Creo que a estas alturas, una buena parte de nosotros ya ha escuchado el nuevo álbum de Bad Bunny: “DeBí TiRAR MáS FOToS”. Dejando a un lado cualquiera que sea tu opinión sobre este cantante y su música, su último álbum es una poderosa narrativa cultural sobre los procesos sociales y económicos que experimentan nuestros vecinos boricuas, y en este sentido, una advertencia en la que debemos vernos reflejados.
Por una multiplicidad de factores, la emigración puertorriqueña ha crecido en un 71 % entre 2000 y 2021, llegando a los 5.8 millones en Estados Unidos (Pew Research Center, 2021), y casi duplicando los 3,2 millones de habitantes que aún residen en la isla. Como resultado, la población de Puerto Rico ha decrecido progresivamente desde su punto más alto de 3,8 millones en 2004 hasta los actuales 3,2 millones en 2024. Para ponerlo en comparación, durante el mismo periodo de tiempo la población de República Dominicana pasó de 9,0 a 11,4 millones.
Este éxodo obviamente ha tenido motivaciones y ramificaciones económicas que se ven reflejadas en el decrecimiento ininterrumpido del producto interno bruto (PIB) de Puerto Rico entre 2005 y 2018. Esto ha empujado a muchos boricuas a mudarse a Estados Unidos en búsqueda de mejores condiciones laborales y oportunidades económicas que no encuentran en Puerto Rico. Quizás el mejor indicador de esta disparidad sea el salario mínimo, el cual es de 13 USD en Florida y 15.50 USD en Nueva York (donde se concentra un 21 % y 17 % de los boricuas en EE. UU., respectivamente) versus 10.50 USD en Puerto Rico. Como agravante, el promedio de edad de esta población emigrante es de 31 años y un 24 % cuenta con un nivel educativo universitario, dejándolos sin estos jóvenes profesionales para revertir su grave situación económica.
En su último álbum, Bad Bunny utiliza metáforas para explicar justamente cómo los puertorriqueños sienten que han sido progresivamente desplazados de sus comunidades por fuerzas económicas que los han reemplazado con empresas y habitantes mayormente estadounidenses. Por ejemplo, en el documental “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” que lanzaron junto al álbum, el artista presenta cómo la gentrificación está dejando solo fotos de lo que fue Puerto Rico, y de cómo, al igual que el sapo concho, la cultura boricua está en peligro de extinción. En este mismo documental, la frase “quesitos sin queso” (un postre tradicional boricua) sirve de metáfora para referirse a un “Puerto Rico sin puertorriqueños”, una frase que salió del chat en donde estaba el exgobernador Ricardo Roselló, obligado a dimitir antes de concluir su periodo en 2019.
Igualmente, en su canción “LO QUE LE PASO A HAWAii”, Bad Bunny menciona que “no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái”, refiriéndose a Puerto Rico. En este sentido, Hawái es un estado de Estados Unidos que fue anexado forzosamente en 1898, mismo año en que Puerto Rico pasó a manos estadounidenses, y en donde, para 2017, sus habitantes originales presentan fuertes disparidades económicas y sociales versus el promedio del resto de los habitantes (Hofschneider, 2018).
A este punto quizás te estarás preguntando, ¿qué tiene esto que ver con República Dominicana? Si bien, guardando las diferencias políticas que verdaderamente existen entre nosotros; en lo geográfico, histórico, cultural y económico, compartimos demasiadas similitudes, quizás más que con ningún otro país en la región. Por esto, es imposible ver con indiferencia y sin dibujar paralelos con nuestra realidad, la grave situación económica y social por la que atraviesan nuestros vecinos. Ambos:
- Enfrentamos el reto de conseguir una vivienda asequible en nuestras comunidades.
- Tenemos una gran dependencia económica del turismo y sufrimos los efectos que la falta de regulación de esta industria genera en nuestras comunidades y ecosistemas.
- Sufrimos la ineficiencia gubernamental que han llevado al malgasto de los fondos públicos.
En este sentido, uno de estos problemas compartidos es la gentrificación y el déficit habitacional. Por ejemplo, pensemos en el alza que ha tenido el costo de la vivienda en nuestro país en los últimos veinte años. En este sentido, de las 13,646 unidades de vivienda que se ofertaron en el mercado inmobiliario del país en 2024, apenas un 14.7 % estuvieron en un rango de precios menor o igual a 3 millones de pesos, en comparación con el 20.9 % que representaba en 2023 (ONE, 2023).
Considerando que el promedio ponderado del salario mínimo en el país es de 17,874 pesos dominicanos (Ministerio de Trabajo, 2023), y que de los 2,3 millones de trabajadores registrados en la seguridad social, un 49.59 % gana entre 15,000 y 30,000 DOP (SDSS, 2024), esto implica que al promedio de la población le tomaría ahorrar más de la mitad de su vida laboral para poder comprar una vivienda. Esto claro, asumiendo que los precios no suban y sin considerar su ubicación, ya que el costo de la vivienda en zonas urbanas y turísticas es significativamente más alto. Por ejemplo, en 2024 el precio promedio del metro cuadrado en el área metropolitana de Santo Domingo fue de 74,880 pesos, mientras que en el Distrito Nacional fue de 127,773 pesos.
Paralelamente, hemos ido perdiendo gradualmente el acceso a las playas y costas de nuestro país. Ya sea porque no cuentan con acceso público y/o porque han sido completamente bordeadas por un complejo turístico que impone limitaciones arbitrarias y no reguladas por ninguna institución pública. Esta situación ha sido denunciada en múltiples sentencias del Tribunal Constitucional, y, aun así, este derecho se mantiene en un limbo normativo que solo contribuye al conflicto entre los desarrollos turísticos y la ciudadanía, generalmente en detrimento de este último. Esto pudiera sonar como algo trivial, y para algunos hasta necesario, dada la “falta de costumbre” del dominicano, pero la realidad es que eventualmente nos enfrentaremos a la situación de que las mejores playas del país sean para el disfrute exclusivo de turistas extranjeros y algunos dominicanos privilegiados. No solo esto, también muchos desarrollos turísticos ya han eliminado y continúan destruyendo ecosistemas costeros y marítimos claves, como los manglares y los arrecifes, que protegen a nuestras costas de la erosión y las tormentas, nos proveen de pesca, y ni mencionar su papel en la gestión del cambio climático.
Todo esto nos lleva preguntarnos, ¿dónde estaban las autoridades responsables? Que hicieron en la década en que Puerto Rico tenía que hacer reformas estructurales para prevenir la crisis fiscal de 2014, y la posterior imposición de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica (PROMESA) en 2016.
De nuevo, quizás en nuestra buena racha de crecimiento económico se nos haga difícil vernos reflejados en esta situación, pero es importante reflexionar, por ejemplo, sobre las implicaciones que tendrá la postergación indefinida de la reforma fiscal. Tengamos en cuenta que, en 2014, durante el pico de su crisis fiscal, la deuda pública de Puerto Rico representaba un 54.5 % de su PIB. Mientras que para nosotros, en 2024, la deuda pública de República Dominicana representó un 59.2 %. Por esto, urge mejorar el gasto público más allá de lo superficial, no basta con eliminar instituciones si esto no se traduce en servicios y procesos que ayuden a mejorar la productividad de la economía y el bienestar de la población. Inclusive, es incongruente que mientras el Poder Ejecutivo esté fusionando instituciones para eficientizar el gasto público, el Legislativo este creando nuevas demarcaciones territoriales (municipios y distritos municipales) y manteniendo sus privilegios (barrilito/cofresito y exoneraciones).
Quizás las características que llevaron a Puerto Rico a caer en la situación por la que atraviesan sean exclusivas y muy particulares de este territorio, pero eso no implica que no guarde lecciones importantes para nosotros. Como dice el refrán: “Cuando veas la barba de tu vecino arder, pon la tuya en remojo”, ósea que no hace falta que lleguemos al borde de lo que está ocurriendo allá para evitar que ocurra aquí. Necesitamos retomar la conversación sobre la reforma fiscal, como un compromiso en el que TODOS tendremos que “sacrificar” nuestra parte para lograr la sostenibilidad de nuestro desarrollo económico. Con esto resuelto, el Estado debe abogar por asegurar el acceso a la vivienda para todos, ya sea a través de la ampliación de los bonos para la primera vivienda o mediante la participación directa a través de proyectos inmobiliarios (principalmente en los centros urbanos). Por último, necesitamos una estrategia turística más inclusiva que valore la calidad y diversidad sobre la cantidad, que no limite el acceso a nuestros recursos naturales que por derecho son públicos, y que tampoco destruya los ecosistemas costeros y marítimos en los cuales depende nuestra sostenibilidad.
Solidaridad de este lado del canal con Borinquen en estos momentos difíciles, y gracias Bad Bunny por darnos la oportunidad de vernos reflejados en su ejemplo.
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