El infortunio de la expresión: “Somos hombres y no nos arrodillamos a mujeres” 

Leo esta expresión y, aunque no me sorprende, sí me entristece, a la vez que me indigna.  

Es atribuida al padre de la figura pública que, recientemente, ha sido imputada y es procesada por abuso sexual contra una menor de edad; un caso de mucha exposición pública en razón del perfil público de dicho imputado.

La frase “somos hombres y no nos arrodillamos a mujeres”, es una expresión de victoria. El imputado, para quien es algo natural el hecho de tener relaciones sexuales con una menor si esta lo ha “consentido”, de acuerdo a las declaraciones que se han filtrado en los medios de comunicación en desmedro de la menor -y sin consecuencias-, hoy celebra victorioso la variación de la medida de coerción de prisión preventiva que le había sido impuesta.

Hace unos días, en ocasión del mismo proceso, una jueza se pronunciaba sobre la mayor exigencia que se le hace a artistas, por ser figuras públicas que impactan en la juventud. Se refería precisamente a la responsabilidad social de artistas, ese rol mediador que poseen -aún sin procurarlo- entre los problemas sociales, la vida misma y la convivencia pacífica y solidaria en nuestra sociedad. Aunque las conductas antijurídicas son propias de nuestra naturaleza humana, en la persona que se dedica a la expresión del arte, su accionar tiene un rol multiplicador cuyo impacto puede traducirse en penosos retrocesos, o en una deseable mayor cohesión social.

Dicen también los medios que “un diputado” fue garante del artista. Las personas que representan al poder público tienen, no sólo una gran responsabilidad en impulsar acciones para hacer efectivos los fines constitucionales del Estado, sino, más aún, para promover la conciencia colectiva con el objeto de alcanzar el bien común. No se ha dicho el nombre de este diputado. Espero que se diga y que esta persona se someta al escrutinio ciudadano correspondiente. Pero, mientras esto sucede, no se nos puede culpar de pecar de especular, e imaginar que puede tratarse de alguno de los más fervientes defensores de un proyecto de Código Penal para el cual la dignidad de las mujeres y niñas vale tan poca cosa.

Hemos normalizado que nuestros legisladores entiendan que “violar a la pareja no es lo mismo que violar a un tercero”, o que “el consentimiento sexual esta previamente establecido en el acto de matrimonio”.  Este es el diálogo que se tiene desde los poderes del Estado hacia la ciudadanía, por lo que no nos toma de sorpresa la variación de la medida de coerción, contando con un diputado como garante de una persona imputada de una conducta altamente reprochable como es el abuso sexual a niñas y/o adolescentes.

El grito de victoria “somos hombres y no nos arrodillamos a mujeres”, en complicidad con el poder público, es un espejo de la situación de vulnerabilidad a la que nuestro género se expone, frente la ausencia de voluntad para entender que la violencia de género, la violencia sexual y los abusos contra mujeres, niñas y adolescentes, merecen de atención integral, absoluta, efectiva y, sobre todo, urgente.

Cuando se dice “somos hombres y no nos arrodillamos a mujeres”, se expresa la posición y relación asimétrica entre poder y género, como la que se entiende tener una sociedad machista sobre las mujeres, las niñas, las adolescentes. Y que la tiene de facto y de iure. Por eso tanta violencia, tantas violaciones, tantos incestos, tantos feminicidios. La expresión es una advertencia de dominio masculino, dirigida a la sumisión femenina. Y el poder público, el Estado, es su fuente de apoyo.

No es un poema el mandato constitucional expreso de respetar la dignidad humana y los derechos fundamentales, ni es un verso fundamental la función esencial estatal de proteger efectivamente estos derechos, de “garantizar la obtención de los medios que permitan a las personas perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, y de hacerlo condenando la violencia de género y contra la mujer en todas sus formas, haciendo primar el interés superior de niñas y adolescentes, asistiéndoles y protegiéndoles para garantizar su desarrollo armónico e integral. Como no lo es -ni un verso ni un poema- el deber de adoptar una ley que integre con efectividad las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar estas formas de violencia. Y el Estado son legisladoras y legisladores, juezas y jueces, funcionarias y funcionarias, quienes, con sus actos y decisiones impactan para el bien común o para el mal común.