Cada mes y casi siempre entre la primera y segunda semana llega a mi correo un reporte con una serie de datos que corresponden a las contribuciones que se me descuentan como empleada para mi fondo de pensiones. Como curiosa al fin, lo reviso y siempre me hago la misma pregunta: ¿llegaré a ver de alguna forma ese dinero? o ¿será ese dinero suficiente para envejecer y retirarme con dignidad?
Comencé a cotizar desde los 18 años. Ya a los 17 era parte del sistema laboral. Durante los primeros tres años siempre recibía con insistencia llamadas de diferentes Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) pertenecientes a distintas instituciones bancarias, pero yo ya tenía una asignada. En las llamadas se me ofrecía cambiar de AFP, transporte para ir a Santo Domingo a hacer el trámite y hasta una dieta. Se trataba de un proceso de reclutamiento para captar más cotizantes. En esos momentos siempre me surgía la duda: ¿por qué ese banco estará tan interesado en que yo cambie de administradora? ¿Qué ganan ellos? Después de 110 cotizaciones en el sistema, a continuación les cuento.
El sistema de pensiones en República Dominicana, concebido originalmente como una garantía para el bienestar de las personas trabajadoras en su etapa de retiro, ha “evolucionado” hacia un modelo que, según un reciente estudio, privilegia la rentabilidad de grandes grupos financieros por encima del derecho a una vejez digna.
El estudio ¿Quién es quién en el negocio de la seguridad social en República Dominicana?, elaborado por el consorcio Más Derechos y con el apoyo de la Coalición por la Seguridad Social Digna y el Instituto de Investigación Socioeconómica (INESE) de la UASD, revela una realidad alarmante: el modelo de capitalización individual, gestionado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), ha creado un oligopolio altamente lucrativo para sus accionistas, mientras ofrece pensiones mínimas e insuficientes a sus afiliados.
Una estructura diseñada para el lucro
El Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), creado mediante la Ley No. 87-01, constituyó el primer sistema de pensiones de carácter nacional administrado por Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que funcionan bajo la lógica empresarial privada. En ese sentido, se puede decir que fue una reforma estructural fundacional.
Nueve años después de promulgada la Ley No. 87-01, se proclamó la Constitución dominicana de 2010. La misma señala en su Sección II, Artículo 60 que: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social. El Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social para asegurar el acceso universal a una adecuada protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y vejez”.
Las AFP, según señala el informe, están directamente vinculadas a grupos económicos con intereses en banca, seguros, construcción e inversiones. Esta concentración de poder económico y político se traduce en un sistema donde cinco AFP controlan el 96.7% de los ingresos, gestionando más de un billón de pesos, lo que representa el 15.6% del PIB nacional.
Por ejemplo: entre 2004 y 2023, estas entidades acumularon más de RD$101,000 millones en gastos operativos, una cifra que, según los autores, no guarda relación con la complejidad del servicio que ofrecen, ni con los beneficios obtenidos por las personas cotizantes, es decir, nosotros.
El estudio, desarrollado por los investigadores Matías Bosch Carcuro y Francisco Alberto Tavárez Vásquez, denuncia que aunque las AFP reportan altos niveles de rentabilidad financiera, las tasas de reemplazo, es decir, el porcentaje del salario que se recibe como pensión, son insuficientes para cubrir las necesidades básicas de los afiliados.
“El sistema ha terminado por garantizar altos márgenes de rentabilidad para las empresas operadoras, aún en medio de la crisis, y muy bajos niveles de retorno (pensiones) para las personas cotizantes. (…) Esto ha implicado una violación sistémica al derecho a la seguridad social”, afirma el estudio.
Lo interesante es que este estudio se presenta en un contexto de debate legislativo sobre la reforma a la Ley de Seguridad Social, ofreciendo insumos fundamentales para repensar el modelo vigente. Sus autores y las organizaciones que respaldan la investigación advierten que el país enfrenta una disyuntiva crítica: seguir profundizando la mercantilización de la seguridad social o avanzar hacia un sistema público, solidario y justo.
El informe no sólo diagnostica el problema, sino que lanza un llamado urgente a la acción legislativa y ciudadana. Entre sus principales recomendaciones destacan:
-Revisar el modelo de capitalización individual para avanzar hacia un sistema mixto o de reparto, donde la solidaridad intergeneracional sea un eje central.
-Limitar la concentración de poder económico en las AFP mediante regulaciones más estrictas y la promoción de transparencia y rendición de cuentas.
-Fortalecer la supervisión estatal y la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el destino de los fondos de pensiones.
-Poner en el centro el derecho a una vejez digna, por encima de la rentabilidad financiera.
Millones de dominicanas y dominicanos han dedicado su vida al trabajo con la esperanza de alcanzar una vejez tranquila, pero el modelo actual de pensiones les promete apenas lo mínimo para sobrevivir. Este sistema no se cambiará solo: requiere de una ciudadanía informada, activa y decidida.
Cada reforma que se discute en el Congreso tiene implicaciones directas sobre el futuro de nuestras familias, de nuestros mayores y de nosotros mismos. Por eso, es urgente que quienes son víctimas de este sistema: las y los trabajadores, los jubilados, las madres solteras, los jóvenes que cotizan sin esperanza se mantengan vigilantes, exigentes y presentes en este debate.
Hoy más que nunca, necesitamos levantar la voz colectiva para defender el derecho a una pensión digna. No se trata solo de números ni de tecnicismos financieros: se trata de vidas, de dignidad, de justicia. Y esa batalla, aunque parezca lejana, comienza con cada uno de nosotros prestando atención, informándonos y exigiendo con fuerza lo que nos corresponde por derecho.
La investigación completa está disponible para consulta pública en este enlace: https://library.fes.de/pdf-files/bueros/fescaribe/21892.pdf.
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