Hacia la 3ra presidencia de República Dominicana del SICA

Por Rosanna Álvarez Díaz

En diciembre de 2021, se celebraron los 30 años del establecimiento del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Éste es un sistema político-jurídico-institucional en el que se prevé el cumplimiento de los objetivos del Protocolo de Tegucigalpa, tratado constitutivo que consagra la visión Centroamericana como región de paz, libertad, democracia y desarrollo. 

Desde la incorporación plena de República Dominicana en el SICA, en 2013, el Estado dominicano ha ostentado la Presidencia Pro Tempore (es decir, temporal) de este organismo en dos ocasiones, siendo estas la de enero a junio de 2014 y de enero a junio de 2018. La próxima que corresponde a República Dominicana está pautada para el 2do Semestre de 2022 (junio-diciembre) luego de Panamá. La Presidencia Pro-Témpore (PPT) se define como “la función que ejerce un Estado parte del SICA, de articulación entre los gobiernos y los órganos e instituciones del Sistema, para el desarrollo continuado de la Agenda de la Integración Regional, durante un período de seis meses según el orden de rotación establecido en su reglamento.”.

A su vez, en este año se cumplieron 35 años de la firma del Acuerdo de Paz de Esquipulas. Este acuerdo es de capital importancia a la hora de referirnos al inicio de los procesos de pacificación y democratización de Centroamérica. Estos dos acontecimientos hacen más que pertinentes las reflexiones sobre los verdaderos avances que tanto este acuerdo como el SICA han alcanzado en materia de paz, democracia y libertad en Centroamérica, a la vez de analizar su relevancia y eficacia a futuro. 

Paz de Esquipulas 

En el año 1986, se concretizó el Acuerdo de Paz de Esquipulas con el que se inició el fin de los diversos conflictos militares que habían asolado a Centroamérica por años, a la vez de subsanar sus causas y consecuencias, pero en ocasión es menester cuestionar si verdaderamente han traído la paz, la democracia y la libertad a Centroamérica. 

Centroamérica es cada vez más una de las regiones más violentas del mundo.  La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que, cuando en un país la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes es superior al umbral del 10, se está sufriendo una epidemia de violencia. Para 2010, cinco de los seis países centroamericanos se encontraban por encima de este umbral (World Bank, 2010). A excepción de Costa Rica y Nicaragua, el resto de las naciones de Centroamérica sobrepasan este rango, particularmente las tres del llamado Triángulo Norte –El Salvador, Honduras y Guatemala–, siendo especialmente altas las tasas de El Salvador, de 62,1 por cada 100.000 en 2017, aunque los últimos meses ha disminuido a 30, seguido de Honduras, de 41,7 por cada 100.000.

Si bien, la Paz de Esquipulas fue considerada un punto de inflexión para América Latina, estableciendo un marco regional que contextualiza un alejamiento de las políticas anticomunistas de la era Reagan y su visión de Centroamérica como un escenario de la guerra fría.  Los gobiernos Centroamericanos, se comprometieron a impulsar un auténtico proceso democratico pluralista y participativo que implicó la promoción de la justicia social, el respeto de los derechos humanos, la soberanía, la integridad territorial de los Estados y el derechos de todas las naciones a determinar libremente y sin injerencias externas de ninguna clase, su modelo económico, político y social. De las iniciativas de Paz desarrolladas con anterioridad a Esquipulas pueden señalarse principalmente: La Comunidad Democrática Centroamericana (enero de 1982), Grupo de Nassau (1981), Propuestas nicaragüenses en COPPAL (febrero 1982), Foro pro Paz y Democracia (octubre de 1982), Propuestas del FDR-FMLN (1986), Iniciativas del Gobierno Salvadoreño (1980-1984),  Grupo Contadora (enero 1983) y el Plan Arias (febrero de 1987) presentado por el antiguo Presidente Costarricense, Oscar Arias Sanchez quien fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz de 1987. Pero si bien, el acuerdo logró poner fin a las luchas políticas e ideológicas, más realmente no logró crear sociedades pacíficas. 

En la actualidad, ante los 30 años de establecimiento del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) los gobiernos Centroamericanos se enfrentan a la necesidad imperante de definir un nuevo discurso para su desarrollo tras el que les ofrecieron los acuerdos de Paz del proceso de Esquipulas que ayudaron a cerrar los conflictos de los años ochenta, institucionalizar la democracia e impulsar la integración regional. Tras las revoluciones sin cambios revolucionarios que instalaron democracias formales y 35 años después de Esquipulas, Centroamérica vive con la conformidad de las frustradas expectativas de democratización profunda y de cambios estructurales de las inequidades y disparidades existentes. 

Se necesita urgentemente, un nuevo discurso común y coherente que sea el motor de desarrollo e innovación en Centroamérica, que establezca mecanismos fundados jurídicamente para enfrentar los desafíos que surgirán en las próximas décadas en términos de fortalecimiento democrático y del Estado de Derecho, inclusión social, innovación tecnológica, desarrollo de los mercados internos y estrategias de inserción en la economía mundial y de reducción de los riesgos asociados a los desastres naturales a los efectos del cambio climático. 

Sobre el Status Quo del  Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)  hoy

En el contexto presente, el SICA desde el 30 de junio de 2021, concluido el mandato de 2017-2021 del Sr. Vinicio Cerezo como Secretario General del SICA, se encuentra frente a una encrucijada sin precedentes a falta de consenso básico por poco más de 6 meses, sobre la elección de un titular para la Secretaría General del SICA. Mediante la Declaración de San José del 29 de junio de 2017, bajo la XLIX Reunión Ordinaria de Jefes de Estado de los Países Miembros del SICA, se acordó por mandato presidencial, que siguiendo el orden de rotación geográfica, corresponde la candidatura de la República de Nicaragua a partir de 2021, mediante la presentación de una terna con entrevista a candidatos propuestos. 

A raíz de este contexto, se ha prolongado un impasse en el SICA caracterizado por la falta de consenso en torno a los candidatos presentados por la República de Nicaragua. Es certero señalar que la Declaración especial sobre Nicaragua de 2018, suscrita por la Reunión de Presidentes del SICA en Santo Domingo, República Dominicana, en la cual se manifiesta la férrea promoción por una cultura de paz, diálogo, entendimiento y tolerancia basada en valores democráticos a fin de garantizar el carácter irreversible de la democracia mientras a su vez, declara su reiteración de que la preservación de la Paz conquistada en la región después de los Acuerdos de Esquipulas, debe de ser responsabilidad de todos los actores sociales. 

Tres años después de que estalló la crisis de 2018, donde el Gobierno de Nicaragua respondió a las manifestaciones y protestas con una represión violenta y desproporcionada, y a raíz de los acontecimientos suscitados con el apresamiento de los principales candidatos a la Presidencia de la oposición en Nicaragua para las pasadas Elecciones Presidenciales y Legislativas de Nicaragua del 7 de noviembre de 2021, los gobiernos de diferentes Estados y organismos internacionales, se pronunciaron expresando su preocupación por los hechos ocurridos en materia de persecución penal y política, la represión sistematizada y el fragmento que de modo negativo afecta al desarrollo y la protección de los Derechos Humanos. 

Democracia y Derechos Humanos

El protocolo de Tegucigalpa, a su vez, otorga un grado de reconocimiento único al principio fundamental de la democracia como “ius cogens” (norma reconocida por la comunidad internacional de Estado y que no admite contrarios) y “erga omnes” (respecto de todos), constituyéndose en una norma imperativa e inderogable, válida universalmente, que no admite contrario y que atiende medularmente a proteger los más sagrados derechos y las libertades fundamentales del ser humano, convirtiéndose en valladar contra la arbitrariedad (Herdocia Sacasa, 2007). De ahí, yace aquella interrelación, interdependencia e influencia recíproca de que el ordenamiento jurídico del SICA no puede aislar los principios democráticos por su carácter general y fundamental, por la presencia de estos principios y valores en la constitución del SICA y a su vez, por las relaciones que yacen dentro de estos principios con el Derecho Internacional Consuetudinario, en virtud de que los derechos políticos propician el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo políticos, tal como lo ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus principales pronunciamientos en materia de derechos políticos visualizados en los Casos Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos Corte IDH 2008B, 42, párr. 141) y Yatama vs. Nicaragua (Corte IDH, 2005b, 88, párr,193).  

Tal y como lo planteó la delegación no permanente de Etiopía ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la reunión relativa a la situación en Nicaragua llevada a cabo en 2018, “Las experiencias pasadas han demostrado que la participación internacional en cualquier situación incluidas las Naciones Unidas, sólo puede ser eficaz si se calibra y coordina cuidadosamente con los esfuerzos regionales” (UN Press, 2018).  La política exterior de la República Dominicana, de conformidad con la Constitución de la República y de las leyes e instrumentos que ella emanan, como el Plan Nacional de los Derechos Humanos,  ha asumido como eje transversal la promoción de la democracia y los derechos humanos mediante la aceptación de compromisos internacionales y ratificación de tratados. Sin embargo, lo anterior no nos exime de repensar la estrategia en materia de política exterior en el sentido de que, nuestra diplomacia sea más proactiva y persiga la integración del servicio exterior en el manejo de las posiciones políticas  unificadas que robustescan a nivel internacional los valores que la región enarbola sobre la democracia. 

Se requiere, constantemente de un ejercicio proactivo en donde se formen alianzas, tales como la alianza trilateral para la democracia, que sirva como plataforma para constituir de manera conjunta un ejercicio proactivo en situaciones donde emane la inacción política de fondo, como lo exige el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) ante la evolución de la crisis política de la República de Nicaragua dando como resultado el incumplimiento cuasi sistemático de las normas del SICA, dejando a un lado el interés general y objetivo político de la Integración Centroamericana, la democracia. El incumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas mediante normas de ius cogens y erga omnes no está condicionado a la libre voluntad de los Estados partes, en una comunidad política y económica con objetivos firmes y claros como los del Sistema de la Integración Centroamericana.

Referencias Bibliográficas

1. Stopping crime and violence in Latin America: A look at prevention from cradle to adulthood. (2018, May 17). World Bank. https://www.worldbank.org/en/results/2018/05/17/fin-a-la-violencia-en-america-latina-una-mirada-a-la-prevencion-desde-la-infancia-hasta-la-edad-adulta 

2. Herdocia Sacasa, M. (2007). El Derecho Internacional de la Democracia: ¿Existe? Contribuciones de órganos de la OEA y Tribunales de Integración. via: http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/publicaciones_digital_XXXVIII_curso_derecho_internacional_2011 _Mauricio_Herdocia_Sacasa.pdf  

1. Casos Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos (Corte IDH 2008b, 42, párr. 141) y Yatma vs. Nicaragua (Corte IDH, 2005b, 88, párr. 192).