueza sobre las debilidades de las instituciones y a regularlas, estaríamos sentenciando al sistema a una crisis aun mayor que la que ya sufre.
Siempre es recomendable mirar más allá de nuestras propias fronteras, no para copiar sino para intentar aprender de las experiencias ajenas. No seríamos el primer país en instituir un sistema de créditos. Tampoco seríamos el primero en arrepentirnos. Tomemos el caso estadounidense de ejemplo. Hoy, por culpa de los créditos educativos, los egresados universitarios estadounidenses acumulan una deuda que supera los 1.5 billones de dólares. Tal y como insinuaba más arriba, la carga de la deuda discrimina, así como discriminan las universidades privadas con sus tarifarios. En el caso estadounidense, los estudios académicos demuestran que son los negros y los latinos quienes más sufren las consecuencias de la mala política2. Esto quiere decir que los créditos exacerban la desigualdad existente. Precisamente por eso fue tan bien evaluada la propuesta de la entonces candidata presidencial Elizabeth Warren de cancelar la deuda estudiantil3.
Este proyecto de ley no debe sorprendernos. Lo digo por el partido del que proviene. Como de costumbre, reitero la necesidad de conocer a nuestros actores políticos. Si bien muchos no conoceremos al diputado proponente, sabemos que pertenece al partido de gobierno – el PRM – y que, por tanto, no contradirá la visión del presidente en materia educativa. Este caso es particularmente interesante pues el presidente tiene intereses en el sector. La familia de Luis Abinader es dueña de la Universidad O&M, institución que podría verse beneficiada del programa créditos.
En marzo del 2020 como parte de una entrevista en el programa Esta Noche Mariasela, la entonces candidata vicepresidencial Raquel Peña anunciaba su visión en torno a los créditos educativos. Y si bien no tendría que alarmar su promoción de los créditos como vicerrectora de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), sí debió preocuparnos su propuesta de hacer del programa de créditos de la PUCMM una política pública. Volvemos a la necesidad de romper con el impulso que nos lleva a pensar toda propuesta educativa como bondadosa. Esa “solución” parche sin propuestas concretas para impulsar la calidad de la educación pública no es más que un problema, una bola de nieve difícil de frenar. Si no me creen, pregúntenles a nuestros hermanos chilenos.
Antes de cerrar, aprovecho este espacio para para recordar dos cosas: 1) que República Dominicana fue uno de los países de la región que más tiempo duró con las escuelas cerradas durante la pandemia y 2) que fue el propio gobierno del presidente Abinader que a dos meses de iniciar el año 2022 propuso un recorte al presupuesto nacional equivalente a RD$32,156,430,661, del cual el 16.6% se le recortaría al ministerio de educación4. Es decir que en los momentos de mayor vulnerabilidad, este gobierno abandonó el sistema escolar a su suerte. Ahora, sus legisladores proponen financiar la educación privada superior con fondos del Ministerio de Educación. No sólo buscan quitarle dinero a una cartera que es incapaz de cumplir con sus propias responsabilidades, promueven un proyecto que ni siquiera establece límite al aporte, indicando al MINERD que deberá hacer una contribución que “no podrá ser inferior a cien millones de pesos (RD$100,000,000).”
Pero tranquilos. ¡No estamos condenados al sistema educativo del patio! ¿Cómo lo reinventamos? Comencemos haciendo de la educación pública un tema de agenda. Abramos diálogos sobre la calidad de la UASD. La UASD no es sólo de sus estudiantes y egresados. Es de todos y todas. Es, sin temor a equivocarme, la solución a una parte importante de nuestros desafíos como país.
Seremos mejores cuando tengamos gobernantes comprometidos con la calidad de nuestra educación pública y de nuestras universidades. Seremos mejores cuando tengamos un Congreso fiscalizador al servicio de ese compromiso con la excelencia de lo público. Seremos mejores cuando prime el interés colectivo. Seremos mejores cuando nuestros representantes procuren lo mejor para las mayorías, siempre.
1Lakoff, George (2004). Don’t Think of an Elephant! Know Your Values and Frame the Debate. The Essential Guide for Progressives.
2Sullivan et al. (2019). “Stalling Dreams: How Student Debt is Disrupting Life Chances and Widening the Racial Wealth Gap.” IASP – The Heller School: Brandeis University. URL: https://heller.brandeis.edu/iere/pdfs/racial-wealth-equity/racial-wealth-gap/stallingdreams-how-student-debt-is-disrupting-lifechances.pdf
3Propuesta de Elizabeth Warren de eliminación de la deuda estudiantil: https://elizabethwarren.com/plans/student-loan-debt-day-one
4El Mitin. 22 de noviembre de 2021. Hacen cambios al Presupuesto 2021. Pero ¿por qué? URL: https://www.instagram.com/p/CWl706-p-kW/?igshid=NWRhNmQxMjQ%3D
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